A pocos días de la asunción de Xiomara Castro como presidenta de Honduras, a la que acudirán varios mandatarios latinoamericanos (entre ellos Cristina Kirchner), se desató una grave crisis política en el país centroamericano. El viernes pasado, una sesión del parlamento para votar las nuevas autoridades de la cámara culminó en una trifulca, luego de que una fracción minoritaria del partido de la presidenta (Libre), encabezada por Jorge Cálix, anudara un acuerdo con el Partido Nacional para coronar a aquel como titular del hemiciclo. Esto echaba por la borda un pacto previo según el cual los 50 diputados de Libre, la fuerza de Castro, votarían para el cargo a Luis Redondo, un congresista del Partido Salvador Honduras (PSH), fuerza que apoyó la candidatura presidencial de Castro a cambio de una de las vicepresidencias ejecutivas y, justamente, la jefatura del parlamento.

El conflicto escaló el domingo, cuando se llevaron a cabo dos sesiones diferentes que votaron dos jefes del parlamento distintos. En el Congreso, rodeado de militantes del oficialismo, Redondo fue electo titular de la Junta Directiva del parlamento, con el apoyo de la presidenta. Recibió el aval de 32 diputados de Libre, de los 10 miembros del PSH y de algunos diputados del Partido Liberal. En las afueras de Tegucigalpa, mientras tanto, Cálix fue electo con el voto de los 18 díscolos de Libre (ya expulsados por Castro de la formación), los 43 diputados del Partido Nacional, y la mayoría de los diputados liberales, es decir, con el grueso del arco político tradicional. En términos de diputados titulares, Cálix se jacta de haber conseguido más que la convocatoria del Congreso.

Con gran hipocresía, Cálix dijo que su mandato estará destinado a asegurar la agenda de la presidenta, cuando es evidente que le está dando un golpe político brutal. Aseguró, a su vez, que “mientras yo ostente la presidencia del primer poder del Estado no habrá ningún golpe de Estado contra la presidenta”, una frase que oscurece más de lo que aclara, porque incluso podría interpretarse como una forma de presión para que Castro reconozca su mandato. Por lo demás, Cálix dijo que iba a avanzar en la agenda anticorrupción, lo cual es un chiste al hacerlo rodeado de los legisladores del Partido Nacional, es decir, del desprestigiado partido del expresidente Juan Orlando Hernández.

En lo inmediato, el problema planteado es ante quién jurará Castro como presidenta esta semana, dado que existen dos parlamentos. Una variante es la Corte Suprema, y otra es que lo haga ante un juez civil.

¿Cómo puede seguir el conflicto por la titularidad del parlamento? Según el diario hondureño El Heraldo (24/1), podría llegar a la Corte Suprema, lo cual podría ser desfavorable para el gobierno, dado que cuenta -según algunos medios- con mayoría de jueces afines al Partido Nacional. Otra posibilidad es un plebiscito en que se enfrenten Cálix y Redondo.

De momento, actores de peso como la embajada norteamericana y la iglesia han llamado a un diálogo entre los dos bloques.

En 2009, Manuel Zelaya fue derrocado en Honduras. El dirigente que empezó en el liberalismo para formar después su propio partido, esposo de Xiomara Castro, fue depuesto por los militares cuando ensayaba un acercamiento a la Venezuela de Hugo Chávez y planeaba una asamblea constituyente. Estados Unidos apoyó el golpe, que dio el pistoletazo de largada para los golpes posteriores en Paraguay, Brasil, Bolivia y la tentativa de Juan Guaidó en Venezuela.

Tras el golpe de Estado, la principal figura política del país fue Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional, que es uno de los dos grandes partidos tradicionales del país (junto a los liberales). Ganó las elecciones en 2013 y fue reelecto en 2017, gracias a un fraude escandaloso. Bajo su gestión, se acentuaron la miseria, el narcotráfico y la violencia de las bandas criminales. Honduras es uno de los países desde donde parten las desesperadas caravanas de migrantes con destino a Estados Unidos.

Libre ganó las elecciones de noviembre pasado por más de veinte puntos sobre el Partido Nacional, explotando el odio popular hacia el gobierno de Hernández. Pero Castro, desde su triunfo mismo, dio señales al establishment, prometiendo “un gobierno de reconciliación” y trabajar de la mano con el sector privado, para mejorar el clima de inversión con el objetivo de generar empleos” (BBC, 29/11/21). Esto último fue ratificado ahora por Redondo, quien dijo en su asunción en el parlamento: “puedo asegurar seguridad jurídica en nuestro país” (El Heraldo, 23/1).

Toda nueva tentativa golpista en Honduras debe ser firmemente rechazada. Al margen de ello, el acuerdo de la fracción de Cálix, quien asegura haber sido durante ocho años vocero de Zelaya y artífice de “los acuerdos del partido” (ídem, 24/1), con el Partido Nacional, así como los acuerdos del partido de Castro con sectores de liberalismo, muestra los límites políticos de Libre para llevar a cabo el proceso de transformación social de fondo que necesita Honduras, y que requiere una perspectiva obrera y socialista.

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