Todo el gobierno de Allende estuvo marcado por una intensísima lucha de clases y una polarización de fuerzas creciente entre la revolución y la contrarrevolución. El gobierno precedente, del democristiano Eduardo Frei, venía siendo jaqueado, a partir de 1967, por un enorme ascenso de la lucha social. Huelgas en las fábricas, ocupaciones de fundos, manifestaciones masivas de los pobladores sin vivienda de la periferia de Santiago, movilizaciones crecientes de los estudiantes… Cuando faltan pocos meses para las elecciones presidenciales, millones de campesinos cumplen exitosamente el primer paro agrario de la historia chilena y al poco tiempo la central obrera paraliza el país durante 24 horas. Los comités de la Unidad Popular se reproducen con tal rapidez que en septiembre del ‘70 eran 14.800 en todos los puntos del territorio. La campaña es una batalla violenta con la derecha que recluta matones en el hampa; más de 50 locales de la UP son destruidos por atentados de grupos fascistas. El 4 de septiembre Allende gana con el 36% de los votos. Un enorme sector del campesinado, la clase media urbana y las mujeres se pronuncian por la izquierda. El festejo popular cubre todo Chile.

El programa de la Unidad Popular y su política

El programa de la UP, una alianza del Partido Comunista y el Socialista, con sectores desprendidos de la Democracia Cristiana y del Partido Radical, plantea diversas nacionalizaciones y una reforma agraria con métodos capitalistas (indemnizaciones y respeto a la propiedad privada). La UP reivindicaba el “constitucionalismo” para enfrentar así cualquier poder autónomo de los explotados. La reivindicación irrestricta de las “instituciones” se oponía a las ocupaciones de tierras, a las manifestaciones de autodefensa obrera contra la derecha y a la acción directa de los obreros contra las grandes propiedades capitalistas.

En octubre de 1972 la tensión alcanza un pico sin precedentes y estalla una “insurrección patronal”. Se generaliza el mercado negro, el desabastecimiento y la desorganización económica. La derecha se larga a una huelga de camioneros que extrema el caos social. Sin embargo, la reacción obrera deja completamente descolocados a los reaccionarios y sorprende a la propia UP. Centenares de fábricas son ocupadas y los trabajadores las hacen funcionar sin gerentes ni patrones. En los barrios brotan organismos de control popular contra el desabastecimiento, los grandes comercios son obligados a abrir sus puertas por la fuerza. En el sur se producen requisas de camiones para garantizar el transporte de alimentos. La insurgencia toma la forma de un doble poder: aparecen los Cordones Industriales que coordinan la acción de las fábricas ocupadas. Las Juntas de Abastecimiento se multiplican y adoptan funciones ejecutivas en el control de la compraventa de alimentos. En el campo aparecen los Consejos Comunales, nucleando a los ocupantes “ilegales” de fundos.

Ante el doble poder, Allende convoca al gobierno cívico-militar

Es precisamente luego de los sucesos de octubre del ’72 que Allende recurre al ejército y nombra en noviembre tres ministros militares. No es una improvisación. Desde el mismo día en que asume intenta congraciarse con las fuerzas armadas. No depura a la oficialidad reaccionaria ni toca a los servicios de informaciones, aunque sabe que están en manos de la CIA. Ni siquiera sugiere cambios en las juntas de calificaciones del alto mando, como habían hecho sus antecesores. No objeta la relación militar con el imperialismo ni la participación en los operativos Unitas. Todas las solicitudes de equipamiento son satisfechas por el presupuesto nacional. Es claro que con la designación del gabinete militar, Allende espera tranquilizar a la burguesía y, por sobre todo, reforzar la independencia del gobierno respecto de las masas insurrectas e inclusive de la propia UP. Se dicta el “estado de emergencia” y una ley de “requisa de armas” que sirve para iniciar una campaña de allanamientos a los arsenales obreros en formación. Se plantea limitar rigurosamente el número de nacionalizaciones y se reclama, además, la devolución a sus propietarios de 123 empresas ocupadas por los obreros. (Cuando ahora el sociólogo chileno Tomás Moulian dice que el “carácter revolucionario de Allende consistía en su propósito de democratización radical de todas las esferas de la vida social como eje de la transformación social”, simplemente no sabe de lo que habla.)

En octubre-noviembre del ‘72, la burguesía percibe ya que para cortarle el paso a la revolución no basta con las concesiones políticas que hace el gobierno a los contrarrevolucionarios. Las utiliza, en realidad, como una pantalla para la preparación de un golpe en regla. Cuenta para esto con la colaboración del gobierno y del PC. Así, el diario del PC – El Siglo – repite: “Hemos tenido, tenemos y tendremos confianza en las fuerzas armadas”. Entre tanto, los locales de la izquierda son allanados cotidianamente por los militares y los pocos fusiles recolectados por los obreros son incautados por la Marina.

En agosto del ‘73 se produce la ofensiva final de la burguesía. Las cámaras empresariales se pronuncian por el golpe y desatan el caos comercial y la hiperinflación. Los hospitales dejan de funcionar y la radio transmite cada 5 minutos una tanda publicitaria que pide la renuncia de Allende. El día 24 de agosto, el jefe del Ejército, Prats, da el último paso: presenta su renuncia y Allende lo sustituye por… Pinochet. (Pinochet le contó a su biógrafo que Prats lo recomendó para el puesto [La Nación, 15/9].) El 11 de septiembre estalla el golpe y se impone rápidamente en todo el país. La ilusión da paso a la tragedia.

(Artículo elaborado sobre la base de una serie de tres extensas notas sobre la revolución chilena publicados en sucesivos números de Prensa Obrera de septiembre de 1986)