La Cámara de Diputados chilena aprobó a fines de marzo una norma que crea un royalty a la minería y el litio, es decir, una compensación al Estado por la explotación de los recursos, que sería equivalente al 3% del valor nominal de los minerales extraídos. Según el proyecto del legislador Esteban Velásquez, de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), conglomerado que reúne a algunos partidos provinciales. Votaron a favor del texto los legisladores de la centroizquierda y en contra los de la derecha. Como al texto se le hicieron observaciones, deberá volver a comisión. Realizados los cambios, pasaría a ser considerado en el Senado.

El gobierno chileno cuestiona el proyecto y amenaza con impugnar la norma ante el Tribunal Constitucional en caso de que el Senado la apruebe. Aduce que se trata de un nuevo impuesto (algo que niegan sus impulsores), y que la facultad de crear un nuevo tributo corresponde exclusivamente al Poder Ejecutivo. Lo que visualiza el carácter reaccionario de la Constitución pinochetista que entrega al presidente la potestad de crear impuestos en oposición a los atributos del parlamento. En la misma línea de protección de los pulpos mineros, argumenta que se retraería la inversión, e incluso que la minería ya está suficientemente gravada, lo cual veremos que es una gran mentira.

El debate sobre los ingresos por el cobre se reabrió al calor del aumento de los precios internacionales. Estos se habían derrumbado en el comienzo de la pandemia, pero en los últimos meses aumentaron alrededor de un 70%. La libra llegó a cotizarse por encima de los 4 dólares durante algunos días de marzo, y aunque ahora cayó unos centavos, siguen siendo niveles muy superiores incluso a los pronosticados por el propio Estado chileno. Para darse una idea, el presupuesto 2021 se elaboró con una estimación promedio de 2,88 dólares la libra (El Siglo, 21/12/20).

A raíz de este salto, que se explicaría por una combinación de factores (principalmente una mayor demanda china), distintos sectores salieron a reclamar un mayor aporte de las mineras. El cobre representa la mitad de las exportaciones nacionales y Chile es el principal productor del mundo (un tercio de la producción mundial), con casi 6 millones de toneladas anuales (lo sigue Perú). La minería chilena está en un 70% en manos privadas, donde sobresalen grandes compañías como la australiano-británica BHP (propietaria de mina La Escondida, la más grande del país). El porcentaje restante corresponde al Estado, a través de la firma Codelco. Vale señalar que el grueso de los yacimientos se encuentra en una etapa madura de explotación y que las reservas se agotarían a este ritmo en 35 años (El Mostrador, 28/3), lo que exige una mayor exploración para sumar recursos.

El “aporte” de las mineras al país es una burla. Pagan el impuesto a la renta y un impuesto específico a la actividad minera, que se desembolsa de acuerdo a las utilidades operacionales. Este impuesto no ha significado nunca más del 0,3 del PBI (otras actividades de menor peso en la economía, como el tabaco y los combustibles, tienen tributos que recaudan el equivalente al 0,5 y 0,8% del PBI, respectivamente). Hay denuncias de que las empresas inflan los costos para pagar menos. Además, pueden hacer deducciones. Según cifras de una minuta informativa de la Biblioteca del Congreso de la Nación, relevada por el proyecto parlamentario, “la minería privada durante los años 2010 a 2016 alcanzó utilidades por M$ [millones de pesos chilenos] 54.272.476, pagando en el mismo periodo por concepto de impuesto específico a la minería M$2.098.269, y por concepto de impuesto a la renta $M14.691.187, lo que equivale a un 3,8% y un 27% de la utilidad respectivamente”.

El proyecto presentado por el FRVS ha sido fuertemente cuestionado por las empresas, pese a que se trata de una norma muy limitada, que apenas busca acercar a Chile a otros países que ya poseen royaltys. Incluso un funcionario del Banco Mundial, Christopher Sheldon, gerente de la Práctica Global de Energía e Industrias Extractivas, consideró en un reportaje con La Tercera (15/3) que le parecía razonable que se discuta una readecuación de los desembolsos en el marco de la suba de precios, y afirmó que los royalties eran comunes en el mundo. En definitiva, Sheldon tiene claro que se trata de un mecanismo que consagra al Estado como socio residual del gran capital.

Con la recaudación, el proyecto establece la formación de un fondo de desarrollo regional y de proyectos de remediación ambiental. Además, se hizo un añadido para que se financie una renta básica de emergencia ante el Covid-19. El Partido Comunista, por su parte, incorporó un inciso para imponer un royalty adicional del 10% y que a partir de los 4,50 dólares la libra, las empresas deban ceder el 100 por ciento de las rentas por el excedente de dicho precio. Velásquez, el autor de la iniciativa, sumó otro apartado que va en la misma línea.

Que intervengan los trabajadores

Incluso con estos agregados, el proyecto es una aspirina frente a la crisis económica-social. No rompe con la dominación de estos pulpos y la primarización económica del país. Sería necesaria para ello una estatización de la industria bajo control obrero, como parte de un plan económico general discutido por los trabajadores. La Federación de Trabajadores del Cobre planteó la nacionalización en una conferencia de prensa convocada para defender el proyecto, pero evitó hablar de cualquier medida de acción, limitándose a plantear el “ejercer presión constante al gobierno y los partidos que lo integran” (Desconcierto, 26/3).

En el camino hacia la nacionalización, la Fuerza 18 de Octubre propone un plan de impuestos progresivos a la minería y la apertura de los libros de las empresas para conocer sus verdaderos egresos y ganancias, más aún teniendo en cuenta las denuncias de inflación de los costos por parte de las compañías para evadir impuestos. Que el royalty parta del 30% y se eleve progresivamente hasta el 100%, según la evolución de los precios del metal.

Una acción decidida contra estos pulpos capitalistas requiere poner en pie al proletariado minero, incorporando también la lucha por sus reivindicaciones. En el último año, tanto Codelco como los grupos privados han sometido a los trabajadores a despidos, bajos salarios y falta de condiciones de seguridad e higiene (en las minas estatales de Chuquicamata se denunció falta de baños y la formación de grandes aglomeraciones).

En el cuarto trimestre de 2020, se recortaron 1700 puestos de trabajo en la industria, según la Sociedad Nacional de Minería (BnAmericas, 3/2). Las patronales vienen impulsando acuerdos salariales de 0% de aumento por más de dos años, que apenas se disfrazan con bonos o aumento en asignaciones. En la mina estatal Radomiro Tomic, los trabajadores rechazaron en estos días por una pequeña mayoría (263 a 258 votos) un acuerdo de estas características, pero el sindicato no efectivizó la huelga porque la votación no logró la mayoría absoluta de los afiliados. Dos de los cuatro gremios de la División Andina de Codelco rechazaron en asamblea, con el 70% de los votos, adelantar la negociación colectiva, según lo planteado por la patronal, en lo que parece una maniobra para no tener que negociar en medio de precios aún más altos del metal. En la mina Candelaria, los obreros fueron hace pocos meses a la huelga durante más de un mes, en un conflicto que se cerró con un aumento en las asignaciones y un bono por 17 millones de pesos chilenos.

Hay grandes reservas de lucha entre los trabajadores que tienen que ser puestas en marcha, como parte de la batalla por echar al gobierno de Sebastián Piñera e imponer una asamblea constituyente con poder que recupere los recursos del país y avance hacia una reorganización del país sobre otras bases sociales.

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