Las y los pescadores artesanales se levantaron en protestas desde la semana pasada en los puertos más importantes del país, protagonizando jornadas de lucha con barricadas, movilizaciones al Congreso y bloqueos a las grandes embarcaciones de las pesqueras industriales. El contexto es la discusión del proyecto de Ley de Fraccionamiento en el Senado, esto es, la norma que determina las cuotas de captura de la pesca artesanal e industrial y que ha sufrido un cambio en detrimento de la cuota artesanal establecida en la Cámara de Diputados, por lo que las protestas buscan que se vuelva a la versión original que cambia el fraccionamiento en 18 pesquerías (cuotas de pesca en las distintas especies), reduciendo las actuales cuotas de captura vigentes del sector industrial y aumentando las del sector artesanal, entre las que se encuentran la anchoveta, la sardina común, la merluza común y la jibia.

La norma que se discute reemplazaría la nefasta Ley Longueira sancionada en el 2012 (en referencia a Pablo Longueira, ministro de Economía en aquel entonces, que jugó un rol clave en la aprobación de la ley que se busca dejar atrás) y sigue vigente actualmente pese a que quedó probado su vicio de origen, ya que los votos para su sanción se consiguieron mediante coimas. La industria pesquera compró una ley que le garantiza hasta hoy una cuota superior lo cual no sólo afectó gravemente a las familias de la pesca artesanal, sino que significó la legalización de la destrucción sistemática de los fondos marinos.

Las familias de la pesca artesanal que se encuentran protestando denuncian no sólo la modificación de las cuotas sancionadas en Diputados sino la dilación en el tratamiento en las comisiones del Senado, lo que acrecienta la desconfianza de que se trate de una maniobra a partir del lobby de la industria pesquera: “Esperamos que avance rápidamente el proyecto en el Senado, pero hay un sector de los parlamentarios que se está oponiendo a legislar, porque están protegiendo los privilegios instaurados por la ley corrupta. Están defendiendo los derechos de algunos personajes”, declaró públicamente Hernán Cortés, presidente del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp). Lejos de desgastar el ánimo de lucha con el retraso en el tratamiento en comisión, las protestas se han mantenido. El dirigente advirtió que las movilizaciones recién están comenzando y que “la pesca artesanal está dispuesta a hacer todo lo que esté a su alcance para hacer escuchar su voz porque es una voz que habla de legitimidad y de echar abajo los privilegios otorgados por la corrupción de unos pocos”.

La respuesta del Estado ante el recrudecimiento del conflicto ha sido la de siempre, una brutal represión a manos de Carabineros y la armada por la que resultaron heridos, incluso en el rostro, varios pescadores participantes de las acciones de protesta.

Los próximos días serán determinantes y lo que está en juego es mucho para estas familias que, de generación en generación, se dedican por entero a la pesca. “Para nosotras es catastrófico porque somos todos una familia en la caleta, entonces no le afecta solo al pescador ni al que va al mar, también me afecta a mí, porque yo soy mamá, tía, hermana, abuela, suegra del pescador. Soy trabajadora de la caleta, vivo de la mar, vivo de si el pescador trae o no trae pescado, si lo pilló o no lo pilló”, dice Maritza Carretero Fernández, presidenta de la Agrupación de Encarnadoras y Charqueadoras de Caleta Portales del puerto de Valparaíso.

Sin embargo, la sanción de un nuevo marco normativo favorable a los reclamos de los pescadores artesanales también es trascendental para todo el pueblo trabajador chileno pues implica un golpe a los intereses empresariales espurios detrás de la ley vigente. La lucha de las familias de la pesca artesanal debe empalmar con las demandas de las y los trabajadores de la industria pesquera y los sectores que defienden el medio ambiente. 

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