Un tribunal hondureño condenó ayer por asesinato a siete personas involucradas en el crimen de la militante ambiental Berta Cáceres, en 2016. El monto de las penas se conocerá a comienzos de enero.

Tres sicarios, el gerente de comunicaciones de la empresa DESA (Desarrollo Energético) y tres militares conformaron el grupo que atentó contra la vida de la referente ambiental para despejar el terreno a la radicación de una represa hidroeléctrica en la comunidad lenca. En el juicio se ha dado por probado que las protestas lideradas por Cáceres y el Copinh (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) molestaban a la compañía y que el referente empresario se confabuló con los militares, quienes a su vez contrataron a los sicarios que efectuaron los disparos que también hirieron al ambientalista Gustavo Castro. En febrero de 2016, un mes antes del asesinato, se había producido un atentado frustrado contra Cáceres. Como una especie de victoria póstuma, el proyecto hidroeléctrico continúa detenido hasta el día de hoy.

Los familiares de Berta y las organizaciones indígenas y de Derechos Humanos han cuestionado severamente a la justicia por no avanzar sobre los máximos responsables del crimen. “Faltan los Atala”, dicen, en referencia a una poderosa familia de accionistas de la compañía. El grupo criminal operó en estrecho contacto con los ejecutivos de la empresa, pero el gobierno se ha empeñado en cortar la cadena de responsabilidades lo más bajo que se pueda. En el caso del presidente de la compañía, David Castillo, se encuentra detenido y deberá enfrentar un juicio aparte próximamente.

El proceso investigativo fue irregular y sólo se llegó a estas primeras condenas como resultado de una tenaz lucha de las organizaciones, que cobró repercusión internacional. La familia de Berta y Castro denuncian que no tuvieron acceso completo al expediente y recusaron al tribunal, pero el juicio se desarrolló de todos modos, con la exclusión de ellos, designándose al Ministerio Público como sus representantes.

El crimen de Berta Cáceres muestra un entrelazamiento directo del aparato estatal y la clase capitalista para liquidar a los luchadores y consagrar la impunidad de los responsables. Algo en lo que Honduras tiene una siniestra tradición, con 120 militantes ambientales abatidos entre 2010 y 2016, de acuerdo a un informe de la ONG Global Witness.

Mientras se conocía la sentencia, el presidente Juan Orlando Hernández se congraciaba por el ingreso hondureño al Guiness de los récords por haber hecho “la taza de café más grande del mundo”. Esto en el país de donde parten las caravanas asediadas por la miseria y las bandas criminales. Es el mandatario reelecto fraudulentamente el año pasado, con apoyo yanqui, en medio de una represión contra las protestas que dejaron 30 muertos.

Juicio a todos los responsables del crimen de Berta Cáceres. Abajo el régimen criminal de Juan Orlando Hernández.