Los trabajadores y estudiantes colombianos desarrollarán un gran paro nacional el 25 de marzo, contra las reformas antipopulares del gobierno de Iván Duque y en repudio a los crímenes contra activistas sociales. La medida de fuerza fue resuelta en una asamblea del Comité Nacional de Paro (CNP), que reunió alrededor de mil delegados, provenientes de diversas centrales sindicales, estudiantiles, campesinas y sectores indígenas; en ella también se votó una agenda de lucha más extensa: movilización el 21 de febrero para acompañar el paro docente; asistencias masivas a las movilizaciones del 8 de marzo y 1 de mayo; y un nuevo paro de 48 hs. los días 8 y 9 de junio (TeleSur, 1/2).

Duque sigue adelante con su agenda ajustadora y entreguista (reforma laboral, conversión de empresas estatales en un holding financiero, privatización petrolera, etc.). La violencia contra los militantes sociales, a su vez, no ha encontrado sosiego. En lo que va del año, ya son más de veinte los activistas asesinados (Resumen Latinoamericano, 3/2), lo que se complementa con la ferocidad del Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios) al reprimir las movilizaciones y la persecución de los periodistas opositores.

Para disimular estos ataques contra el pueblo, que atizaron las movilizaciones del año pasado, el gobierno ordenó un aumento por decreto del 6% del salario mínimo para 2020, en tanto que el ex presidente Alvaro Uribe presentó en el Senado un proyecto para reforzar los ingresos de los trabajadores más pobres. En cualquier caso, los sueldos de los trabajadores colombianos siguen por el piso.

La burocracia

Anunciado el paro, el ex alcalde de Bogotá y actual senador, Gustavo Petro (Colombia Humana), solicitó al CNP que la fecha del paro se adelante para el 24 de febrero. Rápidamente, la cúpula de la CGT le salió al cruce: “no le corresponde a ningún senador de la República […] pretender trazarle la línea al movimiento sindical […], es oportunista”, dijo Julio Roberto Gómez, director de la CGT. Según Gómez, además, el paro no puede adelantarse porque sería dar un paso en falso, el movimiento debe “(primero) crecer y (luego) permanecer” (El Espectador, 4/2).

Estas declaraciones omiten el enorme proceso de lucha que se vivió el año pasado. Además, la bronca popular está a la vista y se expresa en todos lados: las encuestadoras arrojan un 70% de desaprobación al gobierno de Duque.

Con independencia de cuáles sean los objetivos de Petro con sus declaraciones, es innegable que las conducciones sindicales intentan limitar el alcance del movimiento de lucha, dilatando y espaciando las medidas de fuerza. Ya en ocasión del primer paro, Gómez (CGT) llamó a “volver a la normalidad” (Clarín, 23/11/19), cuando había una disposición a seguir luchando, como lo mostraron los cacerolazos posteriores.

Que había un debate real sobre la necesidad de adelantar las medidas lo revelan las declaraciones de Diógenes Orjuela (presidente de la CUT), quien dijo que el paro lejano tuvo polémicas y “varios trabajadores solicitaron que se anticipara” (El Espectador, ídem).

Para derrotar al gobierno de Duque, es necesario avanzar en un plan de paros progresivos, en la perspectiva de la huelga general.