El gobierno de Iván Duque presentó un proyecto de reforma tributaria, cuya aplicación tendría un tremendo impacto en el bolsillo de las masas. Por un lado, cientos de miles de trabajadores y jubilados pasarían a estar alcanzados por el impuesto a la renta. Por otro, se introduce o bien se aumenta el IVA en productos básicos como el café, el azúcar y el chocolate. Según la CUT, una de las centrales sindicales, el 90% de los recursos que el gobierno aspira a recaudar con su iniciativa (poco más de 27 billones de pesos colombianos), serán costeados por los sectores populares, en tanto que sólo el 10% restante por la clase capitalista.

La medida es presentada como la única manera de financiar los gastos sociales por la pandemia. En consonancia con esto, se ha montado una extorsión contra el pueblo colombiano. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, advirtió que “tenemos caja que nos alcanza aproximadamente para unas seis semanas o siete semanas” (As.com, 7/4), mientras que el expresidente Álvaro Uribe, que integra la misma fuerza política que Duque (el Centro Democrático), dijo que “no hay cómo pagar salarios del Estado en el segundo semestre” (Semana.com, 8/4).

Estos argumentos son una impostura. En Colombia, el 35% del presupuesto 2021 está destinado al pago de la deuda externa y al reforzamiento del aparato represivo. Los capitalistas tributan en forma insignificante. Los recursos que faltan son los que se quedan en esas manos.

Duque está buscando el apoyo a su proyecto por parte de sectores de la oposición, valiéndose incluso del ofrecimiento de prebendas a diputados, según denunció el expresidente César Gaviria, titular del Partido Liberal (quien apoyó el encumbramiento del mandatario pero después rompió con él). Sin embargo, el gobierno está teniendo dificultades para sumar respaldos. La oposición, incluyendo a los verdes y la centroizquierda, se desmarca por un cálculo meramente electoral, dado que en 2022 son las elecciones presidenciales.

Incluso dentro de su propio bloque político, Duque enfrenta objeciones. Uribe llamó a suavizar la propuesta, dejando de lado, por ejemplo, el IVA a productos básicos. En este punto, el expresidente se hace eco de las críticas de la patronal cafetera y cacaotera, que sienten que se podría resentir la venta de sus productos.

Lo cierto es que no queda mucho margen para apretar las clavijas del pueblo colombiano, que viene sufriendo los estragos de la pandemia y que ya dio muestras de su disposición de lucha durante la rebelión de 2019 y las movilizaciones contra el crimen del taxista Javier Ordoñez, a manos de dos agentes de policía, unos meses más tarde. Al avanzar en el proyecto, Duque actúa como si le arrojara una piedra a un panal de avispas.

En rechazo al proyecto de reforma tributaria, el Comité Nacional de Paro (que nuclea a las principales centrales obreras -CGT, CUT, CTC-, organizaciones sociales y estudiantiles) realizó una movilización el 9 de abril y convocó una nueva jornada para el 28. Los movimientos indígenas se sumarán con sus propias reivindicaciones, que incluyen la denuncia de la deforestación de la selva y la depredación de los pulpos mineros.

Las centrales sindicales, sin embargo, no tienen la intención de desenvolver un paro efectivo y un plan de lucha progresivo hasta derrotar al gobierno de Duque. Se limitan a convocar esta clase de jornadas cada cierta cantidad de tiempo, como una vía para calmar la presión de las bases. Su línea principal consiste en el reclamo de una renta de emergencia para los sectores más golpeados por la crisis, que es simplemente un paliativo.

Un punto importante de la jornada del 28 será la denuncia de los crímenes contra activistas sociales (más de 250 en 2020, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz, Indepaz). El último caso es el de Margarito Salas y José Riascos, asesinados en Nuquí, departamento del Chocó (Contagio Radio, 10/4). Vale señalar que la Agencia de Información Laboral acaba de difundir un informe especial que señala que desde 1973 hasta 2020 fueron asesinados 2.377 referentes sindicales en el país, a lo que se deben sumar atentados, desapariciones, amenazas de muerte y desplazamientos forzosos. En el 80% de las agresiones, los grupos paramilitares y el Estado -que en muchos casos actúan mancomunadamente- emergen como los responsables (ver Agencia de Información Laboral, 9/4).

En medio de esta revelación, Duque se reunía con el principal asesor para América Latina de Joe Biden, Juan González, en una reunión en que el funcionario norteamericano ratificó el apoyo a algunas de las políticas más agresivas del mandatario, como lo es la intención de retomar las fumigaciones aéreas de los cultivos de coca con glifosato (Infobae, 10/4), una declaración de guerra contra el campesinado.

Es necesario frenar el proyecto de reforma tributaria, por medio de un plan de lucha del movimiento obrero, estudiantil e indígena que paralice el país. Para ello, es preciso superar la pasividad de las centrales sindicales. Se puede ganar, como lo mostró el pueblo ecuatoriano, que se levantó en 2019 contra el intento de anulación de los subsidios al combustible.

Al mismo tiempo, está planteado el desarrollo de un plan frente a la pandemia y la crisis, que parta del no pago de la deuda externa y la ruptura con el FMI; impuestos progresivos al gran capital; la triplicación del presupuesto de salud y aumento salarial. Las jornadas de noviembre de 2019 marcan el camino.