Este miércoles comenzó el paro general de 48 horas convocado desde la Unidad Social (que incluye a la central obrera CUT y otras organizaciones), con un masivo acatamiento y protestas en todo el país. En Santiago, más de 200 mil personas se movilizan en estas horas. Entre los sectores obreros en huelga sobresalen los trabajadores del cobre, la principal actividad económica del país, y los portuarios.

Los anuncios sociales del martes del gobierno no han calmado el ímpetu popular. Las calles reclaman que se vaya Piñera y el fin del infame estado de emergencia y toque de queda, que ya ha dejado oficialmente 18 muertos, más de 600 heridos y 1.500 detenidos en las últimas 24 horas. Entre ellos, anoche fueron capturados y golpeados referentes de la Cones (federación de los secundarios) y militantes de la juventud comunista. Por su parte, crecen las denuncias sobre violencia sexual en las detenciones.

Los anuncios de Piñera fueron precedidos de una mesa de conversaciones con fuerzas políticas del oficialismo (Renovación Nacional, UDI y otros) y parte de la oposición (Democracia Cristiana, PPD y radicales). Y consisten en un aumento mínimo de jubilaciones, un seguro para cubrir parte de los gastos en salud de la población, y un aumento para dejar el ingreso mínimo de los trabajadores de jornada completa en 350 mil pesos (485 dólares). A su vez, se establece una suba del impuesto a los ingresos más altos (a partir de los 11 mil dólares mensuales) del 35 al 40%, en parte para financiar las medidas.

Si estos anuncios fueron profetizados por el audio de la pareja del primer mandatario, Cecilia Morel, en que aseguraba que deberían empezar a compartir sus privilegios para no perderlo todo, parece claro que sólo están dispuestos a compartir las migajas. El sueldo mínimo estaba en 422 dólares, o sea que son poco más de 60 dólares de aumento. Las jubilaciones promedio seguirán en niveles de miseria, e incluso el paliativo de Piñera estaría atado a la reforma previsional que envió al Congreso y que las organizaciones sociales reclaman que retire. Por otra parte, el Estado aparece cubriendo –en el caso de los sectores privados- un aumento salarial que debería estar a cuenta de las empresas. Y, por supuesto, los anuncios de Piñera dejan intacto el andamiaje jurídico y político del régimen heredado del pinochetismo que hoy es abiertamente cuestionado en las calles.

Las medidas, aun con estas características, son un recule y una maniobra de Piñera ante el incendio social, quien incluso ha anunciado una rebaja de las dietas parlamentarias, arrebatando uno de los caballitos de batalla del centroizquierdista Frente Amplio.

Una parte de la oposición chilena no concurrió –o no fue invitada- al diálogo con el gobierno. El  Partido Socialista rechazó el convite tras un debate interno entre dirigentes proclives a participar y otros que no. Según La Tercera (23/10), algunos de estos últimos expresaban la presión de sectores de base del partido que reclamaban unirse al paro de hoy. Pero de conjunto, la dirigencia del PS está en una línea de sostenimiento del régimen e incluso de Piñera.

Bajo el creciente impacto del levantamiento, la dirigencia del PC ha anunciado la posibilidad de presentar una acusación constitucional en el Congreso para echar a Piñera, que es uno de los reclamos del paro general, con el apoyo de un sector del Frente Amplio. No está claro que esto pudiera prosperar en el parlamento. Aparece como un intento de "parlamentarizar" la consigna que se está peleando en las calles.

El secretario general del PC, Guillermo Teillier, también plantea como variante alternativa la apertura de un diálogo con los movimientos de lucha. “Si el gobierno acepta conversar con los movimientos sociales (…) e instalar una especie de mesa que se discutan cosas concretas cambiaría el panorama” (El Siglo, 22/10). A su vez, aclaró respecto a declaraciones anteriores: “Yo no he dicho ‘vamos a echar abajo el gobierno’, eso sí sería atentar contra el Estado de derecho. No, yo he dicho que renuncie si no se encuentra capaz, que renuncie, es un acto voluntario de él el que estoy pidiendo” (ídem). Tomado de conjunto, es un planteo de preservación de la institucionalidad.

La agenda “social” y de “diálogo” que plantea Piñera, con el estado de emergencia y la represión en pie, es una trampa montada por el gobierno ante la profundidad del levantamiento chileno. Es un intento de preservación del régimen. En esa misma sintonía, Piñera baraja la posibilidad de un recambio de gabinete.

En cambio, la transformación del paro en una huelga general y la formación de comités de huelga, coordinadoras y congresos de bases del movimiento obrero y sectores en lucha, plantea la perspectiva de echar a Piñera por medio de la lucha popular. Y de una asamblea constituyente soberana con poder para la reorganización del país sobre nuevas bases sociales.