Compartimos una colaboración que nos ha llegado desde Bogotá, donde continúan las movilizaciones, en el marco de la rebelión popular que desató el proyecto de reforma tributaria de la administración de Iván Duque, finalmente retirado. La lucha planteada ahora es lograr la caída del gobierno, evitando caer en las maniobras del diálogo que impulsa el régimen, a la par que continúa la represión.

Cumplida una semana de la muerte del joven de 23 años Cristian David Castillo, impactado por un artefacto lanzado por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), la noche del 23 de junio en la localidad de Suba Bogotá, el presidente Iván Duque, en compañía de la alcaldesa de Bogotá Claudia López, el gobernador de Cundinamarca Nicolás García Bustos y la ministra de Transporte Ángela María Orozco, realizaron un evento para presentar un proyecto de infraestructura en este sector de la ciudad. En el evento desarrollado en el parque Fontanar del Río, los dirigentes no hicieron mención del caso de abuso de fuerza por parte de agentes del Esmad. Sin embargo, los enfrentamientos en los alrededores del lugar se extendieron por más de 12 horas continuas. Existe en el silencio institucional frente a este caso una cuestionable actitud de encubrimiento que busca que pase el tiempo y el ruido mediático del caso baje.

En los disturbios luego de la visita al parque Fontanar del Río en Suba, la ministra de Transporte fue atacada en su caravana de vehículos de seguridad con piedras. Las protestas violentas llegaron a barrios como Bilbao, caminos de la Esperanza y los sectores residenciales próximos al CAI (Centro de Atención Inmediata de la Policía). En los dos meses de paro nacional que se cumplieron el 28 de junio, la mayor parte de las marchas, bloqueos o plantones se ha desarrollado de manera pacífica y miles de ciudadanos han podido manifestar su inconformidad con las políticas neoliberales de Duque y por diversos casos de violencia de Estado sobre los manifestantes. Uno de los lugares emblemáticos de resistencia es la intersección de la Avenida Suba con Avenida Ciudad de Cali, a la altura del Portal de Transmilenio, siendo este sitio punto de referencia de las protestas en este sector. En este punto de protestas, la noche del 23 de junio Castillo fue herido de muerte y en el punto exacto donde su cuerpo herido cayó, se han venido rindiendo diversos homenajes a su memoria; en los siguientes días y por cinco noches consecutivas se presentaron enfrentamientos con la Policía entre el 21 y 25 de Junio, con un balance de más de diez heridos entre policías y manifestantes.

La visita de Duque a Suba en compañía del gobernador de Cundinamarca y la alcaldesa de Bogotá, tenía como objeto anunciar la segunda línea del metro de Bogotá. Sin embargo, el diseño del metro afecta el ecosistema del humedal Tibabuyes (patrimonio ambiental de los bogotanos): recordemos que en este humedal, jóvenes han desarrollado un campamento de protesta para evitar que se construya con estructuras de piedra y ladrillo sobre el ecosistema. El campamento en defensa del Humedal Tibabuyes empezó en el mes de noviembre de 2020, es decir, que la comunidad ambientalista lleva 7 meses impidiendo la obra civil en el lugar. Sumando a lo anterior, la vista de Duque no puede llegar en un momento más sensible para los habitantes de Suba, ya que la muerte del joven Cristian David Castillo, ha estado rodeada de diversos cuestionamientos por lo sucedido con las pruebas y la escena del crimen. También los ciudadanos denuncian la ausencia de comunicados oficiales al respecto por las autoridades.

Suba es la localidad (comuna o distrito) con mayor densidad demográfica de la ciudad; cercana al millón y medio de habitantes, en un espacio geográfico lleno de contrastes, ya que en este sector habitan los estratos sociales más altos y sectores históricamente marginados y abrumados por la pobreza. El objetivo de Duque y Claudia López era presentar el proyecto de segunda línea del metro de Bogotá, cuando aún no han empezado las construcciones de la primera línea anunciadas desde el anterior alcalde. Se han planteado muchos cuestionamientos por corrupción en el diseño del metro de Bogotá por más de 50 años. La adjudicación de la obra de infraestructura más grande de la historia de Colombia a empresas chinas ha generado en la ciudadanía escepticismo por el cumplimiento de las obras prometidas en los tiempos fijados.

En la nueva jornada de protestas se han presentado varias denuncias de violación de derechos humanos por parte del Esmad de la policía: la primera es una agresión de 5 uniformados de la policía del Esmad sobre un menor de edad de 15 años que observaba lo que ocurría en la calle, y fue golpeado a patadas frente a toda la comunidad. El segundo caso grave es registrado por videos ciudadanos en las redes sociales, cuando luego de una brutal golpiza propinada por agentes del Esmad, un joven cae inconsciente y convulsiona producto de los golpes, siendo necesario su traslado a un centro médico donde se encuentra recluido en estado crítico. El tercer caso tiene que ver con el abuso de la autoridad sobre la prensa, ya que fue atacada una periodista de RCN, uno de los medios de comunicación más cercanos y afines al gobierno de Duque, lo que prende las alarmas de todos los reporteros y prensa que cubren las manifestaciones, puesto que siquiera los medios afines al gobierno se encuentran a salvo de agresiones de la policía.

Según las denuncias, elementos como esta esfera son disparados en los ojos o cara de los manifestantes. Fotografía: Camilo Maldonado

Entre tanto, los políticos salieron entre piedras e insultos de Suba; Duque en un helicóptero, mientras que su ministra de Transporte fue atacada con piedras en su vehículo de seguridad, saliendo ilesos todos los funcionarios. Al cierre de esta nota, siendo el 1 de julio de 2021, no se tiene un comunicado de prensa oficial de la Alcaldía local de Suba sobre los hechos ocurridos la noche de la muerte violenta de Cristian David Castillo. Tampoco esta autoridad local ha emitido un informe oficial de heridos en los disturbios de la semana pasada, y en los ocurridos por la visita de Duque el día 29 de junio.

Antecedentes

El estallido social colombiano inició en el año 2019 con las primeras manifestaciones en contra de las políticas del gobierno de Iván Duque y Álvaro Uribe Vélez, que llevaron a miles de jóvenes a las calles del país en un clamor de cambio estructural de la política y justicia social. En noviembre de ese año la sociedad colombiana experimenta un primer momento de organización ciudadana en uso de su derecho a protestar. Las manifestaciones toman las principales calles del país y en los medios de comunicación se empiezan a ver imágenes de enfrentamientos, llamas, y desconcierto realizado. Suba es uno de los sectores de la ciudad donde el estallido social colombiano empieza con gran fuerza; de hecho, las primeras imágenes de incendios y destrucción del paro, se originan en la Avenida Suba y Avenida Ciudad de Cali en 2019, mismo lugar donde es herido de muerte el joven Cristian David.

En ese mismo noviembre, el país se estremece al ver las imágenes que circulan en redes sociales del asesinato de Dilan Cruz, joven de 18 años impactado en su cabeza por un artefacto disparado por un miembro del Esmad. Dilan es trasladado gravemente herido a un centro médico y un par de días después fallece; el caso fue asumido por jueces penales militares, pero recientemente se ha controvertido a esta instancia de juzgamiento e investigación porque la muerte del joven no se puede calificar como un acto del servicio de un agente de policía, motivo por el cual la jurisdicción militar no es la idónea para castigar al victimario, ya que históricamente ha reinado la impunidad en casos semejantes.

Avenida Suba y Avenida Ciudad de Cali, Bogotá. En este lugar cayó herido de muerte el joven Cristian David Castillo, la noche del 23 de junio. Fotografía: Camilo Maldonado.

La muerte del joven Dilan Cruz es el inicio de una compleja serie de hechos trágicos que han cobrado la vida de más de 80 colombianos, centenares de heridos, víctimas de desaparición forzada y la aparición en los últimos meses de cadáveres mutilados en ríos o lugares públicos. Los dispositivos celulares y las redes sociales han permitido hacer evidente los abusos de autoridad y violencia ejercida por parte de servidores públicos contra la sociedad civil.

Suba es también en septiembre de 2020 epicentro de graves hechos de confrontación luego de la violenta muerte del abogado Javier Ordoñez a manos de la policía. La primera imagen que ven los colombianos de una estación de policía quemándose por parte del pueblo indignado, fue en el CAI Suba La Gaitana. La foto de las llamas consumiendo la estación le dio la vuelta al mundo y alimentó la rebeldía social, dejando un balance de más de 40 estaciones de policía quemadas o agredidas con piedras en la ciudad. El dolor que causó ver cómo agentes de la policía violentaron al abogado Ordoñez, derivó en una represión que dejó como saldo trágico más de diez muertos. Una de las víctimas mortales de estas jornadas fue la joven Julieth Ramírez de 18 años, que recibió un disparo de bala perdida al parecer por parte de la policía, mientras paseaba por el lugar en compañía de una amiga, rumbo a su casa. En el CAI de Suba Gaitana, luego de los enfrentamientos, los jóvenes del sector instalan la primera biblioteca popular en los escombros de la antigua estación, dando un ejemplo de resignificación simbólica que se ha replicado en otros lugares de la ciudad y del país. La transformación de una estación de policía en un lugar para la cultura, las artes y la convivencia pacífica, ha sido una de las protestas simbólicas del pueblo, que incluye además, la presión que se viene haciendo para el desmonte completo del Esmad.

La represión al Paro colombiano ha dejado un balance escabroso de violaciones de derechos humanos que obligó a entidades multilaterales de derechos humanos a nivel internacional, desarrollar acompañamiento y visitas de verificación para conocer de primera mano los casos de violencia sobre la ciudadanía. Hubo casos como el de Lukas Villa, un joven que recibió en la ciudad de Pereira ocho impactos de bala que le segaron la vida, mientras participaba de una marcha y a la vista de todos los manifestantes. Las denuncias contra miembros de la policía también tienen que ver con el uso de armas por parte de civiles acompañados por policías, lo que se ha caracterizado como paramilitarismo. También hay denuncias sobre la creación de un centro de reclusión de particulares en donde son trasladados los capturados en las marchas para ser torturados, sin acceso a vistas o abogados, constituyendo una retención ilegal. Sin embargo, lo más grave viene sucediendo desde hace unas 4 semanas, cuando han aparecido cuerpos humanos desmembrados o cadáveres en ríos, al parecer de jóvenes que han participado en las marchas, que en algunos casos fueron capturados por la policía y luego se volvió a saber de ellos. Se hace urgente la atención internacional sobre los casos de violación de los derechos humanos en Colombia bajo el mandato del presidente Iván Duque.