El grado de corrupción y vinculación con el narcotráfico por parte del gobierno colombiano ya comenzó a crear un cuadro de crisis que podría comprometer al régimen político de conjunto. Con decenas de funcionarios y 86 legisladores investigados por sus vínculos con paramilitares, Uribe encuentra comprometidos sus planes para conseguir la habilitación de la Corte Suprema para ir por su segunda reelección.

Por otro lado, la Corte acaba de rechazar la terna de candidatos presentados por el gobierno para presidir la Fiscalía, órgano encargado de “coordinar la política criminal con el Presidente de la República” (El Tiempo, 20/9). El control de este organismo por parte del gobierno resulta clave para el funcionamiento sin sobresaltos de la futura estructura de inteligencia del Estado, que reemplazará al “viejo” Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), denunciado precisamente por la Fiscalía de encontrarse “al servicio de los paramilitares”. Incluso el Departamento de Estado de Estados Unidos -interesado en que nada perturbe la instalación de sus siete bases militares en Colombia- presionó a favor de la disolución del organismo. Las denuncias comprometían al DAS desde hace por lo menos tres años. Sus últimos cuatro directores están siendo investigados por vínculos con paramilitares y por escuchas ilegales a candidatos de fuerzas opositoras, jueces de la Corte Suprema, periodistas, líderes sindicales y defensores de los derechos democráticos (Página/12, 20/9).

De todos modos, el nuevo organismo que se constituirá no será sino una réplica del disuelto, con la ventaja de partir de foja cero para continuar con las “chuzadas” (espías) habituales.

El avance de la actividad terrorista en Colombia, la imbricación del Estado con la actividad narcotraficante que permitió inyectar dinero y dinamismo a la economía del país, obliga a Uribe a perfeccionar los controles estatales sobre esta actividad; por esta razón necesita la re-reelección, el control directo de la Fiscalía e introducir reformas legales que le permitan desconocer los vetos de la Corte Suprema.

La popularidad de Uribe

Sin embargo, el dato más notable de la situación política en Colombia es la enorme popularidad que mantiene Uribe, quien según recientes encuestas concentra más del 65% de la intención de voto (Clarín, 12/9). Como en otros países, la tendencia al financiamiento de la economía capitalista con dinero derivado de la droga y del contrabando de armas -exacerbada por la crisis, ya que el dinero sucio se convierte en único capital líquido disponible para la inversión- permitió mantener cifras de inversión y empleo que sostuvo los niveles de adhesión al régimen.

Con todo, la crisis mundial capitalista ya ha dejado a más de un millón de personas sin trabajo, y por la actividad paramilitar cerca de tres millones y medio de campesinos fueron desplazados de sus tierras. Más temprano que tarde deberán salir a luchar. Más que nunca necesitamos un congreso latinoamericano de organizaciones políticas y sociales para echar a los Uribe, pero también para enfrentar y desenmascarar a sus falsos opositores de la Unasur que en toda América Latina se predisponen a una nueva claudicación.