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La lucha comenzó en mayo, con manifestaciones estudiantiles, ocupaciones de liceos y universidades y huelgas de profesores y maestros, y desde entonces no se ha detenido. Los docentes y los “pingüinos” (secundarios), esta vez con el respaldo de los universitarios, están movilizados para impedir la aprobación de la Ley General de Educación (LGE) enviada por la presidenta Bachelet al congreso. La represión, que incluyó el encarcelamiento de cientos de estudiantes y el desalojo por la fuerza de los liceos ocupados, no ha hecho decaer la movilización.

La LGE viene a reemplazar a la ley de educación pinochetista (Loce); la derogación de la LOCE fue una de las promesas que debió hacer Bachelet para lograr el levantamiento de la gran movilización estudiantil de 2006. Pero la LGE mantiene en vigencia los dos pilares de la ley pinochestista (y de la destrucción de la educación pública): la promoción de la educación privada y la municipalización de la educación pública. Como denuncia el Colegio de Profesores, que reúne a los docentes de enseñanza básica y media, “el lucro sigue siendo el motor del sistema” y se mantiene “la segregación de escuelas ricas y escuelas pobres y, también, de comunas ricas y comunas pobres” (El País, 30/6).

La ley fue aprobada ya por los diputados. Su trámite en el Congreso deja en claro la crisis de la Concertación. La coalición gobernante carece de mayoría, luego del abandono de la Concertación por parte de varios diputados de la DC y del PPD. La izquierda de la Concertación rechazó el proyecto original del gobierno y reclamó numerosas modificaciones en defensa de la educación pública.

Pero, para que el proyecto fuera aprobado, el gobierno debió rechazar estas modificaciones y negociar un texto común con los partidos de la derecha, lo que ha reforzado las características privatistas y contrarias a la educación pública del proyecto original. En otras palabras, la Concertación es un rehén parlamentario de la derecha.

El día que la ley ingresó en el Senado, hubo marchas y jornadas en diversos puntos de Chile. El sindicato docente anunció una huelga contra la ley y por la renuncia de la ministra de educación, Mónica Jiménez. Los estudiantes anunciaron nuevas movilizaciones y ocupaciones de liceos.

El gobierno ya anunció que, como es su regla, recurrirá a la represión contra las movilizaciones estudiantiles.