Después de 45 días se levantó la huelga en “La Escondida”, la mina de cobre más grande del mundo. La mina produce el 5% del cobre mundial y el grupo accionista que la controla (BHP Billiton, de capital anglo-australiano) está entre los principales capitalistas de la minería chilena. Las pérdidas en ventas de la empresa ascendieron a 1.000 millones de dólares, pero es poco en relación a lo que había en juego.

 

En la negociación del convenio colectivo, la patronal había exigido un recorte de derechos laborales, prolongar la jornada laboral, contratos basura para el nuevo personal y congelamiento del salario a pesar de la inflación. Los obreros de la mina se plantaron y tomaron la fábrica durante 45 días, reclamando un aumento del 7% y la urgencia de los derechos del convenio anterior para ellos y para los futuros trabajadores que ingresen a la planta.

 

El sindicato cerró el conflicto mediante un ardid legal, activando un artículo del Código de Trabajo que permite postergar 18 meses la vigencia del convenio vencido. Los dirigentes gremiales sostienen que, ante la intransigencia de la empresa, la prórroga del contrato frena los intentos de avanzar sobre las conquistas laborales. Lo que el sindicato omite es que esta situación implica un congelamiento salarial de un año y medio, la renuncia al bono de compensación salarial y el descuento de los días de huelga.

 

La huelga se levantó a pesar de la enorme voluntad de lucha que persistía entre los trabajadores. El levantamiento del paro es un favor que la burocracia le hace al gobierno y a la patronal, cuando se empezaba a temer un efecto contagio y horas antes de que dos millones de personas coparan las calles de todo el país contra la jubilación privada.

 

La huelga contra una “política de Estado”

 

La huelga era una prueba de fuego para el gobierno de la Nueva Mayoría. En un año de elecciones, le resultaba vital poder mostrar la capacidad de contener y derrotar a los trabajadores. La huelga, además, ponía en cuestión la reforma laboral reaccionaria que empezará a regir en abril, cuyo objetivo principal es la regimentación del movimiento obrero y la reglamentación de las huelgas. La CUT y el PC, integrados al gobierno e impulsores de la reforma, no levantaron un dedo por esta lucha.

 

El Frente Amplio, que ganó el año pasado la intendencia de Valparaíso y quiere capitalizar el desprestigio y la bronca contra el establishment político estas elecciones, tampoco hizo nada en defensa de la huelga. En un contexto de ataque común de todo el régimen político contra los trabajadores, la omisión del FA muestra su completa adaptación a la política de ajuste en curso.

 

El año 2017 comenzó con un fuerte proceso de luchas y movilizaciones que cuestiona las políticas flexibilizadoras en las que están comprometidos tanto el gobierno como la oposición. Después de la impresionante huelga de “La Escondida”, los trabajadores chilenos tienen que hacer un balance y sacar una conclusión fundamental para afrontar las luchas que se vienen: necesitamos organizarnos con la máxima independencia política y construir una alternativa propia de los trabajadores.