La lucha por la libertad de lxs presxs políticos es una demanda que ha cobrado renovada centralidad a partir del escenario político que surge de las elecciones del pasado 15 y 16 de mayo, con el rechazo que, en líneas generales, se manifestó allí hacia “los partidos de los 30 años”. Estamos frente a una demanda popular en la comprensión generalizada de que la instrumentalización del sistema punitivo con fines de disciplinamiento político ha sido un recurso del terrorismo de Estado, que se ha acentuado a partir de la rebelión del pueblo chileno iniciada el 18 de octubre del 2019.

Frente al negacionismo cínico del gobierno, la existencia de una política deliberada de persecución con el Código Penal en la mano a quienes se organizan y luchan ha quedado demostrada en los hechos y hoy incluso la centroizquierda funcional a Sebastián Piñera de manera oportunista levanta el reclamo de la liberación de cientos de detenidxs. En este sentido y no en otro hay que interpretar el avance en el trámite legislativo del proyecto de ley que plantea el indulto general. La presidenta del Senado y una de las firmantes de la referida iniciativa parlamentaria, Yazna Provoste, se encarga de aclarar que “en el proyecto de ley nunca hemos señalado que son presos políticos”.

Quienes recurren a tecnicismos leguleyos para negar la condición de presxs políticxs de cientos de luchadorxs encarceladxs no pueden explicar la injustificada y por lo tanto abusiva prisión preventiva que deben padecer hace prácticamente un año y medio personas que no tienen antecedente penal alguno y cuando no existe peligro de fuga considerando que las fronteras están cerradas. Por si alguna duda cabe, basta con considerar además que el propio Estado se ha constituido en querellante en más de 100 causas contra manifestantes y que se ha utilizado recurrentemente en estos procesos la Ley de Seguridad del Estado (LSE) que nace con la finalidad de perseguir a la disidencia política interna.

La convención no puede sesionar con presxs políticxs

El proceso constituyente en curso surge de la cocina entre oficialismo y oposición mientras se desataba una brutal represión contra el pueblo que se manifestaba en las calles, con heridxs graves y muertos en manos de carabineros. El contexto represivo se agravó desde entonces. Al toque de queda impuesto con la excusa de la situación sanitaria, hay que sumarle el hecho de que los pacos (carabineros) cuentan con mayores facultades y presupuesto y con la impunidad que le garantiza el poder político y la justicia para seguir violando los derechos humanos. Las organizaciones y coordinadoras de familiares y víctimas de la represión estatal han señalado desde el principio la incompatibilidad de la discusión de una nueva constitución que pretende terminar con el legado de Pinochet con la existencia de un régimen en que los principales resortes del Estado y de las palancas de la economía están en manos de la clase capitalista.

Así las cosas, la convención constituyente, que es presentada como un hito en la deliberación democrática en la historia del país, coexiste con la vulneración sistemática de derechos humanos y con cientos de presxs políticxs. El contrasentido es absoluto y por ello, un grupo de convencionales electos, principalmente de sectores independientes ligados a organizaciones y asambleas surgidas al calor de la rebelión popular de octubre, se hicieron eco de los reclamos de dichas organizaciones y se han pronunciado en el sentido de que la convención no puede sesionar con luchadorxs encarceladxs. Sin embargo, se trata de una posición que va a chocar con la resistencia de sectores políticos conservadores que anidan en la Constituyente, por lo que solo podrá ser impuesta a través de la movilización popular. Tenemos que organizar la lucha por conquistar la libertad de nuestrxs compañerxs perseguidxs por luchar, por la disolución de Carabineros y para que ellos y sus mandantes políticos paguen por sus crímenes. Una victoria en este terreno sería, sin lugar a dudas, un poderoso factor de estímulo para impulsar una lucha general dirigida poner fin al orden político y social reinante estos “30 años” y proceder a una transformación integral del país sobre nuevas bases sociales.