El primer ministro de China, Wen Jiabao, decidió ofrecer un diagnóstico ‘catastrofista’ de su país. Lo hizo ante a la Asamblea Nacional que tuvo su única reunión anual la semana pasada. Dijo que la “economía es insostenible”; que su desarrollo es “inestable, desequilibrado y descoordinado” lo que supone, agregó, “tensiones estructurales”, como “una proporción de inversión excesiva, una excesivamente grande extensión del crédito y un exceso de liquidez”, más “relaciones comerciales y pagos internacionales (des)equilibrados” (Clarín , 17/3). Algunos días antes del discurso, un derrumbe del 8% de la Bolsa de Shangai había desencadenado una ola de crisis bursátiles en todos los mercados.

 

Es indudable que Wen estaba obligado a rendir tributo a la realidad, pero el ‘catastrofismo’ del que hizo gala esconde en realidad una maniobra: en la misma sesión legislativa hizo aprobar una ley sobre propiedad privada que tendrá por resultado un agravamiento de los desequilibrios que caracterizan a la restauración en capitalista en China.

 

La ley en cuestión debería llamar la atención porque en China la propiedad privada es constitucional y su desarrollo ha precedido de mucho a su reconocimiento en el plano del derecho. Lo que hace el nuevo texto es ofrecer una protección legal a la confiscación masiva de tierras a los campesinos, que tuvo lugar en la última década, ejecutada principalmente por el poder político, sea el local como el nacional, tanto por ‘derecha’ como por ‘izquierda’. La nueva ley sanciona la validez de las escrituras que esgriman, de aquí en más, los capitalistas industriales o los desarrolladores inmobiliarios, para enfrentar los reclamos de los campesinos, que la mayor parte de las veces toman la forma de levantamientos. En el curso de 2007 ya se han producido 25.000 sublevaciones agrarias. Los títulos de propiedad ‘truchos’, amañados por el pode local pasan a tener vigencia legal.

 

En China, la propiedad campesina no es privada —de modo que está excluida de la protección de la nueva ley; el dueño es el Estado, que la ha cedido en usufructo. Con mayor facilidad legal que en cualquier país capitalista puede invocar ‘razones de utilidad pública’ para transferirla a la explotación capitalista privada. Mientras que en los estados capitalistas la ‘utilidad pública’ es causal de estatización, en China deberá ser invocada para privatizar. Algo más: en las naciones burguesas la declaración de utilidad debe hacerse por ley, en tanto que en China la nueva ley le cede esa facultad al Consejo de Estado, o sea a la expropiación por decreto. De igual modo, mientras en las naciones capitalistas la propiedad tiene un valor, fiscal y de mercado, en China las tierras públicas cedidas en usufructo, no tienen tasación de mercado —lo cual quiere decir que el valor ‘fiscal’ es arbitrario y confiscatorio y que las tierras agrícolas se pueden privatizar a precio de regalo, legalmente. Un intelectual chino, de la izquierda liberal, Gong Xiantian, del departamento de Derecho de la Universidad de Pekín, ha observado acertadamente que en los países capitalistas el Estado es el encargado de proteger la propiedad privada, mientras que en China la propiedad privada está autorizada a quedarse con la propiedad del Estado (Corriere della Sera, 17/3). Gong, que ha reunido atrás de él a una fracción del partido comunista, no vaciló en declarar que “Han vencido los ladrones”. Gong ve en la sanción de la ley de protección de la propiedad privada la definitiva consagración de un régimen político basado en la alianza entre la burocracia que se apropia de la propiedad pública y la burguesía nacional e internacional. Tendríamos así la expresión política del desarrollo combinado de la restauración capitalista en China, que por un lado acoge a los grandes monopolios internacionales y, por el otro, desenvuelve una acumulación primitiva de capital fuera de época, por medio de la expropiación de los campesinos a manos de la burocracia restauracionista.

 

La sanción de la ley deberá darle a la restauración en China un carácter aún más caótico e insostenible del que le atribuye el primer ministro, Wen; un diario español tuvo la ocurrencia de indicar que va a favorecer el mercado de seguros (El País, 17/3). Ciertamente, pero las compañías de seguro necesitan invertir las primas que cobran en títulos, acciones, deudas privadas de fácil cobranza —que es precisamente lo que el reciente derrumbe de la Bolsa de Shangai demostró que no es tan seguro de hacer.

 

La ley de protección de la propiedad privada no corrige ninguno de los desequilibrios de China; los acentúa. Pero más allá de esto, China deberá enfrentar a corto plazo las consecuencias de un derrumbe financiero en Estados Unidos. Precisamente porque la dependencia de China de Estados Unidos es enorme (o en todo caso del conjunto de naciones desarrolladas que serán afectadas por la crisis), una crisis mundial pondrá en cuestión el conjunto de la restauración capitalista. China tiene un potencial de desarrollo gigantesco, incluso en el marco de una crisis internacional, si atiende a las necesidades de los centenares de millones de sus trabajadores. El mercado interno de China es, incluso a corto plazo, inagotable. Pero para eso debe chocar con el capital internacional y el nacional que explotan a China como una periferia del mercado capitalista mundial. Un re-direccionamiento de la economía china y un re-diseño de su estructura económica plantean choques sociales que superan la capacidad de acción de su burocracia restauradora y de su Estado.