El viernes, en la explanada del centro de justicia, familiares de asesinadxs por el accionar represivo del Estado chileno en ocasión de la rebelión popular iniciada el 18 de octubre del 2019, se concentraron para exigir al estado que se avance en la investigación para lograr verdad y justicia en las más de 40 muertes de luchadores en manos de las fuerzas policiales y militares.

Lxs manifestantes nucleados en la Agrupación de Familiares y Amigos de Asesinados en el Estallido -AFAAE- exigen saber la verdad sobre las circunstancias en que se produjeron los asesinatos ya que en la mayoría de ellos está probado que se han orquestado montajes por parte de carabineros. Hasta el día de hoy el Estado no ha brindado ningún tipo de explicación sobre los cuerpos que aparecían quemados y los “suicidados” en comisarías. En relación a los responsables materiales, en los pocos casos donde están identificados, la justicia no ha avanzado en decretar la prisión preventiva y, lo que reviste mayor gravedad, siguen en funciones. Ello en contraste con lo que ocurre con los presos políticos, cientos de luchadores perseguidos por el sistema penal desde el primer momento, algunos de ellos ya condenados

Así las cosas, el poder judicial chileno se ha convertido en una pieza clave del armado de impunidad de la que gozan las fuerzas represivas, en particular los altos mandos y, por supuesto, los responsables políticos de los asesinatos, torturas, violaciones y mutilaciones que se llevaron adelante contra chilenas y chilenos que protagonizaron las multitudinarias jornadas de protesta desde el 18O.

En la ocasión, familiares y allegados de las víctimas remarcaron que, lejos de ser algo del pasado reciente, en Chile el Estado sigue violando los derechos humanos. Es que la respuesta del gobierno de Piñera a los reclamos populares frente a la desocupación, la pobreza y el hambre, situación que se agravó con la pandemia, fue llevar adelante una política de reforzamiento del aparato represivo que despliega criminalmente contra el pueblo chileno. En esa política se enmarca la ampliación de facultades y aumento del presupuesto destinado a carabineros, fuerza harto denunciada no solo por las violaciones a los derechos humanos perpetradas a diario sino además por los escándalos de corrupción en su seno.

Tanto el gobierno como la “oposición” que prestó sus recursos políticos para sostener en el poder a un Piñera jaqueado por las movilizaciones masivas de las y los trabajadores, no pueden prescindir de las fuerzas represivas en la medida de que constituyen un pilar de éste régimen social de explotación del que éstos sectores políticos son tributarios. No se puede cambiar esta naturaleza con meras reformas cosméticas, se impone el reclamo por la disolución las fuerzas militares y policiales asesinas.

Verdad y Justicia por lxs asesinadxs en el estallido. Esta no es solo una lucha de las víctimas de la represión. Las organizaciones obreras y populares y los partidos que se reclaman democráticos y/o de izquierda deben sumarse a esta movilización para que se convierta en un reclamo de todo el pueblo trabajador. Juicio y Castigo de los represores y sus mandantes. Cárcel a los asesinos del pueblo. Libertad a lxspresxs políticos. Abajo la represión contra el pueblo mapuche. Fuera Piñera. Asamblea Constituyente Libre y Soberana.