La investigación del grupo de periodistas que conforman el Consorcio Internacional de Periodistas generó un escándalo de proporciones al poner luz sobre los enormes, fraudulentos e ilegales negociados de empresarios, políticos y grandes personalidades del mundo. El capítulo chileno de la investigación periodística involucra directamente al presidente Sebastián Piñera, revelando los pormenores de la venta del proyecto minero-portuario “La Dominga”, uno de sus negocios más cuestionados por las consecuencias nefastas en el ecosistema de la región donde se lo pretende emplazar y porque se trata de un caso paradigmático de “conflicto de intereses” por su doble condición de presidente y empresario aunque, según la información dada a conocer, calificarlo así es un mero eufemismo.

Resulta que, conforme la investigación publicada, la venta del paquete accionario del proyecto “Dominga” por parte de la familia Piñera-Morel a un íntimo amigo, el empresario Carlos Délano del grupo Penta, se llevó a cabo en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas. Es decir, en principio estamos hablando de una operatoria millonaria con la finalidad de evadir impuestos llevada a cabo por el primer mandatario del país. Pero la cosa no termina ahí ya que la revelación periodística da cuenta de que las cláusulas del contrato condicionaban el pago de la tercera cuota de la venta al compromiso por parte del vendedor (o sea, Piñera) a que el lugar donde se planteaba la instalación de la mina y el puerto no fuera declarado zona protegida como lo reclamaban ambientalistas y habitantes del lugar por tratarse de un ecosistema único por la flora y fauna que alberga. Como se ve no hay un simple conflicto de intereses sino un acto delictual flagrante contra los intereses de las y los chilenos en aras de un millonario negocio de la familia presidencial. El propio Piñera como presidente se encargó de despejar los obstáculos que se presentaban para SU proyecto “Dominga” poniendo fin a la termoeléctrica Barrancones que contaba con la aprobación para instalarse en la zona pretendida para su negociado.

Escándalo y crisis política

La investigación periodística provocó una crisis política que se acrecienta con el transcurrir de las horas. Con el objetivo de contener la situación, Piñera intentó en una conferencia de prensa bajarle el perfil a la denuncia, utilizando como argumento en su defensa la “investigación” que la justicia realizó de la operación años atrás, como si la intervención del Poder Judicial fuera garantía de algo más que impunidad para los poderosos. Sin embargo, las explicaciones no convencen a nadie y parlamentarixs oficialistas y el propio candidato a presidente por la coalición oficial, Sebastián Sichel, han salido a delimitarse ante el escándalo.

El golpe que significa la información publicada para el oficialismo se da en un momento de gran debilidad por la derrota política que implicó la sanción en Diputados del proyecto del cuarto retiro de fondos de los fondos de pensión. Como en los retiros anteriores, el gobierno se ha jugado todos los recursos políticos a su alcance para evitar que avance la aprobación de un nuevo retiro de los fondos previsionales y, pese a que el propio candidato Sichel pretendió ordenar las filas en el bloque de diputados, la derecha votó en forma dividida nuevamente, con lo cual prestó los votos necesarios para que el proyecto pase en la cámara. Así, el cuarto retiro y la crisis migratoria provocada por la política de negación de derechos elementales a quienes llegan a Chile empujados por la miseria que viven en sus países, han puesto en peligro las chances de la carta presidencial del gobierno de pasar a segunda vuelta, cediendo terreno al ultraderechista José Antonio Kast que ya se ubica en segundo lugar en las preferencias.

Sin embargo, los problemas no los tiene solo el gobierno ya que el “Piñera Papers” hace tambalear la transición ordenada que interesa a los planes de la oposición cómplice. Como en otros momentos de gran debilidad de la coalición gobernante, desde los sectores “opositores” han anunciado una posible acusación constitucional: la carta de siempre con la que buscan parlamentarizar la crisis.

¡Más que nunca, fuera Piñera!

La acusación constitucional es un callejón sin salida para la clase trabajadora, víctima del gobierno criminal de Piñera. No podemos permitir que su continuidad se juegue en la cocina parlamentaria -como ya ocurrió el 15 de noviembre del 2019- donde la oposición funcional lo ha salvado siempre. La salida del gobierno y el fin de este régimen político corrupto hasta la médula plantea la irrupción masiva y protagónica de las y los trabajadores, la juventud y la población en el escenario político. Es necesario que las centrales obreras y los sindicatos se pongan al frente de esta batalla y organizar un plan de lucha nacional huelguístico. No podemos esperar más, el medioambiente y nuestra propia existencia peligra cada minuto que siga al frente un gobierno que en la defensa de sus propios intereses de clase no dudó en declararle la guerra al pueblo.

A poco de cumplirse dos años de la rebelión que protagonizó el pueblo trabajador, volvamos a las calles para que se vaya Piñera y la oposición que oficia como su salvavidas. Por todos nuestros derechos, por una constituyente libre y soberana.

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