Sectores de la derecha, entre ellos partidos integrantes de Chile Vamos como Evópoli y Renovación Nacional, han lanzado una ofensiva política por la instauración del estado de sitio en la denominada macrozona sur del país, en la Araucanía. Finalmente, el presidente Sebastián Piñera anunció que se reforzará el “estado de catástrofe” vigente con patrullajes mixtos, es decir, realizados en forma conjunta por carabineros y militares, con lo cual se avanza abiertamente en una militarización de la zona. No descartó el establecimiento del estado de sitio de todas formas, para enfrentar el “terrorismo” (que se habría manifestado con atentados incendiarios a fundos, casas y camiones en dicha región).

Ante la escalada de la crisis, que generó cuestionamientos desde su propia coalición y la oposición, el gobierno pretende contenerla con una fórmula recurrente ante situaciones de esta magnitud: un llamado a la unidad de todos los sectores políticos mediante un pacto. En términos concretos, el pacto se traduciría en la sanción del paquete de leyes de estricto contenido represivo reclamado por Piñera (nueva ley antiterrorismo, ley Juan Barrios, ley contra la usurpación de predios, ley anti robo de maderas, etc.) y la eventual aprobación por parte del Congreso del estado de sitio.

La posibilidad de que la oposición centroizquierdista se embarque en un nuevo pacto político con el gobierno, como lo hiciera en numerosas oportunidades en el pasado, no parece inmediata dada la proximidad de la contienda electoral, salvo que el conflicto genere una crisis política de proporciones que ponga en riesgo la transición ordenada en la que se encuentra empeñada desde la rebelión popular de octubre del 2019.

El pueblo mapuche como chivo expiatorio

El pueblo mapuche como chivo expiatorio

Si bien Piñera declaró que hay que diferenciar los recientes hechos del reclamo del pueblo mapuche en torno a la recuperación de tierras ancestrales, la verdad es que en las últimas décadas los gobiernos han asociado intencionalmente la lucha de los pueblos originarios que habitan la región con este tipo de hechos, con el objetivo no solo de deslegitimarla sino de justificar el despliegue represivo en la zona dirigido a criminalizar la resistencia indígena frente a las grandes empresas forestales que controlan vastas extensiones territoriales donde el bosque nativo fue diezmado para reemplazarlo por el monocultivo de pino y eucalipto. El avance de la industria forestal fue fomentado desde el propio Estado con incentivos tributarios que fueron establecidos durante la dictadura y se mantienen vigentes aún.

Lo cierto es que pasan los años y la restitución de sus territorios a la comunidad mapuche sigue pendiente ya que existe una política deliberada por parte del Estado, a través de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), de asignar a cuenta gotas los predios a las distintas comunidades. Por supuesto, que no hablamos de una política de expropiación de las tierras tomadas por los grupos capitalistas, ya que sus intereses están protegidos en los precios que paga el Estado por la adquisición de los predios. Pero aún así, si cabe alguna duda basta con considerar la subejecución del presupuesto 2020 de este organismo destinado a la adquisición de tierras para luego entregarlas a las comunidades indígenas que hayan cumplido con los requisitos exigidos. De los 76.000 millones presupuestados, solo se gastaron 5.800 en adquirir tierras, esto es, un 8% del total. El panorama no mejora para el 2021 porque además hay que tener en cuenta que el presupuesto estipulado ha sido recortado en un 19% respecto del año anterior. Mientras, alrededor de 500 comunidades indígenas, llevan años esperando que el Estado chileno de respuesta a su legítimo reclamo.

Frente a los últimos hechos y la decisión del gobierno de militarizar la región, Héctor Llaitul Catrillanca, vocero y cofundador de la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco (CAM) en declaraciones públicas manifestó “Aún estamos disponibles para conversar, pero con ciertas garantías para el movimiento mapuche autonomista”. Sin embargo, advirtió: “si nos vienen a agredir, tendremos que defendernos y resistir de alguna manera. Esa ha sido una característica de nuestro pueblo. Es una situación que analizamos entre las comunidades, estamos juntándonos, haciendo mucho trawün (asambleas, encuentros), articulando a las fuerzas, llamando a la unidad para la resistencia, en eso estamos nosotros” (Interferencia.cl, 25/2).

El terrorismo es del Estado

Piñera multiplica la presencia policial-militar en la Araucanía, a la vez que reclama un paquete de leyes que pretenden ampliar aún más las facultades de las fuerzas represivas. Pero además de la naturaleza estrictamente represiva de esta política, la oportunidad en que se la plantea completa el cuadro de situación. Resulta que a la larga lista de denuncias de corrupción y violaciones a los derechos humanos que viene acumulando Carabineros, se suma la realizada días atrás por el ex “paco” devenido en empresario, Miguel Toledo, de que Carabineros lleva adelante “autoatentados” para encubrir robo de madera y, a su vez, vender sus servicios de “brindar seguridad” a pequeños y medianos empresarios del sector forestal. Es decir, que el gobierno con sus medidas y todos los sectores políticos que salieron a reclamar la instauración de estado de sitio en la zona, pretenden dejar en manos de la fuerza señalada como la responsable de provocar los incendios para lucrar con la situación que de ello se deriva, la “pacificación” de estas regiones.

Tanto el pueblo mapuche como las y los pobladores de estas regiones pueden dar cuenta del tenor de este tipo de pactos entre las fuerzas políticas del régimen que se tradujeron siempre en un mayor despliegue de las fuerzas del orden, con carta blanca para todo tipo de atropellos y violaciones a los derechos humanos. El asesinato por parte de Carabineros del líder mapuche Camilo Catrillanca es un hito del derrotero represivo del Estado chileno contra los pueblos indígenas.

Organicemos la lucha por el rechazo a la militarización del Wallmapu, la libertad de todxs lxs presxs políticos, la restitución de tierras ancestrales y el respeto irrestricto al derecho a la autodeterminación de los pueblos originarios, la disolución de Carabineros y la salida de Piñera y todos sus secuaces. Iniciamos marzo movilizadxs por todas nuestras demandas, por una verdadera constituyente, es decir, libre y soberana.