Las imágenes de las bengalas encendidas y las bombas de humo en el parlamento serbio dieron la vuelta al mundo. La presidenta de esa institución, Ana Brnabic, responsabilizó a la oposición y señaló que tres legisladores resultaron heridos como resultado de la tumultuosa sesión.

En ella, el oficialista Partido Progresista Serbio (SNS) promovía un debate sobre una ley de financiamiento universitario, pero las fuerzas de la oposición consideraban que primero debía ratificarse la salida del primer ministro Milos Vucevic, quien presentó su renuncia al cargo a fines de enero en un intento por descomprimir las movilizaciones más importantes de la historia reciente de este país balcánico.

A principios de noviembre de 2024, la caída de una cornisa de concreto en una estación de trenes de Novi Sad, la segunda ciudad más grande del país, dejó 15 muertos. La estación había sido renovada un par de años antes como parte de un plan ferroviario conducido por contratistas ligadas al partido de gobierno, con financiamiento chino.

Con el movimiento estudiantil como protagonista, estallaron movilizaciones multitudinarias y tomas de facultades para denunciar la corrupción del régimen y exigir justicia para las víctimas. El gobierno de Alexsandar Vucic, el hombre fuerte de Serbia, que es presidente desde 2017 y antes fue primer ministro, denunció una desestabilización dirigida desde el extranjero, pero no logró minar la masividad de las protestas.

Finalmente, a modo de fusibles, el primer ministro Vucevic y el alcalde de Novi Sad, Milan Djuric (también del SNS), presentaron sus renuncias, pero aún resta, como se dijo, su convalidación por parte del parlamento. Al mismo tiempo, el movimiento estudiantil no se conformó con estas deserciones y apunta contra el régimen en su conjunto.

La organización de izquierda Red Action/Red Initiative, fusión de un grupo serbio y uno croata sellada en 2020, una de las firmantes del documento aprobado por la reunión internacionalista realizada en Buenos Aires en 2024, compara el proceso con el que se está desarrollando en Grecia, donde un choque de trenes (en 2023) dio lugar a enormes movilizaciones populares y paros generales contra el gobierno de Nueva Democracia. Y califica la situación actual como “la primera crisis gubernamental desde el establecimiento del régimen de Vucic”. El mandatario indicó recientemente que remodelará su gobierno en las próximas semanas y prometió a la Cámara de Comercio de Serbia que “la situación en el país será políticamente estable” (El País, 1/3).

Serbia en el tablero

El líder serbio había conseguido su reelección en 2022 con el 58% de los votos. En diciembre de 2023, ganó también las elecciones parlamentarias y formó gobierno en tándem con el Partido Socialista (la fuerza fundada por el expresidente Slobodan Milosevic) y otros agrupamientos. La oposición se coaligó en la alianza “Serbia contra la Violencia”, pero apenas llegó al 24%.

El éxito de Vucic consiste en que logró tejer buenas relaciones tanto con la Unión Europea (UE) como con el Kremlin. En el caso del club de los 27, Serbia tiene abierto un proceso de adhesión desde 2012.

A su vez, Belgrado se abastece del gas natural ruso, las compañías energéticas están en manos de empresarios de ese país, y la petrolera nacional (NIS) se encuentra bajo el control de Gazprom. Rusia es, también, uno de los países que no reconoce la independencia de Kosovo, que declaró su emancipación de Serbia en 2008, apuntalado por la Otan. Aún hoy, las tensiones entre Serbia y Kosovo son muy grandes, y Rusia tiene poder de veto para el ingreso de Pristina en la ONU.

El estallido de la guerra en Ucrania redujo el margen de maniobra del régimen serbio, al igual que le pasó a Georgia. Ya en mayo de 2022, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, advirtió que “mantener lazos estrechos con el régimen de Putin ya no es compatible con construir un futuro común con la UE” (ídem). Vucic intentó, frente a la guerra en Ucrania, mantener un equilibrio político, condenando la invasión rusa, e incluso enviando armas a Kiev, pero sin secundar la política de sanciones contra el Kremlin.

Más allá de las presiones y las críticas, la UE mantiene abierto el proceso de adhesión de Serbia, a sabiendas de que una ruptura podría precipitar al régimen serbio en los brazos de Putin y de Beijing, que viene alentando proyectos mineros en la zona.

Para el 15 de marzo, se está preparando una nueva movilización popular en Belgrado por justicia para las víctimas del derrumbe en Novi Sad. Abajo la corrupción capitalista. Por una salida política de los trabajadores.

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