Desde que comenzaron los bombardeos israelíes contra la Franja de Gaza, más de 9.000 palestinos murieron, incluyendo más de 3 mil niños. Uno de los episodios más resonantes fue el ataque aéreo contra el centro de refugiados de Jabaliya, que según las últimas estimaciones mató a más de cien personas. A su vez, más de un millón de personas debieron abandonar sus hogares y el enclave costero está sometido a un bloqueo casi total que desabasteció a la zona de agua, comida, medicamentos y combustibles.

El alcance de esta masacre ha dejado en un segundo plano lo que está ocurriendo en Cisjordania, donde más de 120 palestinos fueron asesinados por las fuerzas de seguridad israelíes o por bandas de colonos armados desde el 7 de octubre, fecha de la incursión territorial de Hamas en Israel.

Cisjordania es un territorio de alrededor de 5.600 km² (Gaza es mucho más pequeño: apenas 360km²) ubicado en la ribera occidental del Jordán. Actualmente, viven allí cerca de 2,5 millones de palestinos, casi un millón de ellos en 19 campamentos de refugiados de Naciones Unidas. La zona está bajo un férreo control israelí.

Cuando las Naciones Unidas establecieron la partición de Palestina, en 1947, el 55% de ese territorio (hasta entonces bajo mandato británico) había quedado reservado para la formación de un Estado judío, y el otro 45% para la formación de un Estado árabe. En este porcentaje se incluía lo que hoy se conoce como Cisjordania.

La proclamación del Estado de Israel, que fue de la mano de la expulsión y desplazamiento de cientos de miles de personas de sus tierras, desató una guerra entre Tel Aviv y los Estados árabes vecinos que culminó, en 1949, con un armisticio que permitió a Israel obtener aún un poco más de territorio. Cisjordania, de todos modos, quedó bajo la tutela de Jordania.

En 1967, después de la “guerra de los seis días”, Israel ocupó Cisjordania e impuso un severo control militar. A la par, inició un desarrollo colonial ininterrumpido que llevó el número de unos pocos cientos de personas a más de 500 mil en la actualidad. Solo en los últimos cinco años, ese flujo creció en un 16% (AP, 3/2). Estas colonias gozan de los beneficios que los palestinos no tienen, como por ejemplo el acceso privilegiado al agua potable. Un informe de Amnistía Internacional de noviembre de 2017 denuncia que la población palestina “no puede perforar pozos, instalar bombas ni ahondar pozos ya existentes, y además se les niega el acceso al río Jordán y a los manantiales de agua dulce”, mientras que la firma estatal israelí Mekorot realiza todo tipo de perforaciones y explotación de manantiales en los territorios ocupados para favorecer los asentamientos ilegales coloniales.

En los años ’90, con los acuerdos de Oslo, Cisjordania fue dividida en tres áreas diferentes: la C, bajo control militar y administrativo israelí, abarca al 60% del territorio; la A, minoritaria, quedó bajo el mando administrativo y policial de la flamante Autoridad Palestina; y la B, bajo un control mixto. El área C rodea a las otras, en que se asienta la mayor parte de la población cisjordana, que vive en cantones aislados entre sí y vigilados por los puestos militares sionistas. A su vez, desde 2002 se viene construyendo una muralla divisoria con Israel que ya cuenta con cientos de kilómetros.

El afán colonialista israelí va cada vez más lejos. Para favorecer ese desarrollo, se practica la demolición de viviendas de los palestinos con los bulldozers (topadoras), o directamente se ordena a los pobladores que demuelan ellos mismos sus casas. La excusa que usan las autoridades es que esas viviendas no cuentan con habilitación, pero ocurre que esos pedidos de construcción  son rechazados en más del 90% de los casos, lo que obliga a los palestinos a edificar sin ellos.

El actual primer ministro, Benjamin Netanyahu, asumió su último mandato con el planteo de avanzar en una legalización y expansión de los asentamientos coloniales, e incluso en la anexión formal de Cisjordania.

La represión contra la población palestina en Cisjordania es sistemática. En 2023, antes del 7 de octubre, 179 palestinos habían muerto en las sangrientas redadas israelíes, según Naciones Unidas. A esto se suma el brutal régimen de detención administrativa por el que cientos de palestinos permanecen encarcelados durante años, en base a “pruebas secretas”, sin cargos ni juicio.

De los más de 100 muertos en Cisjordania desde el 7 de octubre, al menos cinco de ellos cayeron a manos de bandas armadas de colonos. Uno de ellos fue el agricultor Bilal Saleh, de 40 años, quien fue asesinado de un balazo en el pecho. Para conocer mejor el modus operandi de estas bandas fascistas, citaremos un ejemplo: “decenas de colonos procedentes de (la colonia de) Yitzhar invadieron las tierras de Burin (en Nablus), asaltaron a los agricultores, prendieron fuego a vehículos y destrozaron y robaron equipos y productos” (BBC, 31/10), según la organización de derechos humanos israelí Yesh Din.

El Estado no solo apaña estas bandas fascistas sino que les entrega las armas. Desde enero de 2023 hasta octubre, el Ministerio de Seguridad de Itamar Ben-Gvir, del ultraderechista Poder Judío (junto al Likud, los partidos ultraortodoxos y el Partido Sionista Religioso, la coalición que posibilitó el nuevo mandato de Netanyahu), distribuyó 27.000 armas de fuego para favorecer esas milicias (Wafa, 17/10). El parlamento israelí, además, flexibilizó las normas para el acceso a armas, y desde el 7 de octubre se solicitaron más de 40 mil licencias, la mayoría de ellas por parte de colonos. El corresponsal de Clarín en Medio Oriente señala que “han aparecido carteles en los autos y las aldeas de los palestinos con amenazas y leyendas del tipo de ‘no tenemos líneas rojas, los vamos a castigar solo para que sean un ejemplo, habrá emboscadas’” (Clarín, 29/10). El parlamento israelí acaba de designar como encargado de un comité de la cámara para Cisjordania al diputado Zvi Sukot, vinculado a una de estas organizaciones paramilitares.

Este cuadro de opresión es el que empuja a la población palestina a la rebelión, como ocurrió durante las intifadas, los levantamientos que tuvieron lugar en 1987 y en 2000-2005.

Defendemos el derecho del pueblo palestino a la resistencia contra esta ocupación. Abajo el Estado sionista. Por una Palestina única, laica y socialista. Fuera el imperialismo de Medio Oriente.

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