El 1° de agosto, parte importante del país sufrió lluvias y vientos de más de 130 km por hora, lo que provocó la caída de cientos de postes y árboles en distintas comunas de la Región Metropolitana, pero también en el resto del país, que afectó el cableado de distribución de la energía eléctrica dejando sin suministro a más de 3 millones de usuarixs. La incapacidad de una respuesta eficiente y oportuna en el restablecimiento del servicio eléctrico de las empresas privadas concesionarias dejó en evidencia la falta de inversión por parte de las mismas, a pesar de las millonarias ganancias que reportan año a año. Porque, además, a partir de julio empezó a correr un aumento escalonado de la tarifa del 60% que implicó un fuerte impacto en las economías familiares, justamente en invierno, donde el consumo es mayor por las bajas temperaturas.

El correr de los días sin luz generó un clima de hastío popular que se tradujo en protestas callejeras de las y los vecinos que se replicaron en los barrios a lo largo del país. Aún hoy, a prácticamente dos semanas del evento climático, se registran miles de residencias sin luz, pese a las multas y los ultimátums del gobierno.

Las advertencias del gobierno, puro show

El servicio que brindan las concesionarias deja mucho que desear hace tiempo. Lo sucedido a raíz de los fuertes vientos sólo viene a confirmar una gestión en la prestación del servicio deficiente, sin las inversiones necesarias en mantenimiento y prevención ante este tipo de inclemencias, una evidente incapacidad operativa para gestionar la emergencia y, por si fuera poco, un servicio muy costoso para los bolsillos de la clase trabajadora. La indolencia empresarial se expresó además en el destrato a los usuarios con una total falta de información ante los reclamos, lo que tornó más desesperante la espera porque, además, la falta de electricidad deriva en falta del suministro de agua en muchos casos.  

La pasividad del gobierno frente a la emergencia fue sólo interrumpida por las protestas, pero la reacción fue tibia y ello persiste hoy día. Las principales concesionarias encargadas de la distribución -Enel y CGE- mintieron a las máximas autoridades sobre los avances en el restablecimiento del servicio y no cumplieron con las metas sistemáticamente. ¿Qué hizo el gobierno frente a la insolencia e impunidad empresarial? Hizo ultimátums varios, aunque ello contradiga el sentido mismo del término. El anuncio de inicio de procedimiento de caducidad de la concesión a Enel es sólo eso, cáscara vacía que la ministra vocera Camila Vallejo se encargó de descartar al decir que “el Estado no tiene la musculatura para reemplazar la labor de las distribuidoras eléctricas”. Pese a que las compensaciones estipuladas a las y los usuarios son irrisorias frente a los daños ocasionados, la distribuidora de capitales chinos CGE se niega a habilitar los mecanismos para gestionarlos, se desentiende de toda responsabilidad por el corte masivo del servicio y amenaza con querellas a los municipios por la caída de árboles.

Nadie cree en las advertencias del Estado, las concesionarias hacen lo que quieren y el pueblo que paga los tarifazos queda a merced de la voracidad y maltrato de las empresas. En este cuadro, la tibieza del gobierno, incapaz de hacer cumplir al menos la normativa vigente, no puede más que ser considerada como complicidad.

La cuestión de fondo

Frente a la desidia empresarial y gubernamental no tardó en ponerse en el centro de la discusión pública y política el problema de fondo: el esquema privatizado en todos los aspectos -generación, distribución y transmisión- impuesto durante la dictadura de Pinochet y, como en otros servicios, profundizado luego de recuperada la democracia. El desguace de las empresas estatales de energía significó un suculento negociado que se afianzó luego al amparo de los gobiernos de la ex Concertación. Hoy es parte del grupo de empresas que se financia a bajo costo con los aportes de los trabajadores secuestrados por las AFPs.

Pero el modelo no se toca, ya lo dejó en claro el gobierno pese a que existe un enorme consenso social en que se debe terminar con las concesiones. Antes que escuchar los reclamos populares, el gobierno de Gabriel Boric tiene puestas las orejas en escuchar “las preocupaciones” de los gobiernos de Italia y China que siguen atentos los acontecimientos para resguardar sus intereses.

Organicemos la resistencia barrial para enfrentar los abusos de las concesionarias y la complicidad del Estado. La soberanía en un sector estratégico como este sólo podrá ser recuperada mediante la acción organizada de las y los trabajadores. ¡Abajo la suba de tarifa, por la estatización sin compensación alguna bajo el control obrero!

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prensaobrera.com