Tras una larga lucha del movimiento de mujeres, se despenalizó el aborto en Colombia. Este lunes, la Corte Constitucional aprobó el fallo que despenaliza el aborto hasta la semana 24 de gestación, luego de una votación peleada con cinco votos a favor y cuatro en contra. Hasta el momento solo estaba permitido llevar a cabo el procedimiento en casos de violación o malformación del feto que pusiera en riesgo la salud de la persona gestante. En caso de hacerlo fuera de estos términos se debía cumplir una sentencia que iba desde los 9 a los 54 meses de cárcel.

La iniciativa fue promulgada por el movimiento “La Causa Justa” que reagrupa más de 45 organizaciones feministas y de derechos humanos. Parte de la estrategia fue demandar el delito de la interrupción temprana del embarazo en la Corte Constitucional, organismo judicial encargado de promover o no las leyes del país. Se optó por esta vía, ya que si se presentaba bajo la forma de proyecto de ley debía pasar por el Congreso, donde los antiderechos cuentan con la mayoría de las bancas.

Desde el año 2006, donde se aprobó una despenalización parcial y condicionada, es que los distintos sectores feministas vienen dando una pelea para que esta ley sea modificada urgentemente, ya que el acceso es muy limitado. Tanto es así, que muchas mujeres optaban por no solicitarlo aunque tenían el derecho legal de someterse al procedimiento. La persecución es tan grande que los profesionales de la salud se rehusaban a realizar el aborto y llevaban a cabo las denuncias. La clandestinidad de la práctica dejaba un saldo de 70 muertes al año, según el Ministerio de Salud del país y más de 400 casos contra mujeres que han tenido que recurrir a atención médica de urgencia por abortos inseguros (New York Times, 21/02).

En noviembre del año pasado dilataron la votación en la institución judicial por maniobras burocráticas -fruto del lobby clerical- alegando que no tenían toda la representatividad para votarla. Perpetuando así la clandestinidad y condenando a las personas gestantes oriundas de zonas rurales a recurrir a métodos inhumanos para la interrupción de embarazos no deseados.

El presidente Iván Duque, perteneciente a la derecha colombiana y abiertamente enemigo del derecho al aborto, se manifestó “preocupado” en contra de la decisión diciendo que “se convertirá en una práctica cotidiana, en un país machista, y que para muchos se volverá un método anticonceptivo para no usar condón” (Ámbito, 22/01). La realidad es que lo único machista son sus dichos. No nos olvidemos que el presidente fue el encargado de querer aplicar un ajuste exigido por el FMI en el año 2019, que terminó con una gran rebelión del pueblo colombiano. El único interés de su gobierno es velar por los intereses patronales. Es que al no estar legalizado el procedimiento, el costo en un centro de salud privado es de 400.000 mil pesos colombianos, equivalente a 101 USD.

Lo conquistado es motivo de celebración parcial. Al no ser legal la práctica del aborto, los profesionales pueden recurrir a la objeción de conciencia para negarse a realizarlo, perpetuando así la clandestinidad. Es por eso que esta victoria marca un precedente y allana el camino para tener de una vez por todas el derecho a decidir. Las mujeres y personas gestantes han demostrado no solo en Colombia, sino en toda América Latina que lucha y organización es la respuesta al silencio que nos quisieron imponer por años.