El viernes 31 de julio se llevó adelante la cuenta pública anual por parte del gobierno de Sebastián Piñera. La jornada estuvo marcada no sólo por la rendición de cuentas del Ejecutivo frente al país, sino también por fuertes tensiones en las inmediaciones del Congreso y en la región metropolitana: los caceroleos en rechazo a la gestión de Piñera, como era de esperar, no demoraron en comenzar a sonar.

En un fogueado año para el gobierno, la cuenta pública, se refirió principalmente a la reactivación económica del país, el levantamiento paso a paso de las cuarentenas, la necesidad de condenar la violencia, no la ejercida por el Estado claro está, y los llamados a una unidad nacional como lo ha venido haciendo desde el octubre pasado a los que la oposición ha acudido siempre.

Los saldos de la cuenta pública

La misma semana en la que se debía desarrollar la cuenta pública, Piñera anunció un nuevo cambio ministerial y en un afán de recomponer la coalición de Chile Vamos dio la secretaría general de la república a Mario Desbordes, hasta ese momento presidente de Renovación Nacional. La tentativa del gobierno de recomponer la coalición en el poder, tiene como motivo el impasse que generó el debate en torno al retiro del 10% de los fondos de pensiones que terminó crispando los ánimos entre el Ejecutivo y el Congreso. Por otra parte, al igual que lo ha hecho hasta ahora, Piñera se ha blindado siempre en el ministerio del interior con los seguidores más fieles de la dictadura pinochetista, en esta ocasión poniendo a Víctor Pérez, ex diputado de la UDI (Unión Demócrata Independiente) y fiel defensor de la Constitución pinochetista.

La cuenta pública colocó en evidencia la pretensión del gobierno y empalmó directamente con este cambio ministerial. La necesidad de llevar adelante un plan de reactivación económica rápido, el levantamiento de la cuarentena y la pretensión de lograr un acuerdo nacional para condenar todo tipo de insubordinación de las masas, como ha ocurrido en estos días, fueron los principales ejes de su intervención.

El gobierno prepara las condiciones necesarias para un rebrote de contagios con el levantamiento de la cuarentena en importantes regiones, lo que a su vez puede convertirse en la oportunidad para la movilización de las y los trabajadores que ya han advertido la potencialidad de las jornadas de protestas en las semanas previas, tanto en el caso del retiro del 10% de los fondos en manos de las AFP como con el encarcelamiento del violador Martín Pradenas.

El fortalecimiento del aparato represivo y la consolidación de un Estado policial

Desde octubre del año pasado Piñera y su séquito ministerial han llevado adelante un reforzamiento del aparato represivo, no sólo para reprimir la rebelión popular iniciada en octubre pero que sigue dando muestras de su vitalidad, sino para seguir con la tentativa de todos los gobiernos de la Concertación de levantar un cerco en la Araucanía y desplegar un contingente brutal de militares y de policía militar al territorio en “conflicto”.

En mayo, mientras el gobierno adquiría un financiamiento directo del FMI por 12 mil millones de dólares para financiar los subsidios Covid, también utilizaba 10.700 millones de dólares para reforzar el aparato estatal, importando carros lanza-agua y también lanza-gases blindados. Asimismo, bajo el pretexto del control del orden público, ha justificado un asedio constante al territorio de la Araucanía con el fin de amedrentar al pueblo mapuche que en el último tiempo se ha movilizado por la libertad de sus presos políticos y más en especifico por el machi Celestino Córdoba.

Para abril, el anterior ministro del interior Gonzalo Blumel ya había anunciado la disposición de un contingente policial para reforzar el cuerpo de la policía civil altamente militarizada en la zona. Víctor Pérez, a escasos días de asumir su rol como ministro del interior, ha salido en los medios nacionales a declarar que en Chile no hay detenidos políticos. El día sábado por la medianoche un grupo paramilitar, custodiado por carabineros de Chile y en pleno toque de queda, han sido responsables de una fuerte arremetida contra el pueblo mapuche, desalojando la municipalidad de Curacautín que se encontraba tomada por comuneros que reclaman la libertad de todos los presos políticos mapuches.

Detrás de esta arremetida fascistoide por parte de civiles y terratenientes, ha quedado en evidencia la responsabilidad del Estado como el principal cómplice de estos actos. Los discursos de odio por parte de la derecha y el propio Piñera en torno al conflicto en la Araucanía han movilizado a cientos de organizaciones en rechazo del actual ministro del interior. Inclusive durante la cuenta pública, en manifestaciones en rechazo al gobierno en plaza de Ñuñoa militares fueron los responsables de una nueva pérdida ocular.

La izquierda “radical” preparada para transar

Durante el inicio de semana el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, salió en diferentes medios nacionales declarando que una candidatura a la presidencia por parte de los comunistas es una gran carta que se viene para las próximas elecciones. Lejos de ser auspicioso es la demostración de una línea que el PC viene siguiendo desde octubre del año pasado.

La valoración positiva en las encuestas de Daniel Jadue, edil comunista de la comuna de Recoleta, ha disparado entre los columnistas de distintos medios apreciaciones sobre la polarización de la política chilena. Hablan de la desaparición de un centro, e inclusive algunos delirantes plantean la posibilidad de un golpe de la izquierda. La payasada detrás de estas afirmaciones es clara: el carácter inofensivo del PC frente al régimen ha quedado demostrado por su inmovilismo en sus bases sindicales.

El paro ha demostrado, en noviembre y también en julio del presente año, que es el método indicado para conquistar las demandas populares y terminar con el gobierno de Piñera. Aun así y con todos los motivos para llamar a una huelga general, han claudicado y han puesto en cuarentena a la CUT y ahora al Colegio de Profesores, aun cuando el gobierno prepara el retorno a clases a pesar de que se habla de un posible rebrote.

La eventual candidatura del PC ni siquiera se opone al trasfondo político del acuerdo por la paz y el pacto de junio, de hecho es todo lo contrario. Frente a un eventual desborde de las masas, la iniciativa del PC no busca avivar las llamas de la rebelión, sino direccionarlas a una disputa electoral como ya lo ha hecho en el pasado con la campaña por el No.

Necesitamos prepararnos frente a la arremetida del gobierno

El curso de los acontecimientos ha puesto pie en el acelerador para Piñera. El levantamiento de la cuarentena, lejos de reactivar la economía como él y sus secuaces pretenden, reactivará de manera directa la rebelión. Los 2.5 millones de desocupados no se conformarán ni con el 10% de los fondos ni con un acuerdo por la paz.

La tentativa de Piñera de postergar el plebiscito, con el argumento de las condiciones sanitarias, es un arma de doble filo, porque la situación se encuentra crispada al punto de que la más mínima arremetida a los trabajadores desencadenará una respuesta de las masas.

En este escenario es más necesario que nunca movilizar todos los recursos necesarios para llevar adelante un gran congreso nacional del sindicalismo, al igual que un encuentro nacional de asambleas populares. La compra de armamento y la consolidación de un fuerte Estado policial amenaza la integridad del conjunto de las masas y es necesario responder de manera organizada frente a los embates de Piñera y sus verdugos.

Para terminar con el saqueo de las AFP, para lograr la liberación de lxs presxs políticxs y terminar con el Estado policial, para conquistar una constituyente libre y soberana y no un circo a la medida del régimen político imperante como pretenden llevar adelante en octubre los partidos patronales, y para terminar con el gobierno de Piñera, necesitamos poner en pie una huelga general.