09/07/2021

Consulta popular en México: hay que juzgar y castigar a todo el régimen semicolonial

En 2014 fue sancionada una ley de consulta popular por parte del parlamento mexicano (Ley Federal de Consulta Popular). Ocurrió antes de la derrota aplastante del PRI a manos de Morena, que tuvo lugar en 2018, y estaba dirigida a diversos aspectos políticos, económicos o sociales, por ejemplo: la construcción de un nuevo aeropuerto o del llamado tren maya. La consulta, que tendrá lugar el 1º de agosto de este año tiene otro tenor porque contiene una pegunta por demás significativa para la conciencia colectiva de los oprimidos de México: “¿ Está de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

La ley propuesta rompe con la impunidad de la que gozan legalmente los presidentes y expresidentes mexicanos, aunque la Suprema Corte que aprobó este texto suprimió de él a los ex presidentes que mencionaba el proyecto original. Es que estos expresidentes son responsables de delitos de naturaleza diversa que han afectado las condiciones de existencia de los trabajadores y oprimidos mexicanos. Carlos Salinas de Gortari fue impuesto mediante un fraude electoral, la llamada caída del sistema, cuando hubo un error en las computadoras que hacían el conteo de votos de las elecciones; en ese momento el contrincante era Cuhautémoc Cárdenas. A Ernesto Zedillo, que ocupó la presidencia entre 1994 y 2000, se lo acusa por adjudicar deudas privadas que ascienden a 552 millones de pesos mexicanos. Se trata del rescate de la deuda del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) por la que quedó un faltante de dos billones de pesos. A Vicente Fox se lo acusa de intervenir en forma ilegal en la elección en la que confrontaban Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador. Calderón, por su parte, es acusado de cien mil homicidios dolosos y 20.000 desapariciones con la excusa del combate al narcotráfico. Hay que añadir que para cometer estos delitos, nombró a Genaro García como secretario de seguridad, a sabiendas de sus vínculos con el narcotráfico. Peña Nieto, antecesor de López Obrador, es responsable de haber obtenido el financiamiento de su campaña a través de sobornos anticipados de la empresa Odebrecht.

La supresión de los nombres de estos expresidentes no es en absoluto casual. Se trata de impedir que los responsables de estas tropelías contra los oprimidos de México sean perfectamente identificados, y de esta forma hacer muy general la compulsa para diluir el impacto del resultado. Ya el mismo texto del referéndum está afectado de enormes límites por estar encuadrado en las leyes vigentes y en la misma constitución, que son parte del régimen semicolonial mexicano, que está en el mismo origen de los delitos contra el pueblo mexicano y de los presidentes que los han cometido.

A pesar de haber sido López Obrador quien presentó la iniciativa en el Senado, ésta no hubiera prosperado de no haber mediado la acción decidida de activistas de Morena, quienes sin el respaldo financiero del mismo superaron las 1.800.000 firmas necesarias para convertir en ley la iniciativa, alcanzando 2.800.000. El propio López Obrador se ha ocupado de desalentar la participación popular en el referéndum diciendo que no iba a ir a votar: “Adelanto que yo de manera pública, desde que tomé posesión, sostuve que no iba a participar y que además, teníamos que ver hacia adelante y poner un `punto final, solo con el compromiso de la no repetición, de no hacer lo mismo, como ha venido sucediendo, no se toleren ni la impunidad ni la corrupción”. Esta es una verdadera zancadilla al referéndum popular que necesita, para ser vinculante, 37 millones de votos (un 40% del padrón electoral). Pero hay otras desde el mismo aparato gubernamental: la secretaría de Hacienda ha bajado la cifra comprometida para la consulta a la mitad, es decir que solo aportará 522.730.235 pesos mexicanos, y abrirá la mitad de las mesas necesarias: 50.000. Ariadna Baliema, miembro del Comité promotor de la consulta ciudadana ha denunciado que el Instituto Nacional Electoral ha puesto obstáculos a la realización de esta consulta. Objetivamente el sabotaje desde el mismo gobierno, hace más sencilla la tarea de la derecha. Fox, uno de los expresidentes afectados, llamó a través de un tweet a tirar a la basura, a no participar de esa “ farsa”.

Como vemos, asistimos, dentro del propio Morena, a una divergencia de hecho porque mientras el propio presidente desarrolla un boicot, una franja de militantes lo impulsa. Uno de los promotores del referéndum, defensor de los derechos humanos y sobreviviente de la masacre de Ayotzinapa, en la noche en que desaparecieron 43 estudiantes normalistas ha sido enfático: “este ejercicio contribuye a ampliar” y “profundizar las transformaciones que requiere el país”, para añadir: “lo más importante de haber propuesto la iniciativa es que la gente se movilizara, que despertara de este letargo en que nos mete la pandemia (…) Desde hace rato vengo analizando llamados que hace el presidente de la república: ‘ayúdenme a transformar en el país’. Pocos gobiernos en el pasado han ahondado en esta situación de transformar juntos, eso es novedoso”. Esto, en medio del sabotaje de López Obrador al referéndum, significa la liquidación misma, desde su nacimiento del resultado de la consulta ciudadana, aun en caso de que esta triunfe. No es de ninguna manera casual el sabotaje de López Obrador, en la medida en que un resultado abrumadoramente favorable en las urnas, aun con sus límites puede ser un factor movilizador para los oprimidos de México, cuyas consecuencias potenciales lo pueden afectar.

Votar “sí” y abrir paso a una salida independiente de los trabajadores y oprimidos de México para acabar con el régimen semicolonial y narco

Varias generaciones de trabajadores mexicanos han sido víctimas durante décadas de un trato infamante. Los asesinatos y delitos diversos de los que son acusados los expresidentes abarcan al régimen semicolonial mexicano y a todas sus instituciones, al servicio del gran capital nacional y extranjero, y de sus negociados. Por eso las encuestas dan cuenta de altísimos porcentajes que votarán por el “sí”, cuyos resultados porcentuales van desde el 91,4% al 72% y 80%, sobre una intención de votar por parte del 65% de los encuestados. Pero esto se opone al sabotaje estatal y gubernamental, cuyos funcionarios son conscientes del peligro potencial que implica el “sí”. Los asesinatos que se mencionan por decenas de miles, los sobornos, y el enriquecimiento ilícito no han desaparecido. México ostenta una deuda pública de 570 mil millones de dólares, de los cuales 127.000 millones corresponden a la deuda externa y 110.000 millones son el fruto del endeudamiento al que ha sido sometida Pemex, la empresa petrolera paraestatal. López Obrador y Morena honran esa deuda pagándola puntillosamente, a expensas de la miseria creciente del pueblo mexicano y del crecimiento de su desocupación y del trabajo informal; el trabajo tercerizado ha sido legalizado durante el gobierno de Morena y la represión, lejos de haber disminuido, ha sido puesta en manos de la nueva Guardia Nacional (creada en 2019), cuyo jefe es un general del ejército y cuenta con 90.000 efectivos, más de la mitad de los cuales vienen del ejército mexicano, del cual han heredado su rigor represivo, y han tenido un papel protagónico en la represión a los migrantes centroamericanos, aunque no se han limitado a ellos.

El pueblo, los trabajadores mexicanos, sus organizaciones de lucha, de derechos humanos deben apoyarse en este plebiscito para además de condenar en las urnas con toda legitimidad a los expresidentes, superar a un escollo fundamental constituido por el mismo Morena, que va a llevar a una vía muerta la voluntad popular que se exprese en las urnas, debido a que su rol es la preservación del Estado capitalista. Para llevar al banquillo de los acusados a los exponentes del régimen político, a los expresidentes, a los Slim, a los empresarios y funcionarios responsables de las muertes de la línea 12 del metro, a los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad responsables de los asesinatos, desapariciones y torturas, encarcelar a los responsables intelectuales y materiales, sobre la base de la apertura de los archivos y desmantelar el aparato represivo, corresponde poner en pie un congreso de las organizaciones de lucha de los trabajadores y el pueblo de México que tome en sus manos ese desafío con absoluta independencia del gobierno, del Estado burgués y de sus instituciones,.

La condena de los ex presidentes, responsables del régimen de empobrecimiento y entrega del país debe estar estrechamente unida a un programa de salida de los trabajadores que apunte a una reorganización integral de la nación azteca sobre nuevas bases sociales: abrir una investigación sobre la deuda externa, la fuga de capitales, declarar el repudio a su pago; romper con el pacto semicolonial que significa el T-MEC; nacionalizar la banca y el comercio exterior bajo control de los trabajadores, poner bajo gestión obrera a Pemex y abrir sus libros para investigar el endeudamiento e hipoteca al que ha sido sometida por parte de los sucesivos gobiernos; nacionalizar sin pago los recursos energéticos bajo control obrero; proceder a la anulación de la ley de tercerización laboral (outsourcing); resolver la prohibición de los despidos y el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, expropiando a toda empresa que cierre o despida para ponerla a funcionar bajo la gestión de los trabajadores; suprimir el trabajo tercerizado e informal sobre la base de que todos los trabajadores pasen a planta permanente; dar satisfacción a las reivindicaciones de las comunidades originarias.

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