Mónica Baltodano, una de las comandantes guerrilleras del sandinismo, protagonista de la revolución de 1979 que derribó a la dictadura de los Somoza en Nicaragua, protagonizó una jornada de denuncia y debate en la Legislatura porteña. En la misma participaron legisladores y militantes de IS, PTS y PO (integrantes del FIT U).

Mónica hizo un pormenorizado análisis de la transformación de Daniel Ortega: de uno de los comandantes de la revolución, al actual dictador derechista capitalista, que se sostiene en el poder en forma autoritaria y represiva. Ortega retornó al gobierno en el 2007 pactando con la derecha del ex presidente Arnoldo Alemán una coparticipación para ir copando nichos de poder dentro del régimen burgués (justicia, etc.).

También denunció el trabajo de cooptación (y represión a los que no se asimilaran) de dirigentes de organizaciones sindicales y de masas, para regimentarlas y paralizarlas. Dio el ejemplo de un importante dirigente sindical de los gremios de salud que se transformó en el principal importador de material sanitario (y empresario).

La comandante Baltodano señaló que el presidente Ortega impulsó un programa de privatización de empresas estatales que se habían nacionalizado con la revolución de 1979. Para hacer pasar este avance “liberal”-capitalista, Ortega sacó una ley que otorgaba 25% de las acciones de la empresa a los trabajadores, buscando corromperlos con la zanahoria de convertirlos en “accionistas” del capital. Por supuesto que las empresas se privatizaron pero los obreros nunca vieron una acción, quedando estas bajo la férula de la burocracia sindical cooptada. Lo mismo que hizo Menem en la década del ‘90 cuando creó la Propiedad Participada ofreciendo 10% de las acciones a “los trabajadores” para privatizar las empresas estatales, que quedaron en el bolsillo de las burocracias sindicales.

Mónica denunció que los acuerdos pactados con la Venezuela chavista para recibir petróleo subsidiado (presentados como una acción solidaria contra el bloqueo imperialista) sirvieron para la creación de una serie de empresas privadas que los comercializaban en Nicaragua. Se trataba de “amigos” o testaferros del orteguismo que le anteponían el prefijo de ALBA.

La heroica rebelión del 2018 fue reprimida a sangre y fuego. Protagonizada íntegramente por la juventud y los explotados nicaragüenses contra el gobierno de Ortega. Fue empantanada y desviada por las mediaciones de la OEA, la Iglesia y el gran capital, que le dio valioso tiempo a Ortega para perfeccionar su sistema dictatorial.

Desde entonces, la represión se acrecentó. Detenciones de opositores militantes y dirigentes, proscripción política, elecciones amañadas sin oposición, disolución de toda organización civil (más de 3.000 cerradas). En febrero de este año, Ortega expulsó 222 opositores de derecha e izquierda que estaban detenidos. Pactó el envío de estos a Estados Unidos. Los desterrados, además de otros exiliados previamente, como la propia Mónica y su familia, fueron además privados de la ciudadanía nicaragüense. Mónica llamó a redoblar la solidaridad internacional contra la dictadura, para liberar a los presos e imponer la vigencia de las libertades democráticas.

En la jornada intervinieron varios diputados y referentes de la izquierda. Rafael Santos lo hizo por el PO. Señaló que no se trataba simplemente “de un problema moral o de ‘lucha por el poder’”. Ortega se dedicó a impulsar no solo acuerdos con las viejas oligarquías burguesas de Nicaragua, sino a crear una nueva burguesía. Su mismo grupo familiar se hizo dueño monopólico de las empresas de electricidad (cobran las tarifas más altas de Centroamérica). Para ello usó fondos estatales y préstamos que acrecentaron la deuda externa hasta llegar a 15.000 millones de dólares. Un récord: ¡110% del PBI! Los pagos de deuda superan los 800 millones anuales.

La heroica revolución sandinista no se propuso expropiar al conjunto del gran capital, sino particularmente la propiedad somocista, y convivir con el Estado burgués, pensando que podía manejarlo. Uno de sus objetivos fue crear una “burguesía nacional: una burguesía en córdobas” (moneda nicaragüense). Esta “creación” se está imponiendo hoy a sangre y fuego, aumentando la explotación del pueblo trabajador: el salario mínimo no llega a la mitad de la canasta básica e incluso el salario promedio está por debajo de la misma. Ortega empobrece a los trabajadores del sector público y es cómplice de los bajos salarios privados (paraíso para capitalistas de zonas francas, maquilas, etc.).

Baltodano denuncia que el gobierno de Ortega no es sandinista, ni revolucionario, ni antiimperialista, ni socialista: es una dictadura capitalista represiva.

Como en casi todos los conflictos internacionales, el imperialismo se disfraza de “defensor de los derechos humanos” para diferenciarse de la dictadura y renegociar sus acuerdos. No será este el que imponga las libertades democráticas y su intervención política condicionará la necesaria independencia para desarrollar una movilización independiente de las masas.

El nacionalismo burgués latinoamericano defiende al gobierno de Ortega, asimilándolo a la revolución de 1979. Las denuncias de Mónica se hacen sentir políticamente. El jueves una delegación de un organismo filo K (Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos) se apersonó a la embajada nicaragüense en Buenos Aires, para manifestarle su solidaridad al gobierno de Ortega. Sin decir palabra de la represión dictatorial. Es evidente que esta visita es en respuesta a la presencia de Mónica Baltodano en la Argentina.

Nos oponemos a boicots y sanciones que toma el imperialismo para imponer su “orden”. Advertimos que sería un grave error apoyar la formación de grupos como el de Contadora en la década del 80, con gobiernos latinoamericanos, para que negocien una “salida democrática” para Nicaragua. Esto terminará en un condicionamiento para bloquear la organización y movilización independiente de las masas nicaragüenses y latinoamericanas.

Una delegación de la izquierda argentina que viajó a Nicaragua para reclamar por la situación de los presos políticos no pudo llegar a su objetivo porque el gobierno de Costa Rica (la llamada Suiza de América) no le permitió cruzar la frontera hacia Nicaragua. El gobierno de Lula tampoco ha reclamado siquiera la libertad de los presos y ya hemos visto su posición favorable al golpe de Dina Boluarte en Perú, proveyendo incluso de armas y municiones usadas en la represión.

Debemos luchar por los derechos del pueblo trabajador y el cese de la represión. Como dijo en su cierre Mónica Baltodano: “No tenemos la culpa si la derecha en sus presiones sobre Ortega sale a utilizar el problema de los ‘derechos humanos’. El problema está en los silencios de la ‘izquierda’ que deja que se siga descargando la represión sobre el pueblo”.

Una nueva revolución, tarde o temprano, volverá a enancarse en Nicaragua e impondrá, esta vez, un verdadero gobierno de los trabajadores.

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