La reciente orden de arresto domiciliario contra el exmandatario Álvaro Uribe elevada al Congreso de Colombia por parte de la Corte Suprema de Justicia ha generado un cimbronazo en el régimen político. Quien fuera presidente durante dos mandatos y principal dirigente de la derecha es acusado por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, en lo que constituye apenas un botón de muestra en tanto posee más de medio centenar de procesos abiertos en su contra. Entre quienes figuran como culpables de haber recibido sumas de dinero a cambio de ofrecer testimonios de blindaje a Uribe se encuentra un sujeto perteneciente a los núcleos paramilitares que operan en Colombia, el cual involucra al exmandatario en la creación de un bloque de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La situación actual del caso Uribe es la continuación de un proceso abierto en 2012 tras una denuncia realizada por él contra Iván Cepeda, senador de Colombia por el partido Polo Democrático.

La decisión de la Corte ha abierto una crisis que opone al máximo tribunal con el gobierno de Iván Duque, quien pertenece al mismo partido político que Uribe, el Centro Democrático. El presidente colombiano amenazó con avanzar en una reforma judicial. En respaldo a Uribe se han sumado el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence y el golpista Juan Guaidó, quien a través de Twitter se “solidarizó” con el expresidente colombiano. Uribe fue una pieza clave del Plan Colombia, por el que Estados Unidos brinda ayuda militar al país sudamericano para afianzar su dominio en la región.

Quién es Alvaro Uribe

El proceso judicial en curso viene a comprobar la responsabilidad del exmandatario en el desarrollo de los grupos paramilitares que han defendido a sangre y fuego los intereses de la oligarquía terrateniente. Álvaro Uribe ha sido un elemento determinante en la profundización de las relaciones entre el Estado, la clase capitalista y los grupos paramilitares vinculados al narcotráfico. Desde su lugar como gobernador de Antioquía (departamento en el noroeste de Colombia) en 1994 fue precursor en la formación de estos grupos al impulsar la creación de las Fuerzas Convivir, un grupo de choque que ha operado bajo la órbita estatal, a los cuales otorgó personería jurídica y les permitió el uso de armas provenientes de los cuarteles del Ejército. Estas fuerzas fueron utilizadas por el capital para enfrentar a las guerrillas y para mantener intactos los negocios de los grandes terratenientes y capitalistas llevando adelante, al mismo tiempo, una política de expulsión del movimiento campesino.

De acuerdo a un artículo de la Agencia de Información Laboral, “entre 1980 y 2010 hubo en el país un total de 1.892 masacres que dejaron 11.751 víctimas, el 15.6% de las masacres y el 14.4% de las victimas sucedieron durante los dos gobiernos [presidenciales] de Álvaro Uribe”. Las bandas paramilitares llevaron a cabo 310 masacres bajo los dos mandatos presidenciales de Uribe (2002-2010), dejando un saldo de 1.688 caídos, y de acuerdo a la Consultoría para Derechos Humanos y Desplazados (CODHES) se produjeron 2,4 millones de expulsiones de campesinos, dando forma acabada al desarrollo de un proceso de “contrarreforma agraria” en beneficio del acaparamiento capitalista, que ha llevado a Uribe a ser el responsable de más de la mitad de expulsiones campesinas sobre el total acumulado durante casi tres décadas. Tampoco se puede hacer caso omiso al recrudecimiento de las famosas “ejecuciones extrajudiciales” conocidas como “falsos positivos”, una política de exterminio de campesinos que consistía en presentarlos como guerrilleros muertos en combate, que entre 2002 y 2010 aumentaron un 154%.

Una mención especial merece el proceso de “desmovilización” de las AUC, el cual entre 2003 y 2006 produjo el desplazamiento de casi 32 mil paramilitares, y que significó la consumación de la impunidad para el grueso de los paramilitares involucrados en los crímenes de Estado. Los límites del proceso se pusieron de manifiesto al constatarse que mientras se negociaba la desmovilización de los grupos de choque, 4.820 personas fueron asesinadas o desaparecidas por bandas de autodefensas. “Remanentes” de las famosas AUC fueron los que dispararon contra una sublevación campesina que tuvo protagonismo en 2008, actuando nuevamente en complicidad con el Ejército. En lugar de las AUC, o “de lo que quedó” de ellas, surgieron nuevas bandas criminales (Bacrim), que hasta 2012 fueron responsables de 30 mil muertes y desplazamientos de millones de personas a través del terror.

El terror paramilitar sigue presente aún hoy en Colombia, como lo atestigua el crimen sistemático contra activistas sociales y las recientes matanzas de jóvenes pobres en Nariño y Cali. La persistencia de estos crímenes, además de la victoria electoral del uribismo en las últimas elecciones presidenciales, ha hecho naufragar el proceso de paz con las  Farc, con un ala anunciando el retorno a la lucha armada.

Panorama político

El golpe político que supone el caso Uribe para la coalición gobernante se complementa con los coletazos de una bancarrota capitalista mundial que está ocasionando estragos en la economía colombiana. El PBI del país ha caído un 15,7% en el segundo trimestre del año. Junio ha sido testigo de una suba en el porcentaje de desempleo que trepa al 19,8%, 10 puntos por encima de lo registrado en el mismo mes del pasado año (Dinero, 30/7). Algunos sectores de la burguesía han señalado que la única manera de contrarrestar los efectos del parate económico es imponiendo una reforma laboral que vaya de la mano de una serie de beneficios impositivos. Los capitalistas nucleados en la industria y el comercio, por su parte, se encuentran pujando por una apertura generalizada que deje atrás la cuarentena, en momentos donde Colombia asiste a un alza en la cantidad de contagios, siendo el octavo país con mayor cantidad de infectados.

Es necesario un plan de lucha contra el gobierno reaccionario de Duque, que incluya los planteos urgentes frente a la pandemia y la crisis (centralización del sistema de salud, prohibición de despidos, etc.) y la denuncia de los crímenes contra los luchadores. El proceso de enormes movilizaciones y paros generales de fines de 2019, que tuvo una pausa a raíz de la pandemia, muestra las reservas existentes para acometer esa tarea. En tiempos donde los gobiernos y sus burguesías buscan superar los embates de la crisis mundial a través de la destrucción de las condiciones de vida de las masas, se torna vital oponerle a este curso la destrucción de los planes del capital por medio de una acción histórica de los trabajadores.

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