El deterioro de la situación económica, una serie de escándalos de corrupción que involucraron a su propio nuero, y el empantamiento de algunas reformas, llevaron a Bachelet a consumar un cambio en el Gabinete de ministros que evaluaba desde diciembre pasado. En aquel momento, la aprobación de su gestión había caído -según el Centro de Estudios Públicos- al 38%. Hoy, en el 29%, constituye “el peor registro de evaluación en sus dos períodos en La Moneda” (Página/12, 12/5). Bachelet había ganado el ballotage con el 62% de los votos.

Los cambios ministeriales expresan una voluntad de diálogo político con la derecha. El desembarco del democristiano Jorge Burgos en la cartera de Interior ha sido saludado por el senador de Renovación Nacional Baldo Prokurica, quien caracterizó que “se termina con la retroexcavadora -en referencia a la batería de iniciativas planteadas por el oficialismo a comienzos de su mandato- para abrir un período de diálogo con la opinión pública y la oposición” (La Tercera, 12/5). En un sentido similar, la cartera de Hacienda es asumida por Rodrigo Valdés (PPD) con el propósito de recuperar la confianza de los empresarios.

Con esta reestructuración del gabinete, el Partido Socialista (principal partido de la coalición) pierde dos ministerios y la Democracia Cristiana queda situada en lugares estratégicos, incluyendo el Ministerio de Trabajo (que tiene en carpeta una reforma laboral cuestionada por el movimiento obrero). Bachelet actúa como un árbitro dentro de una alianza que registra fuertes tensiones políticas. La entrega de la cartera de Desarrollo Social al Partido Comunista es una nueva prueba del papel de contención del movimiento popular que ocupa dentro del espacio. En materia de política exterior, la designación del nuevo ministro de Defensa -el radical Juan Antonio Gómez- ha despertado repercusión en Bolivia, cuyos medios destacaron que en 2013 éste se expresó a favor de algún tipo de salida al mar para el país del Altiplano.

Estudiantes

El ministro Nicolás Eyzaguirre fue ratificado al frente del ministerio de Educación, pero la reforma educativa se encuentra en el ojo de la tormenta. En las últimas semanas resurgieron las movilizaciones estudiantiles multitunadiarias: el 16 de abril, más de 150 mil personas convocadas por la Confech, Aces (secundarios) y el Colegio de Profesores marcharon en Santiago contra el lucro en la educación y en repudio a un debate que se realiza a espaldas del movimiento docente-estudiantil. Las protestas se repitieron estos días, con 100 mil personas protestando en Santiago. A fines de 2014, la docencia protagonizó una huelga extraordinaria -por el pase a planta permanente y por el aumento del salario mínimos- que desbordó la capacidad de contención de la conducción comunista.

El rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, ha trazado el siguiente diagnóstico: “hay un ambiente de desconfianza radical de los estudiantes en el sistema, en el Parlamento, en las autoridades, (y) en general” (Página 12, 15/5). Bachelet ha fracasado en su intento de cooptar al movimiento popular. La reforma educativa que presentó se limita a relajar las condiciones de selección de alumnos en los colegios, plantear la conversión -en un plazo de tres años- de los colegios subvencionados (que abarcan al 52% de los alumnos chilenos) en entidades sin fines de lucro y un “fin (progresivo) del financiamiento compartido” entre el Estado y las familias (copago). No tiene el propósito de una educación pública, gratuita y de calidad, como reclama el movimiento docente-estudiantil desde 2011, sino que apunta al salvataje estatal de un negocio que entra en crisis como resultado de que las familias ya no pueden afrontar los costos prohibitivos de los estudios. Las protestas pueden recrudecer el 21 de mayo, cuando Bachelet deba presentarse ante el parlamento para la rendición anual de cuentas de su mandato.

Crimen

En el marco de la última jornada nacional de protestas, dos estudiantes fueron fusilados en Valparaíso por el dueño de una vivienda, cuyo frente estaba siendo pintado con aerosol. La conmoción popular derivó en la aprehensión del asesino, pero el Estado busca diluir su responsabilidad política como promotor de un clima de animosidad contra los luchadores, y como enemigo de la movilización popular -por medio de la represión sistemática de Carabineros.