En la reciente rediscusión de los acuerdos de paz con las Farc, tras la derrota del Sí en el referéndum, el presidente Juan Manuel Santos se comprometió a "sacar todo aquello que amenace a la familia y a la Iglesia". Esta declaración golpea de lleno al colectivo LGBTI, cuyas denuncias indican que en el año 2015 se registraron más de cien asesinatos cometidos contra gays, lesbianas, transexuales y bisexuales, en la llamada "limpieza social" impuesta por grupos fascistas, apoyados por las fuerzas armadas (paramilitares y policías principalmente).

El documento "Aniquilar la diferencia", elaborado por Colombia Diversa, registró 110 asesinatos,  91 casos de violencia policial y constantes amenazas y desplazamientos forzados contra la comunidad LGBTI. El estudio destaca que el 95% de estos crímenes quedan impunes. Sólo se ha condenado a los responsables de 15 de los 405 casos registrados en los últimos cuatro años. Alertaron también que dos de cada tres hechos de violencia policial no se denuncian formalmente por temor a las represalias.

Las mujeres transgénero en situación de prostitución señalan a los paramilitares y a la policía como los autores de una práctica de exterminio, que consiste en dispararles a mansalva cuando se encuentran en grupo, para luego caratular esta masacre como "ajuste de cuentas o venganza". La policía utiliza las normas de prohibición de actos obscenos en el espacio público para castigar las expresiones de afecto entre personas del mismo sexo, deteniéndolas o multándolas, sólo por apartarse de la heteronormatividad establecida. En el caso de los activistas políticos o sociales la saña es mayor.

"El Estado ha sido responsable de lo que nos pasa a nosotros, porque se han puesto denuncias y no pasa nada. Muchos de estos casos han sido catalogados como crímenes pasionales, sabiendo que son homicidios, femicidios", indica Irene, mujer trans.

Es notable la confirmación de que la mayoría de las víctimas vivían en una extrema precariedad económica, eran afrodescendientes o pertenecían a los pueblos originarios, siendo por esto más vulnerables a la homofobia. La inclusión laboral es uno de los puntos centrales que se le exige al Estado. 

Basta de persecución y crímenes de odio contra el colectivo LGBTI. Por la inmediata separación de la Iglesia y el Estado.