Al cumplirse el primer mes del gobierno de Gabriel Boric hay coincidencia respecto del prematuro desgaste que ha sufrido y, como contrapartida, las expectativas que despertó su triunfo en amplios sectores rápidamente se van esfumando. “Las turbulencias” de la gestión según la definición del propio presidente no se deben a errores o falta de experiencia, sino más bien a la constatación popular de que representa el continuismo de las políticas del orden de los 30 años. Prontamente su compromiso con los intereses de la burguesía quedó a la vista de quien quiera verlo.

El gobierno “de las grandes transformaciones” se revela prontamente como lo que realmente es, un garante del régimen que pretende cerrar el ciclo político que abre la rebelión popular del 2019. Sin embargo, este objetivo no se ve exento de obstáculos; a medida que la crisis económica y social se agudizan, los recursos discursivos se vuelven estériles y la convención constituyente diseñada para tal fin goza de un importante desprestigio ante el pueblo chileno.

Un gobierno enemigo de la clase obrera

Las razones del descrédito creciente del gobierno hay que buscarlas en las políticas antiobreras que lleva adelante. En un escenario marcado por la inflación más alta en las últimas tres décadas llegando a casi el 10%, donde los rubros alimentos, transporte y educación han sido los que registraron mayores alzas, han cerrado filas con los intereses de las AFP desplegando todos sus recursos para que no avance un proyecto legislativo de nuevo retiro de los fondos de pensión con el que las familias trabajadoras podrían paliar, al menos, la penosa situación en sus economías.

La contrapropuesta oficialista de un “retiro acotado” para pagar solamente deudas, donde los ahorros previsionales iban a parar directamente a las arcas del capital financiero, los pinta de cuerpo entero como defensores de un sistema que usa los ahorros de las y los trabajadores para financiar a entidades financieras con tasas de intereses bajas, para que luego éstas le presten esos mismos recursos provenientes de los aportes a los laburantes con mayores intereses. Un negocio redondo que cuenta entre sus principales paladines al propio ministro Mario Marcel.

Finalmente, ambos proyectos fueron rechazados, lo cual fue considerado como un triunfo del gobierno y por supuesto de las AFP. La clase trabajadora, sin embargo, deberá rebuscárselas para afrontar los mayores costos de subsistencia sin que exista ayuda alguna por parte del Estado dirigido por el progresismo. Las medidas del anunciado plan “Chile Apoya” están a un abismo de distancia de las necesidades urgentes de las familias trabajadoras, mientras la inflación sigue comiéndose sus ingresos.

Que la crisis la paguen los capitalistas

No estamos frente a un gobierno con “dos almas” en pugna, una más “hacia la izquierda” representada por las fuerzas políticas fundadoras de la coalición (Frente Amplio y Partido Comunista) y otra más conservadora compuesta por los ex Concertación (Partido Socialista, Partido Por la Democracia y Partido Liberal), como se pretende presentar. Prueba de ello es el rol que desempeñó el PC alineándose a la política de Marcel en contra del proyecto del quinto retiro, asumiendo un rol activo para que lxs parlamentarixs de Apruebo Dignidad lo rechacen. El gobierno en su conjunto se encuentra lanzado a llevar adelante un programa que en su esencia protege los intereses del capital y por esta razón, aún sus limitadas promesas en torno a las demandas populares son constantemente relativizadas: de la pensión universal mínima de 250 mil pesos no hay ni noticias, al igual que la promesa de un salario mínimo de 500 mil que con suerte llegará a 400 mil a fin de año. El acceso universal a la salud, la educación y la vivienda están supeditados a una reforma tributaria con objetivos cada vez más modestos y sin perspectivas que se lleve a cabo a corto plazo. Mientras tanto, los pulpos empresariales suben los precios sin control y las AFP ganan millones por día y la clase trabajadora se encuentra pagando los costos de la crisis.

La escalada represiva que viene desarrollando el gobierno debe ser merituada en este contexto de recrudecimiento de la crisis y de eventuales levantamientos populares como consecuencia de ella. Ante esta situación acuciante no podemos seguir esperando. La CUT se encuentra negociando un aumento miserable del salario mínimo, que además sería escalonado, según trascendidos en la prensa. Inaceptable.

Como los portuarios que pararon por el quinto retiro, debemos retomar las calles por nuestras demandas. Construyamos un Primero de Mayo combativo e independiente en unidad con todos los sectores de trabajadorxs, estudiantes y de lucha. Por un bono de emergencia; por salarios y pensiones acordes al costo de vida; por el fin de las AFP; por la disolución de Carabineros y la libertad de lxs presxs políticxs, el 1° de Mayo la huelga va.

https://prensaobrera.com/internacionales/peru-levantamientos-populares-contra-el-ajuste-de-castillo/