11/12/2018

Costa Rica: el gobierno impone la reforma tributaria

El gobierno centroizquierdista de Carlos Alvarado logró imponer finalmente la reforma tributaria, que aumenta los impuestos al consumo y recorta el gasto público, después de sortear una huelga de tres meses de los trabajadores estatales. La normativa, aprobada en primera instancia en octubre en la Asamblea Legislativa, y recientemente ratificada por la justicia, resultó definitivamente aprobada en el Parlamento a principios de mes gracias a una mayoría conformada por legisladores de distintos partidos patronales ticos (Partido de Liberación Nacional, socialcristianos, Partido de Acción Ciudadana). Alvarado, que sólo cuenta con un puñado de diputados propios, necesita del apoyo de otros partidos para gobernar e inclusive en su gabinete figura una ministra del centroizquierdista Frente Amplio.


Con la nueva medida, el gobierno buscaba dar una señal de confianza a los mercados financieros. Pero la respuesta de los mercados fue una rebaja en la calificación de los títulos de deuda (Moody’s), dado que consideran insuficiente el recorte y pronostican un aumento de la deuda (hoy del 54% del PBI) y la carga de intereses para el país. Según un editorial del diario costarricense La Nación (10/12), esa carga de intereses podría arribar nada menos que a un 25% de los ingresos del país este año. El déficit fiscal podría arañar el 7% del PBI y en los últimos meses el gobierno ha empezado a recurrir a préstamos de corto plazo del Banco Central.


Tanto el gobierno como el máximo tribunal tico plantearon el ajuste como la única vía para asegurar el pago de sueldos y de la ayuda social. Pero lo cierto es que la responsabilidad del agujero fiscal recae por completo en la clase capitalista, favorecida por las zonas francas y todo tipo de exenciones. Un autor afirma, además, que el 25% de las grandes empresas del país declara “cero utilidades” (Resumen Latinoamericano, 21/9) para evitarse el desembolso de impuestos.


La huelga


La huelga de los trabajadores del sector público fue una enorme gesta popular contra los recortes del gobierno. Incluyó movilizaciones multitudinarias y piquetes. Los estudiantes acompañaron la lucha. Pero en las últimas semanas el paro había empezado a desgranarse, con las primeras deserciones y una caída en el nivel de adhesión en otros gremios.


Tras la aprobación del proyecto por segunda vez en la Asamblea Legislativa, tres de los principales gremios pusieron fin a las medidas. La Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) se bajó (aunque algunos medios señalan que la adhesión ya estaba allí muy debilitada) y lo mismo hicieron dos importantes gremios docentes, la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) y la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), donde la adhesión fue casi total en los primeros momentos.


El carácter conciliador de las directivas gremiales fue un límite importante de la huelga. En varias ocasiones, estas intentaron abortar el conflicto (en más de una ocasión, allí donde las había, las asambleas votaron la continuidad de la huelga contra la orientación de las directivas) y crearon además expectativas infundadas en el fallo de la justicia.


Otro gran límite de la huelga es que no logró extenderse al sector privado, donde el despotismo patronal ha hecho muy difícil la organización gremial.


En la agenda del gobierno figuran un tropel de medidas antiobreras: una ley de empleo público que ataca el salario y la estabilidad laboral; un avance sobre las pensiones y los regímenes especiales de jubilación; y un nuevo avance contra el derecho a huelga.


Ninguno de estos ataques será un paseo para Alvarado si los trabajadores logran recomponerse y sacar todas las conclusiones de este gran conflicto.


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