La rebelión chilena conmueve a Latinoamérica. Pese a la represión y el estado de emergencia, cerca de 100 mil personas se movilizaron el lunes en Santiago y otras decenas de miles lo hicieron en otras ciudades del país. También se movilizaron y pararon los portuarios.

La rebelión cuenta con varios afluentes: una enérgica juventud que desafía el toque de queda y confronta con las fuerzas de seguridad; capas medias que protagonizan “cacerolazos”; y un movimiento obrero que empezó a tallar en la rebelión con los paros de portuarios y mineros de Escondida y va al paro general el miércoles.

La “guerra” de Piñera contra el pueblo sublevado ya se ha cobrado al menos 17 muertos, algunos de ellos durante saqueos a comercios y otros fusilados por las fuerzas de seguridad. Hay más de 600 heridos y 2 mil detenidos. Organizaciones de Derechos Humanos denuncian vejaciones y violencia sexual contra detenidas (Crónica, 22/10). Mostrando el nerviosismo de la clase dominante, se filtró una conversación de Cecilia Morel, la pareja del acaudalado primer mandatario, comparando el levantamiento con una “invasión alienígena”.

El aumento del boleto del subte –en el que Piñera ya debió retroceder- ha sido el detonante de un levantamiento que cuestiona al régimen político heredado del pinochetismo. “El alza del pasaje fue solo la punta del iceberg. Tenemos problemas para subsistir, encarecimiento del acceso a la vivienda, suba de la bencina (combustible), la luz y los alquileres en los últimos dos años”, según el testimonio de un manifestante (Clarín, 22/10).

Ese régimen político, que alternó en el poder a la derecha y a la Concertación (Democracia Cristiana y Partido Socialista), fue horadado por la movilización popular a lo largo de los años. En 2006, el “pingüinazo” de los estudiantes secundarios enfrentó la privatización educativa. En 2011, otra vez el movimiento estudiantil protagonizó una gesta en defensa del derecho a estudiar. En 2016, cientos de miles ganaron las calles por el fin al régimen de las AFP que llevó al grueso de los jubilados a haberes de miseria.

Hoy, ese régimen es cuestionado de conjunto.

El miércoles arranca el paro convocado por la CUT y otras organizaciones gremiales, con el apoyo del movimiento estudiantil. Se trata de un paro activo, con movilizaciones en todo el país. El jueves habrá nuevas marchas, cacerolazos y asambleas de base. El paro reclama la derogación del estado de emergencia y exige la renuncia de Piñera. También exige el retiro de las reformas antiobreras del parlamento. El límite es que el espacio convocante (Unidad Social) se coloca como pata de presión de la oposición patronal. “Hacemos un llamado categórico a la oposición y progresismo a que de una vez recojan y legislen considerando las demandas populares”, dice uno de sus textos.

Este espacio, ante la magnitud de las movilizaciones del lunes, debió convertir un paro inicialmente sin movilizaciones en un paro activo. Es decir, que la CUT busca reposicionarse ante la profundidad de la rebelión.

La trampa del “diálogo”

Ante la dificultad de detener el levantamiento por medio de la pura fuerza bruta, Piñera ha emprendido el llamado a un “diálogo social” vía conversaciones con jefes de otros partidos de la coalición de gobierno y de la oposición. Baraja, inclusive, la posibilidad de un recambio de gabinete.

Un senador del oficialista Renovación Nacional, Felipe Alessandri, plantea como variante un “gabinete de unidad” que incluya fuerzas políticas opositoras (La Tercera, 22/10).

La oposición patronal comparte este espíritu de “normalización”. La Democracia Cristiana, el PPD y el Partido Radical aceptaron el llamado presidencial. El Partido Socialista no asistió para no incinerarse políticamente, dado el descrédito de Piñera, pero su línea es la de desactivar la movilización y colocar al parlamento en el centro de la situación. “La Cámara tiene que jugar un rol porque allí están todas las fuerzas políticas (…) Hay que avanzar a un nuevo pacto social e institucional que no puede ser solo una discusión en el gobierno y en el congreso, sino [que] tiene que ser un debate que incluya a los actores sociales” (ídem), sostuvo el senador Marcelo Díaz (PS).

Más a la izquierda del espectro político, la máxima dirigente del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, ha reclamado públicamente a Piñera ser convocada al diálogo. Su fuerza ha presentado un documento político que, si bien plantea el levantamiento del estado de emergencia y el castigo a los responsables de la represión, se orienta por “construir salidas pacíficas al conflicto sociopolítico en nuestro país y traducir la masiva movilización ciudadana en mejoras concretas en la calidad de vida de las personas”. En función de ello, plantea un aumento de emergencia de jubilaciones, eximir a los jubilados del pago del transporte público, aumentar el salario mínimo, etc. En medio de la gigantesca crisis chilena, el FA centró su intervención el lunes en un planteo de rebaja de la dieta de los parlamentarios. Se elude, de este modo, el planteo fundamental de echar al gobierno represor por medio de la movilización popular.

El PC ha anunciado que no concurrirá a ningún diálogo en tanto se mantenga el estado de emergencia. Algunos de sus dirigentes han planteado que se vaya Piñera, pero esas sentencias se licúan detrás de la agenda legislativa. La diputada Karol Cariola Oliva, por ejemplo, señala en un tuit que el proyecto de reducción laboral a 40 hs “ayuda a descomprimir la situación actual y dar una noticia de justicia a la gente”. El tratamiento de esta ley el martes en el Congreso se vio frustrado por la retirada de diputados del oficialismo.

El presidente subrogante del Partido Progresista de Chile, Ricardo Godoy, declaró por su parte que “nosotros venimos a reiterar el llamado a la Oposición y –especialmente- al gobierno, a que escuche el llamado que estamos haciendo como Unidad para el Cambio [bloque que integra el PC junto al Partido Progresista y la Federación Regionalista Verde Social], y a los actores políticos sociales, a la más amplia unidad para una agenda corta, para que haga efectiva la transformación que está demandando la ciudadanía en materia de justicia y de dignidad de vida” (El Siglo, 21/10).

Es también en este contexto institucional que estas fuerzas colocan el planteo de asamblea constituyente. Pero no hay asamblea constituyente posible en la actual crisis, si no es soberana, y para ello hay que echar -como se clama en las movilizaciones- a Piñera.

Para ello hay que profundizar la movilización popular. Que el paro del miércoles sea el puntapié de la huelga general. Por un gobierno de trabajadores. Comités de huelga fabriles, sindicales, zonales: impulsar coordinadoras y congresos de bases del movimiento obrero y sectores en lucha.