El 1° de marzo es la fecha que el gobierno de Sebastián Piñera fijó, hace meses y de manera unilateral, para el retorno a las clases presenciales. Sin considerar la situación sanitaria, las condiciones de las escuelas y colegios, ni la opinión de los afectados directos, es decir, las familias y el conjunto de lxs trabajadores de la educación. Aunque las autoridades hablan de un regreso gradual y voluntario, estamos en realidad ante una imposición que expone al contagio a la mayoría de las familias trabajadoras. La decisión está tomada al margen de las consideraciones de lxs afectadxs directos, quienes son además los que vienen denunciando el precario estado de los establecimientos educativos producto de décadas de desfinanciamiento. Lo cierto es que la pandemia, como ocurre con el sistema de salud, expuso con mayor crudeza el estado real de los jardines, escuelas y liceos públicos: falta de personal de aseo, hacinamiento en las aulas, trabajadorxs de la educación precarizados. El plan “Yo confío en mi escuela”, anunciado meses atrás por el ministro Raúl Figueroa, contempla un presupuesto de 13 mil millones de pesos para adecuar las estructuras edilicias a los protocolos. Estamos hablando de una gota en un desierto que no solo es insuficiente sino también tardía, muy lejos de lo que el Estado invierte en materia represiva.

Vuelta a la “normalidad” a costa de la vida y los derechos de clase trabajadora

Para el gobierno de Piñera la imposición de las clases presenciales constituye un paso más de cara a la vuelta a la “normalidad” que pretende exhibir en el año electoral. En este marco tienen lugar los ataques y descalificaciones al conjunto de la docencia, a través de declaraciones públicas de Piñera y de los ministros de educación, salud y economía. Este último, Lucas Palacios, fue el que llevó más lejos las agresiones a las y los docentes declarando que “los profesores buscan cualquier excusa para no trabajar” y que “buscan la quinta pata del gato”, lo que motivó la presentación formal del pedido de renuncia de Palacios por parte del Colegio de Profesores. Al coro de los que pretenden precipitar la presencialidad a toda costa se sumó una voz “progresista”, la defensora de la niñez Patricia Muñoz.

Las declaraciones provocadoras del ministro desconocen y menosprecian la labor que han llevado adelante docentes para sostener la virtualidad, la que también fue impuesta sin condiciones ni recursos, y que dejó a docentes, alumnxs y padres en el absoluto abandono, sin que el Estado garantice lo mínimo necesario para la conectividad. La brecha educativa entre los sectores populares y los que pueden acceder a la educación privada no empezó con la pandemia, sino que es el resultado de décadas de desmantelamiento del sistema de educación público en beneficio de los sectores que lucran con la educación. Ni la brecha ni la deserción -esgrimidas como las razones para forzar el retorno inmediato a la presencialidad sin condiciones- son responsabilidad de las y los docentes, sino de los distintos gobiernos que llevaron a cabo las políticas privatistas en la educación.

Docentes, estudiantes y apoderadxs contra la presencialidad sin condiciones

Conscientes de la falta de condiciones para el retorno seguro es que, tanto del sector docente, como estudiantes y madres, padres y apoderados han salido a manifestar su rechazo al regreso forzado a las clases presenciales. Las encuestas que se dieron a conocer por estos días, dan que el 65% de padres condiciona el retorno de sus hijxs a la escuela a que se encuentren vacunados y sólo el 19% cree que el gobierno está llevando adelante tareas de reacondicionamiento de los establecimientos. El sector docente, a través del Colegio de Profesores acudió a la reunión del “Consejo Asesor Paso a Paso Abramos las Escuelas” del Ministerio de Educación para manifestar las condiciones que considera necesario que se cumplan para que pueda darse clases en la modalidad presencial. Son 9 puntos entre los que se encuentran la vacunación de los integrantes de la comunidad educativa, la resolución del problema que representa el transporte, personal de aseo, control y fiscalización del cumplimiento de los protocolos, etc. Ahora, el Colegio de Profesores ha constituido junto al Colegio médico un comité conjunto que evaluaría las condiciones en cada comuna y establecimiento.

En cuanto a lxs estudiantes, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), mediante una declaración pública manifestó: “Las comunidades educativas sabemos que por décadas los establecimientos educacionales han tenido infraestructuras precarias, míseros recursos y malas administraciones que han perpetuado la segregación educativa. Estas problemáticas no permiten de ninguna forma nuestro regreso a clases… los profesores tienen razón, no hay condiciones para la vuelta a clases en este trimestre”. Oponiéndole a la vuelta a clases la necesidad de volver a las calles, la ACES convoca a una asamblea para el viernes 26.

Es necesario impulsar el no inicio y un plan de lucha conjunto de trabajadores de la educación y estudiantes contra la presencialidad sin condiciones.