El artículo que publicamos a continuación es una colaboración del docente mexicano Egbert Méndez, militante de la agrupación Queremos trabajo digno e integrante del portal Insurgencia Magisterial, quien describe la lucha de la docencia mexicana por sus reivindicaciones, contra las desapariciones forzosas que han tenido lugar en México y por los derechos de los pensionados en dicho país.

La lucha de la clase trabajadora en México, en distintos momentos de su historia, ha tenido centros de aglutinamiento que han contenido la fragmentación a la que suele tender la izquierda anticapitalista: marxistas, anarquistas, sindicalistas, autonomistas, etc. Esa es una de las significaciones del magisterio organizado en torno a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), donde confluyen un sinfín de corrientes, incluso no solo anticapitalistas, también reformistas.

Desde finales del año pasado, la CNTE anunció su regreso a las masivas movilizaciones que realiza en las calles de diversas entidades del país. La gestión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) las había logrado poner en pausa, las y los profesores estuvieron a la expectativa en diversas mesas de negociación, para exigir que se revirtieran centralmente dos ofensivas de los gobiernos anteriores: la reforma educativa neoliberal de carácter laboral contra el sector docente que impulsó el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) impuesta por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) que privatizó en 2007 el sistema de pensiones, además de aumentar la edad de jubilación. Diez Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), que son instituciones financieras privadas, controlan estos recursos de la clase trabajadora.

La legitimidad y hegemonía política que constituyó el obradorismo y su partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), logró contener al magisterio combativo por ¡seis años! Hasta que estos se dieron cuenta que solo estaban administrando el conflicto. Durante al menos las tres décadas anteriores, el magisterio había tensado la lucha de clases, dándose fuertes enfrentamientos del gobierno en su contra, encarcelamientos y hasta asesinatos.

Resulta que el sector magisterial tiene una fuerte tradición en las luchas anticapitalistas, baste dar dos ejemplos. Estuvieron involucrados directamente en la formación del movimiento armado socialista desde sus orígenes en 1965, hasta la constitución del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1983, pasando por la Liga Comunista 23 de Septiembre; en 2006 detonaron la creación de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), durante el gobierno de Vicente Fox, quien hizo intervenir a las fuerzas federales para frenar su crecimiento. Hay que especificar que se trata principalmente de profesores adscritos a la Secretaría de Educación Pública (SEP), que cuenta con un universo de poco más de dos millones de personas, encargados de la educación básica, que atiende a la niñez desde la primera infancia hasta los 15 años de edad (educación preescolar, primaria y secundaria, como se conoce en nuestro país).

La historia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) data de 1979, que logra reunir en Chiapas a contingentes de docentes de todo el país, en busca de crear un sindicalismo autentico, democrático y no subordinado al partido de Estado, Partido Revolucionario Institucional (PRI), como sí lo estaba el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que hoy reconfigura sus lazos con el partido Morena para contener el malestar del magisterio.

Como dijimos, la CNTE se mantuvo a la expectativa durante el sexenio de López Obrador, el desencanto llegó cuando no vieron resolver sus históricas demandas, más al contrario, se agravaron. Una de las molestias centrales fue que a la ley del ISSSTE de Calderón, en 2016, se le añadió que el pago de la pensión se tasara en Unidades de Medida y Actualización (UMAs), disminuyéndola, pues antes se tasaba en salarios mínimos y que el gobierno de Obrador no revirtió; hoy la UMA asciende a $170 dólares mensuales aproximadamente, mientras que el salario mínimo es de $412 dólares mensuales en la zona centro del país. Otra molestia fue que la reforma educativa peñanietista tampoco fue eliminada en su totalidad.

Si bien desde el 9 de diciembre de 2024 la CNTE anunció que volvía a las manifestaciones, fue a raíz de una nueva iniciativa de ley propuesta por la actual presidenta Claudia Sheinbaum lo que desencadenó estrepitosamente el ascenso de la lucha magisterial. La iniciativa, presentada en febrero del año en curso, pretendía elevar las cuotas personales al pago de la seguridad social de un sector de afiliados al ISSSTE, los que ganaran más de diez UMAs. En vez de gravar con impuestos a las grandes fortunas o cancelar el pago de deudas públicas ilegitimas (adquiridas por privados pero que le endosan a la clase trabajadora), la quiebra del sistema de seguridad social nacional pensaban subsanarla con este aumento de cuotas. Las inmensas movilizaciones a lo largo de toda la República, que cerró con un paro de docentes los días 19, 20 y 21 de marzo, concentrados en un inmenso plantón de veinte mil personas en el Zócalo de la Ciudad de México, fueron las que detuvieron las pretensiones del gobierno.

La lucha sigue abierta, pues el movimiento magisterial tiene en la mira echar atrás la privatización de las pensiones, que afecta no solo a los docentes, sino a todas las personas trabajadoras al servicio del Estado —los afiliados al ISSSTE son alrededor de tres millones—; para tal fin, en su más reciente asamblea nacional representativa, la Coordinadora decidió el estallamiento de una huelga nacional para el próximo 15 de mayo.

Cabe señalar que, debido a la política laboral neoliberal, en las dependencias públicas hay un subregistro de trabajadoras y trabajadores al servicio del Estado, pues muchos llevan tres, cinco, diez, veinte y hasta treinta años con contratos que no reconocen la relación laboral, es decir, el Estado no los reconoce como trabajadores, no cuentan con ningún derecho establecido en la ley, no están afiliados al ISSSTE; no es una cifra menor, no es un daño colateral.

Al unísono de esta lucha, la crisis de desapariciones forzadas también está abriendo otro frente con el potencial de decantarse contra el capitalismo y la militarización que los gobiernos federales del Partido Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Morena han llevado a cabo.

Oficialmente se reconocen 127 mil personas en esta situación, pero hay una cifra negra que podría superar el millón de personas y es que, en México, nueve de cada diez delitos no se denuncian. ¡Es una catástrofe humanitaria! Lamentablemente, como hizo el cálculo Rosa Luxemburgo, la barbarie del capitalismo nos alcanzó. El problema de la desaparición forzada no es nuevo, se puede historizar en dos ondas largas: la que va de 1969 a 1990, fue la que el Estado usó para reprimir al movimiento armado socialista (la guerrilla mexicana); y la que compete a la rentabilidad de la industria ilegal, que va de 1991 a nuestros días. En ambas, el Estado está involucrado, sea de forma activa o aquiescente, es decir, en complicidad u omisión. En 2014 tuvimos el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, que le causó una grave crisis política al gobierno de Peña Nieto.

El partido en el gobierno enfrenta serios cuestionamientos, pues en su lógica electoral contra la oposición que llama de derecha (aunque en su política efectiva tengan similitudes), increíblemente está desconociendo que exista el fenómeno. Tomando una actitud que se inscribe en la lógica del proceso desaparecedor; pues esta consiste precisamente en dejar de buscar a las personas bajo un sinfín de narrativas. Con Milei, el público argentino conoce bien el negacionismo que acá en México se presenta con personajes a los que se les pone un signo de “izquierda”, pero que en los hechos efectivizan la misma política desaparecedora, es el caso del senador del partido Morena Gerardo Fernández Noroña.

La organización del magisterio y las colectividades de búsqueda de personas desaparecidas, son dos luchas que después de seis años de contención, tienen dificultades para ser gestionadas eficazmente por el gobierno. Es así que se nota un ascenso de la lucha de clases abierta, pues vuelve a la escena política.

¡Viva la lucha de la clase trabajadora!

"El Foro me parece fundamental para conocer de primera mano la experiencia de la represión a lo largo del mundo"

Reportaje a Diego, del GAR de México, acerca del foro internacional antirrepresivo del 26 de abril. -

www.prensaobrera.com