Colombia asiste este jueves a un paro nacional y manifestaciones que se extienden por todo el país en rechazo al “paquetazo” de medidas que prepara el gobierno de  Iván Duque contra los trabajadores y el pueblo colombiano.

La convocatoria, que estaba prevista hace más de un mes, partió de las centrales obreras colombianas, y se fue extendiendo con la adhesión de distintos sectores sociales, organizaciones de derechos humanos, indígenas y estudiantiles, y varias personalidades del arte y la cultura.

El paquetazo que prevé Duque consiste en la reducción del salario mínimo de los jóvenes menores de 25 años a un 75% de su valor, la eliminación del fondo estatal de pensiones (Colpensiones) y el aumento de la edad de jubilación, la venta de empresas estatales y otras políticas del mismo tenor sugeridas por la OCDE. El rechazo popular a estas medidas ha llevado a que el gobierno tratara de disimular el carácter reaccionario de esta agenda, convocando a las partes implicadas a un dialogo y una negociación. Aunque Duque intente desentenderse este es el norte de la política que se propone impulsar su gobierno. Así lo manifestó el actual senador, y expresidente, Álvaro Uribe, líder del oficialista Partido Centro Democrático.

Un gobierno en la picota

Tras 15 meses de asumido el nuevo gobierno, la imagen del presidente Iván Duque se encuentra por los suelos. Viene de sufrir un fuerte revés en las recientes elecciones municipales. Recientes sondeos arrojan que su nivel de desaprobación alcanza el 69%, su gestión no logra consolidar mayorías en el congreso y en lo que va de su mandato ya tuvo que forzar la renuncia de su ministro de Defensa, Guillermo Botero, implicado en el asesinato de 8 chicos en un bombardeo del Ejército a un presunto campamento de disidencias de las Farc.

Los estudiantes universitarios también se han plegado a las calles este jueves en reclamo ante el incumplimiento de los acuerdos firmados el año pasado tras dos meses de movilización y lucha por sus reivindicaciones. Denuncian que no se han realizado las inversiones comprometidas, del orden de los US$1.300 millones. Así como reclaman medidas contra la corrupción en las universidades y convocan a movilizarse contra la brutalidad policial en cabeza de los escuadrones antidisturbios.

Lo mismo ocurre con las comunidades y organizaciones indígenas, quienes se incorporan a las manifestaciones señalando la política criminal del gobierno de Duque que ya se ha cobrado la vida de decenas de ellos. Según el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), 22 indígenas fueron asesinados en este departamento el año pasado. En lo que va de 2019, son ya 56 las víctimas mortales (BBC 14/11). Las organizaciones sociales hablan de alrededor de 400 asesinatos de líderes sociales, activistas y también exguerrilleros de las Farc, en los últimos cuatro años. Duque plantea un reforzamiento militar de los principales focos de tensión, mientras que, a instancias de Uribe, intenta objetar el acuerdo de pacificación logrado con las Farc.

Al gobierno del derechista Duque se le ha representado su mayor pesadilla: la convocatoria al paro por parte de organizaciones obreras con poca fuerza en el país terminó de servir como un catalizador de la irrupción de una movilización popular que cuestiona todo su régimen político.

Quien se percató de la potencialidad de este fenómeno es la Conferencia Episcopal Colombiana, que se ha manifestado a favor de la jornada. El tono de sus declaraciones va en la línea de incorporarse al proceso como un factor de contención ante las profundas tensiones que se vienen madurando en el país. Su proclama aspira a llevar a la unidad de los colombianos con una arenga que convoca a la pacificación. Según el obispo Elkin Álvarez, secretario general de la Conferencia Episcopal Colombiana, el llamado viene desde el propio Papa Francisco (El Tiempo 15/11), quien indudablemente tiene puesto el ojo en los sucesos que ocurren en la región.

Un fantasma recorre Latinoamérica

La jornada del paro nacional estuvo precedida por un reforzamiento represivo del gobierno, sin precedentes.

Se movilizaron más de 300 tropas del Ejército para reforzar la seguridad de Bogotá y se ordenó el acuartelamiento de primer grado de todos los efectivos militares. Durante los días previos se realizaron unos 30 allanamientos ilegales contra agencias de medios, organizaciones militantes e incluso en las viviendas de los dirigentes que convocan a las manifestaciones, donde se requisaron materiales y panfletos que convocaban al paro, con el pretexto de buscar explosivos y otras supuestas armas.

A principio de la semana, el Ministerio del Interior facultó a todos los alcaldes del país a decretar el toque de queda, restringir la movilidad pública y a asumir otras medidas con motivo de las movilizaciones previstas.

La clausura de los pasos fronterizos hacia Ecuador, Venezuela, Brasil y Perú, hasta el viernes a primera hora, es un síntoma en sí mismo. La tesis que Duque le ha querido vender al mundo es que su gobierno es víctima de un plan de desestabilización de los gobiernos republicanos del subcontinente urgido por el Foro de São Paulo. Se trata de un disparate absurdo de un gobierno que se empieza a ver acorralado por la movilización popular y que teme que la misma se extienda.

El mayor miedo de Duque es que las rebeliones en Ecuador, Haití, Bolivia y Chile se extiendan a Colombia, como un reguero de pólvora que recorre Latinoamérica y sus adyacencias. Es que ante el fracaso de las medidas de austeridad propiciadas por el imperialismo, los pueblos se niegan a profundizar esta vía que lleva directo a mayores penurias para los explotados.

Los explotados de Colombia, y todo Latinoamérica, empiezan a buscar una salida independiente por medio de su movilización y a pesar de cualquier reforzamiento represivo. Este es el camino por el cual podrán madurar una experiencia y sacar las conclusiones políticas que les permitan ofrecer una salida en los términos de una nueva perspectiva social y de clase.