El nuevo acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC, que ha comenzado a discutir el Congreso, recoge muchos de los planteos del uribismo, principal fogonero del No que triunfó en el plebiscito de octubre y hundió los acuerdos de paz originales.

 

Entre esos puntos, se satisfacen las preocupaciones de las iglesias evangélicas, uno de los actores fundamentales en la victoria por el No. “Vamos a sacar todo aquello que amenace a la familia, que amenace a la Iglesia y vamos a buscar una frase, una palabra, que no le dé temor a los creyentes”, dijo el presidente Santos (El País, 24/11).

 

También se satisfacen las preocupaciones del uribismo en cuanto a la defensa de la propiedad terrateniente. “Se insistió en que nada de lo que esté incluido en la reforma agraria afectará la propiedad privada. A nadie se expropiará, como temían los partidarios del No” (ídem, 13/11). Tampoco se concede estatus constitucional al acuerdo.

 

Con respecto a las FARC se puntualizan los lugares donde los guerrilleros deberán cumplir las penas de prisión y se obliga a la guerrilla a armar un inventario de bienes para reparar a las víctimas del conflicto. A la vez, se establece un vínculo entre el sistema de Justicia transicional y el sistema de Justicia ordinario.

 

No es no

 

El uribismo, fortalecido por el triunfo en el plebiscito, ha rechazado los acuerdos como “cosméticos” y reclama mayores concesiones, así como la refrendación de los acuerdos en un nuevo plebiscito. Fundamentalmente, rechaza que los jefes de las FARC puedan participar de la vida política. Apunta, de este modo, a uno de los únicos puntos que las FARC lograron mantener en pie (los acuerdos aseguran, por ejemplo, una representación política a la guerrilla en el Congreso).

 

En términos más de fondo, el uribismo rechaza el convite del gobierno a un gran pacto nacional.

 

Aunque el gobierno de Santos contaría con una mayoría parlamentaria para lograr la aprobación de los acuerdos, debió evitar un plebiscito por temor a una nueva derrota y debió apelar a un mecanismo cuya legalidad es discutida por la oposición. 

 

En resumen, el acuerdo que hasta hace algunos meses gozaba de la fuerza y del amparo de toda la 'comunidad internacional' se termina votando de contrabando y a las apuradas en el Congreso. La fortaleza de un proceso alentado por Obama, el Vaticano, la Unión Europea, el castrismo y el chavismo, ha devenido -con la crisis de todos estos actores mediante- en un proceso “más frágil que el cristal”, como decía la canción.

 

2018

 

Las FARC han impulsado un “gobierno de transición” para lograr el éxito de los acuerdos y -como instrumento político- una “coalición por la paz” de cara a las elecciones presidenciales de 2018, con un candidato de consenso contra el uribismo.

 

La victoria del No ha profundizado la subordinación de la izquierda al ‘ala democrática’ del imperialismo. En 2014, la Unión Patriótica (ligada al PC), sectores del Polo Democrático y el ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, llamaron a votar por Santos en el balotaje.

 

Clara López, miembro del Polo Democrático, integrada al gobierno de Santos como ministra de Trabajo, ha justificado esta megaalianza de izquierda a derecha con el propósito de evitar un “trumpazo” (El Tiempo, 28/11). Pero es precisamente esta postración de la izquierda ante la burguesía lo que podría favorecerlo, como ocurrió en los propios Estados Unidos con la renuncia de Sanders a una candidatura independiente y su subordinación a la desprestigiada Hillary Clinton.

 

Incertidumbre

 

En medio de esta situación, la profundización de operaciones paramilitares ha puesto en evidencia la naturaleza nada 'pacifista' del Estado colombiano. La impunidad de estos crímenes y el silencio de Santos muestran la barrera de sangre que separa a todas las fracciones de la burguesía de las masas colombianas.

 

Esta inestabilidad aflige a los defensores del proceso de paz que no quieren ahuyentar los intereses económicos que, en su momento, motorizaron los acuerdos. Un analista asegura todavía que la pacificación de Colombia implicaría el aflujo de 36 mil millones de dólares de inversión extranjera directa en cuatro años, así como la repatriación de capital que hoy se encuentra en paraísos fiscales (ídem).

 

Pero las premisas políticas y económicas que impulsaron el acuerdo se han ido descomponiendo al calor de los cambios en la situación mundial. La desaceleración económica colombiana se explica fundamentalmente por el retroceso en la actividad minera y petrolera, atribuible directamente a la crisis capitalista internacional y que eran dos de las locomotoras del acuerdo.

 

Para que la debacle inevitable del gobierno antiobrero de Santos dé lugar a una salida por izquierda, es necesario construir una fuerza revolucionaria delimitada de la burguesía. En caso contrario, sólo se abonará el regreso al poder de los Uribe.