El parlamento de Costa Rica ha aprobado una nefasta ley que prohíbe las “huelgas políticas” y los piquetes durante una medida de fuerza. Asimismo, consagra la obligación de mantener “servicios mínimos” durante los paros.

La norma establece explícitamente que “serán ilegales las huelgas políticas o aquellas que no tengan conexión directa con la relación de empleo o incumplimientos laborales imputables al patrono (…) no se permitirán huelgas atípicas [sic] ni serán consideradas como legales ningún otro tipo de huelgas”. Sí se “permiten” los paros “que tengan por finalidad protestar contra políticas públicas”, pero por no más de 48 horas.

Asistimos a un ataque de enormes proporciones contra el más importante de los derechos, el derecho a luchar. En su versión original, inclusive, la ley establecía la posibilidad de disolver sindicatos si alguno de sus dirigentes era penalizado “por acciones realizadas en el ejercicio de sus cargos”.

Existen numerosos proyectos de ley anti-marchas o anti-huelgas, con gran impulso de los medios de comunicación masiva, que fueron enviados desde el comienzo de las movilizaciones masivas en el 2018. Se trata de políticas que son claras respuestas reaccionarias ante la actual coyuntura de disconformidad y protesta social. A fines de 2018, los trabajadores estatales desarrollaron una heroica huelga de tres meses contra una reforma tributaria que elevaba los impuestos al consumo y recortaba el gasto público para congraciarse con los mercados financieros. Más recientemente, los estudiantes salieron a las calles contra el recorte del presupuesto educativo.

El proyecto aprobado fue presentado por integrantes del Partido de Liberación Nacional (PLN, uno de los partidos tradicionales ticos, que sufrió un enorme retroceso en los últimos tiempos) y férreamente apoyado por el gobierno de Carlos Alvarado, que pertenece al centroizquierdista Partido de Acción Ciudadana (PAC). Alvarado encabeza un gobierno de “unidad nacional” que cuenta con referentes del partido socialcristiano (PUSC) e incluso una ministra del centroizquierdista Frente Amplio. 

En medio de la ofensiva del gobierno y los capitalistas, la burocracia sindical se encuentra sin plan de lucha alguno. 

Pese al ataque contra el derecho a huelga y el intento de recortar las libertades democráticas existentes en Costa Rica, la lucha continúa. A la pregunta de si no habrá más huelgas en Costa Rica de aquí en adelante, la respuesta es que no será así, seguirá habiendo huelgas. A la clase obrera y el pueblo costarricense no lo detendrá ningún estatuto reaccionario en la lucha por sus necesidades y derechos y en la lucha por su emancipación social.