En 2016, la imagen del jefe de las Farc, “Timochenko”, y Juan Manuel Santos, presidente de Colombia en ese entonces, estrechando sus manos, recorrió el mundo. Tres años más tarde, otra imagen, la de los ex jefes guerrilleros Iván Márquez y Jesús Santrich, anunciando su retorno a la lucha armada, grafica el naufragio de ese proceso de paz.

Si bien la fracción de Márquez y Santrich es minoritaria, y la mayor parte de la ex guerrilla permanecerá reconvertida como fuerza política (bajo el nombre de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común), se espera que aquellos converjan con el sector de las Farc que nunca se desarmó (más de mil combatientes). A esto se suma que continúa en operaciones el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El Acuerdo de La Habana, patrocinado por un amplio arco de dirigentes internacionales de la derecha a la izquierda (Obama, el Vaticano, la Unión Europea, el castrismo y el chavismo), estableció el desarme de las Farc a cambio del no encarcelamiento de los ex guerrilleros (o penas benignas) y una representación asegurada en el Congreso de diez bancas. El acuerdo no ofrecía mayores garantías respecto al reclamo histórico de la guerrilla, una reforma agraria, que era reemplazado por la promesa incierta de un banco de tierras. Este reclamo es clave: los latifundistas poseen el 83% de los campos. En definitiva, el acuerdo no planteaba una alteración sustantiva de las relaciones de propiedad en el campo colombiano. Y, en cambio, despertaba la codicia de intereses agrarios, mineros y petroleros, que veían un campo pacificado como fuente potencial de negocios (cuando el acuerdo empezó a discutirse había un boom de precios en los commodities).

Las Farc llegaron al proceso de paz muy debilitadas con respecto a la notable implantación que supieron alcanzar en sus mejores momentos. Libraron una larguísima guerra con el Estado colombiano, pero sin empalmar (ni proponerse hacerlo) con los procesos de lucha de los obreros y campesinos de su país. Su política ha sido de establecer zonas de control militar y económico propio en el campo colombiano, pero no una estrategia para la toma del poder.

En cualquier caso, el proceso de paz nunca llegó a despegar. Desde que se firmó el acuerdo, se produjeron más de 500 asesinatos de activistas sociales. Esta es una de las razones que esgrimen Márquez y Santrich para volver a las armas. Efectivamente, los grupos paramilitares y bandas criminales continúan operando impunemente, con la complicidad del Estado, al servicio de la oligarquía terrateniente.

Al mismo tiempo, las elecciones presidenciales colombianas fueron ganadas por Iván Duque, un hombre del partido de Álvaro Uribe, que se opuso al proceso de paz. Duque reclamó modificaciones en el acuerdo inadmisibles para las Farc (endurecimiento de las penas judiciales y permitir las extradiciones). Y retomó la política de fumigación aérea de los cultivos de coca con glifosato, a pedido de los yanquis, elevando las tensiones sociales en el campo (algunos analistas entrevistados por el diario El País califican a esta medida como un caldo de cultivo para la guerrilla).

En resumen, lo que ha fracasado en Colombia es una tentativa de superar por arriba un proceso agudo de contradicciones sociales y de clases.

De vuelta a la lucha armada

Hace unos meses que la prensa local se alarmaba por el paradero desconocido de Iván Márquez, principal negociador del acuerdo, que declaró públicamente su ruptura con “Timochenko” este año. A esto se sumó la fuga de Jesús Santrich, detenido en 2017 por presunto narcotráfico y liberado en 2018 para ocupar su banca en el Senado. Ambos referentes de la Farc se sumaban a una larga lista de ex-guerrilleros que estaban en la clandestinidad. Entre las provocaciones de Duque, los incumplimientos del acuerdo por parte del gobierno y la cifra creciente de detenidos y muertos, el cóctel no tardaría en explotar.

Venezuela

Rápidamente, Duque ordenó un recrudecimiento de los ataques militares contra la guerrilla. Pero además, aseguró que cuentan “con el albergue y apoyo de Nicolás Maduro", con el evidente propósito de justificar su andanada de provocaciones contra Venezuela. Duque es un alfil de las provocaciones golpistas de Trump, al punto de ofrecer el territorio colombiano como plataforma del operativo golpista del 22F de Juan Guaidó (bajo la pantalla de la ayuda humanitaria).

El gobierno de Duque lleva a cabo una política de ajuste contra los explotados colombianos, sintetizada en el Plan Nacional de Desarrollo. Ha encontrado, como obstáculo, una importante ola de luchas y paros de docentes y estudiantes.

Si consideramos la situación de la vecina Venezuela, con millones de desplazados, estamos asistiendo a una recreación de las tensiones a escala regional. Partiendo de una campaña contra el bloqueo a Venezuela (sin dar ningún apoyo político al gobierno ajustador y antiobrero de Maduro), es necesario salir a enfrentar la política del imperialismo y sus títeres en la región, que sólo garantiza hambre y crímenes contra las masas.