En el diseño original de los partidos patronales chilenos, el nutrido calendario de elecciones y el proceso constituyente debían dejar atrás la profunda crisis en que el régimen político heredero de la dictadura ingresó a raíz de la rebelión popular que se inició en octubre del 2019. Sin embargo, ello no ocurrió: el gobierno de Gabriel Boric, a poco de asumir, es tributario de un extendido desprestigio ante los ojos de las mayorías populares, determinante para el resultado del 4 de septiembre, donde el triunfo del Rechazo al proyecto de nueva Constitución no solo significa un duro golpe para este, sino que dejó trunca la tentativa de reciclar y estabilizar el régimen. La crisis se sigue profundizando.

Conscientes de ello, a tres años del monumental levantamiento del pueblo chileno, gobierno y oposición se encuentran embarcados en un nuevo intento de clausurar las perspectivas políticas abiertas con la movilización del pueblo. La pieza central de este esquema es el plato recalentado de la reforma constitucional, acompañada por un burdo e inmoral despliegue para borrar del espacio público las manifestaciones de aquella gesta popular, cuyos efectos políticos persisten. Nos referimos al show montado junto a dirigentes derechistas, anunciando la remodelación de la Plaza Dignidad, llevándose puestos espacios de la memoria, murales alusivos, etc.

A esta empresa responde también el indulto presidencial a 13 presos políticos, 12 de los cuales fueron condenados, montajes policiales mediante, por participar de las protestas del 2019. Estamos ante una indudable conquista, ya que la libertad de estos compañeros fue incansablemente reclamada por familiares y organizaciones políticas, sociales y territoriales, reclamo que recibe una respuesta tardía y en extremo acotada, porque quedan decenas de luchadoras y luchadores rehenes del Estado, incluidos presos políticos mapuches en huelga de hambre hace semanas. Celebramos la libertad de los 13 compañeros junto a sus familias, pero rechazamos la pretensión oficialista de dar un cierre al reclamo de libertad de quienes aún están encarcelados: la prisión política es utilizada también por este gobierno para castigar a quienes reclaman por derechos negados y, de paso, intentar disciplinar al conjunto de las y los trabajadores. La criminalización contra estudiantes y mapuches no sólo ha continuado sino que se vio profundizada.

Primero como tragedia, después como farsa

Como lo señalamos al inicio, el llamado “Acuerdo por Chile” representa un nuevo ensayo que busca dar estabilidad a un régimen político remecido en sus cimientos por la rebelión protagonizada por el pueblo. Asistimos a un nuevo pacto contra las y los trabajadores ya que, entre otras cosas, fue fraguado a sus espaldas por los sectores políticos que, de “izquierda” a derecha, representan los intereses de los dueños de Chile. Somos convocados a validar con el voto un proceso que es en esencia la negación de la participación popular. Tutelado de principio a fin por los partidos enemigos de la clase trabajadora, este engendro (impulsado por Boric, quien intervino personalmente para destrabar las negociaciones en más de una oportunidad) busca saldar el fracaso del proceso constituyente anterior, esto es, relanzar el capitalismo neoliberal imperante cambiando la tapa a la Constitución de Pinochet.

El Congreso redactó los términos de este acuerdo cerrado en las altas esferas del poder. Es decir, uno de los poderes del Estado más cuestionados fue el escenario de la cocina más funesta de la historia reciente. Como el 15 de noviembre del 2019, pero esta vez con una derecha envalentonada por el triunfo del Rechazo y sin estar arrinconada por la movilización popular. Los candados y amarres del nuevo esquema constituyente, lejos de asegurarles el éxito a sus autores, dan cuenta de su fragilidad. De partida, tambalea el acuerdo -al que incluso el PC le puso la firma- y muestra de ello son los anuncios de presentaciones de indicaciones para modificar algunos de sus aspectos realizados por diputados de partidos oficialistas, lo que determinó que sea ingresado por el Senado, donde su aprobación en sus términos originales estaría asegurada. Con todo, nada asegura que cumpla con su objetivo final. Repetir como mantra que este engendro antidemocrático sirve porque al menos permite “cambiar la Constitución de Pinochet” ya no convence a nadie.

Por una salida propia

La crisis política se profundiza también por la crisis económica, cuyas consecuencias están siendo soportadas de lleno por las familias trabajadoras que han visto desmejorar sustancialmente sus condiciones de vida. Además del peso de tener que pagar por acceder a derechos básicos, los recursos se ven menguados por el proceso inflacionario. El gobierno, a un año de asumir, ha negado toda asistencia social. Un año donde las familias ya han agotado su capacidad de endeudamiento y la situación se ha tornado desesperante. Sólo la amenaza de discusión de un nuevo retiro de los fondos de pensiones ha hecho que desde el oficialismo salgan a anunciar que se están “estudiando” algún tipo de ayuda desde el Estado.

No podemos mirar pasivamente los acuerdos donde somos el pato de la boda. Las y los chilenos de a pie debemos echar a andar las reservas políticas y orgánicas para intervenir en este escenario de crisis en nuestros propios términos, en oposición al pacto urdido por nuestros enemigos políticos. Poner en pie la instancia de deliberación y organización que nos permita romper con la dispersión de los esfuerzos de lucha, para discutir un programa común y un plan de lucha para conquistarlo. Recomponer y recuperar los sindicatos, así como la construcción de un partido propio, de la clase, siguen como desafíos pendientes que debemos asumir para dotarnos de las organizaciones propias para dar las batallas en todos los terrenos por el objetivo estratégico: que gobierne la clase obrera.