A la crisis política abierta por el asesinato a quemarropa de Francisco Martínez, perpetrado por Carabineros, se le sumó el dudoso suicidio de Camilo Miyaki, quien se encontraba detenido en una comisaría 51° de la comuna de Pedro Aguirre Cerda por una infracción al código sanitario, y lo sucedido en el pueblo de Calama de la región de Valparaíso con la muerte de Jaime Veizaga Sánchez, arrojado por oficiales de Carabineros desde un móvil de la fuerza.

Estos hechos avivaron las protestas en varios puntos del país y el lunes se verificó una nutrida movilización desde Plaza Dignidad hacia la Moneda, la que fue duramente reprimida. La violencia y la represión que ejerce Carabineros y la impunidad de la que gozan dejan en la nada la pretensión del gobierno de lavar su imagen mediante el inicio del plan de vacunación masiva. A su vez, le recuerdan a todo el mundo los límites insalvables del proceso constituyente en curso, que se desarrolla a la par que actúa impunemente una fuerza de seguridad con licencia para matar a la juventud y para reprimir la protesta social.

Radiografía de un régimen

Frente a la crisis, la derecha se abroqueló en defensa de la institución policial y el propio presidente Sebastián Piñera interrumpió sus vacaciones para respaldar su accionar declarando “quiero expresar mi respaldo y mi apoyo a Carabineros de Chile, que es una institución fundamental y es la primera línea en la defensa del orden público, la seguridad ciudadana y la democracia”. Reivindicó además el nefasto control preventivo de identidad como “el instrumento legal, útil y necesario para proteger el orden público” que fuera establecido en el 2016, durante el gobierno de Michele Bachelet en el marco de la “agenda corta anti-delincuencia” que amplió las facultades autónomas de Carabineros.

Por su parte, la oposición centroizquierdista lamentó lo sucedido en declaraciones en redes sociales y salió con el planteo recalentado de que se ejecute un cambio en los altos mandos y se reforme la institución. Pero en los últimos tres años ya se realizaron cuatro cambios de autoridades en la fuerza. Lejos de poner fin a su accionar criminal, éste se acentuó. Las reformas cosméticas que reclama la oposición no sorprenden, pues estos mismos “opositores” han sido los encargados de sancionar en el Congreso el paquete de leyes represivas enviadas por Piñera luego del inicio de la rebelión popular en octubre de 2019. Por su parte, el PC, en boca de Daniel Jadue, a contrapelo del reclamo popular de disolución de Carabineros plantea la “intervención civil inmediata” de esta fuerza asesina: una posible solución de emergencia para conciliar en el parlamento, en caso de que la movilización desborde. No es un problema de civiles o uniformados, sino de clases.

Mientras el Poder Legislativo se ha encargado de ampliar las facultades de las “fuerzas del orden” para reprimir a mansalva, el Poder Judicial les garantiza impunidad. Lo demuestra el accionar de la Corte de Apelaciones de Valdivia, que le otorgó la libertad al asesino de Francisco a pesar de la contundencia de las pruebas que desmienten la versión de Carabineros de que el sargento Juan González Iturriaga habría actuado en legítima defensa. Por otro lado, el fiscal que investiga el supuesto suicidio de Camilo descartó en forma exprés la participación de terceros en su muerte. Esto, a pesar de que la comisaría cuenta con numerosas denuncias por hechos de torturas y violaciones, como lo denuncia la familia de Camilo. En lo que respecta al oscuro hecho de Calama, los dos carabineros que arrojaron a Jaime gravemente herido se encuentran detenidos, pero las actuaciones judiciales se llevan adelante con estricto hermetismo. Nunca está de más señalar, toda vez que hablamos de la impunidad de Carabineros, el contraste en el tratamiento que reciben por parte de la justicia lxs cientos de presxs políticos, que están con prisión preventiva hace más de un año en la mayoría de los casos.

A esta altura no caben dudas de que la verdad y la justicia no vendrán de la mano de ninguno de los poderes del Estado. Para terminar con la impunidad es necesaria una investigación independiente en cada uno de los casos de violencia estatal, con participación de las organizaciones sociales, territoriales, sindicales y de derechos humanos. La necesidad de terminar con el terrorismo de Estado pone sobre la mesa la urgencia de un plan de lucha unificado en una instancia de organización que nuclee a las asambleas territoriales, organizaciones de familiares y víctimas de la represión, agrupaciones que luchan por la libertad de lxspresxs políticos, coordinadoras, etc. para lograr la disolución de Carabineros, terminar con la impunidad y que se vaya Piñera y sus secuaces, beneficiarios de las políticas represivas y, por lo tanto, responsables directos de los crímenes contra la clase obrera chilena.

Contra los migrantes también

En las últimas semanas ha escalado la crisis social y humanitaria que tiene lugar en el norte de Chile, particularmente en la comuna de Colchane, a raíz del ingreso al país, a través de la frontera con Bolivia, de grandes contingentes de personas –600 el promedio diario- provenientes de Venezuela en su mayoría. Miles de migrantes, niños entre ellos, atraviesan el desierto luego de trasponer la frontera de a pie y al llegar a Colchane viven en las calles a merced de las bajas temperaturas, el hambre y la violencia del ejército y Carabineros. Al menos dos migrantes han fallecido a raíz de esta situación en los últimos días. La respuesta del gobierno fue el cierre de los pasos fronterizos, la militarización de la zona, las expulsiones colectivas y la exclusión de migrantes que se encuentran en una situación irregular del plan de vacunación contra el Covid- 19. El cierre de las fronteras y la militarización no solo afecta a los migrantes sino también a los residentes de la zona ya que la dejó aislada y desabastecida. Han sumido a la región en una crisis humanitaria total.

La lucha contra la represión estatal y la impunidad implica también el rechazo a todas estas medidas. Es necesario exigir el fin de la militarización y de las deportaciones sumarias, un plan de regularización de la situación migratoria, y el fin de la discriminación hacia los migrantes en el plan de vacunación.

El proceso constituyente

Es en este contexto que se desenvuelve el proceso hacia la convención constituyente. Y es evidente que una constituyente que se desarrolla en un marco donde se ejerce una sistemática represión a la protesta social y donde se asesina y se encarcela a la juventud, está muy lejos de ser un proceso libre y soberano. Por el contrario, se confirma que será un proceso amañado y tutelado por Piñera, y que pretenderá ser utilizado para encarrilar la rebelión popular en una vía institucional, sin dar salida a las grandes reivindicaciones que motorizaron el estallido social. Es por eso que, junto a la pelea por la disolución de Carabineros, por echar a Piñera y la liberación de los presos de la revuelta, es necesario impulsar la pelea por el salario, el trabajo, la vivienda, por el fin de las AFP y por la recuperación de todos los recursos estratégicos. En función de ese objetivo, es necesario agrupar en un movimiento único a las organizaciones sindicales, sociales y asambleas territoriales e impulsar un plan de lucha unificado. Un punto fundamental es que se rompa con la parálisis y conciliación de clases que llevan adelante las burocracias sindicales de la CUT, impulsar la convocatoria de asambleas y coordinadoras para que los sindicatos vuelvan a jugar el papel histórico de organizar la lucha de los trabajadores.

Francisco, Camilo y Jaime somos todxs. Disolución de Carabineros ya. Libertad a lxs presos políticos. Fuera Piñera. Asamblea constituyente libre y soberana.