La Justicia chilena condenó a siete ex carabineros y un abogado por el asesinato del referente mapuche Camilo Catrillanca, en 2018. Mientras trabajaba en su campo de Temucuicui (región de Araucanía), se llevó a cabo un operativo policial, sin previo aviso ni voz de mando, que terminó con su vida.

En el juicio, se declaró al agente Carlos Alarcón como culpable del homicidio y a los demás como partícipes necesarios, obstrucción a la investigación, falsificaciones declaratorias y disparos injustificados. Esto último refuta la teoría del ataque a Catrillanca como defensa carabinera en un enfrentamiento, lo que habían declarado los imputados.

Marcelo Catrillanca, padre de Camilo, señaló los fuertes límites de la condena, dado que solo alcanza a los agentes rasos, sin tocar a los altos mandos involucrados. Cabe señalar también que la hija de siete años de Camilo, fue detenida durante tres horas por la Policía de Investigaciones (PDI) en Temucuicui, cuando se dirigía con sus familiares a escuchar la sentencia. Esto motivó una denuncia de la Defensoría de la Niñez por “detención ilegal”.

En su momento, el crimen de Catrillanca conmocionó al país y principalmente a las comunidades mapuches lindantes. El intendente de la Araucanía, Luis Mayol, tuvo que renunciar inmediatamente, luego de decir que Camilo era un ladrón de autos. También se destituyó al jefe de Carabineros, Hermes Soto, designado por el propio Sebastián Piñera, nueve meses antes.

Pero estas resoluciones no fueron un gesto bondadoso del gobierno, sino producto de la lucha mapuche.

El Estado chileno continúa atropellando a las comunidades indígenas. El mismo día de este fallo, se allanaron los territorios indígenas de wallmapu, en busca de “narcoterroristas” que estarían allí escondidos. El “operativo policial” se pareció bastante a un “operativo de guerra”, que contó con más de 800 efectivos y dos helicópteros. Además, la semana pasada, blindados y topadoras desalojaron a la comunidad Txen Txen Mawida, para regalarle esos terrenos a un sector empresarial de la comuna de Victoria.

Se trata del mismo Estado que reprimió de manera criminal la rebelión popular que estalló en 2019, con varios muertos, cientos de manifestantes víctimas de pérdidas oculares por el disparo a los ojos por parte de Carabineros, y con miles de detenidos, muchos de los cuales siguen siendo presos políticos.

Es necesario seguir luchando para echar al gobierno de Sebastián Piñera.

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