En el último acuerdo con el FMI y el Tesoro norteamericano, una de las condiciones más fuertes fue la imposición de que Argentina, y el Mercosur, iniciaran rápidamente negociaciones comerciales con los Estados Unidos. Estas negociaciones, conocidas en la jerga diplomática como “cuatro más uno” (los miembros del Mercosur y los Estados Unidos), más las que paralelamente los norteamericanos sostienen con Chile, serían la base para la conformación del Alca, el bloque comercial que Estados Unidos pretende imponer en América Latina.

Concientes del peso que la cuestión comercial tiene en la ‘agenda latinoamericana’ de Washington, los cancilleres del Mercosur se dieron prisa en cumplir las órdenes: se reunieron en Punta del Este con el representante comercial de Estados Unidos, Robert Zoellick, para poner en marcha el “cuatro más uno”.

En los últimos meses, el gobierno norteamericano ha cerrado sus fronteras a las exportaciones argentinas de lácteos, miel, limones, maníes y acero. Brasil, por sus parte, sufre restricciones a sus exportaciones de azúcar y café. Como si esto no alcanzara, el Congreso norteamericano acaba de aprobar el aumento de los subsidios a los productores agrícolas locales. En los últimos tres años esos subsidios se han triplicado, hasta alcanzar un monto de 22.500 millones de dólares en el año 2000, poniendo una barrera infranqueable a las exportaciones agrícolas latinoamericanas.

Otro clavo en el cajón…

Argentina llega al “cuatro más uno” bajo la presión de la cesación de pagos.

Estados Unidos está interesado, sobre todo, en los servicios, un área donde los europeos han acaparado buena parte de los mejores bocados (petróleo, telecomunicaciones, banca). En los últimos diez años, el área de servicios recibió, a través de las privatizaciones o la venta directa de empresas privadas argentinas, la mayor parte de las inversiones externas. Estas empresas privatizadas o extranjerizadas importan la mayor parte de sus insumos claves, mientras que venden sus servicios en el mercado interno (no exportan). Al mismo tiempo, la ‘apertura’ que benefició las importaciones de las privatizadas barrió ramas industriales enteras; las exportaciones argentinas han quedado reducidas a productos agrícolas, gas y petróleo crudo. El resultado ha sido un déficit estructural de la balanza comercial argentina.

El golpe de la ‘apertura’ sobre la balanza de pagos fue todavía mayor. Entre 1992 y el 2000, de cada peso de beneficio obtenido por las empresas privatizadas, 80 centavos fueron a parar al exterior en concepto de royalties, patentes, repatriación de beneficios y pago de dividendos a accionistas del exterior. Sólo en 1997 y 1998, salieron de Argentina, por estos conceptos, 6.195 millones de dólares, una cifra equivalente al 63% del total de las inversiones externas de esos dos años. Se trata de un fenómeno continental: las remesas al exterior de empresas radicadas en América Latina pasaron de 2.945 millones (1990/91) a 30.030 millones (en 1997/98) (Pierre Salama, “Les nouveaux paradoxes de la liberalization en Amérique Latine”).

Una mayor ‘apertura’ en los servicios, como reclaman los norteamericanos, va a agravar aún más este vaciamiento industrial, financiero y comercial de la Argentina.

El largo brazo de la crisis mundial

En Punta del Este, Robert Zoellick, representante comercial norteamericano, sorprendió a sus interlocutores. Es que luego de que el Tesoro norteamericano “urgiera” a la Argentina y al Mercosur a “iniciar rápidamente” las negociaciones, su representante comercial afirmó que un eventual “acuerdo Mercosur-Estados Unidos no conducirá al establecimiento de una zona de libre comercio en el corto plazo” (La Nación, 5/9).

La prioridad para Estados Unidos, dijo Zoellick, son las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio que se celebrarán en noviembre en Qatar (un lugar desértico, muy adecuado para impedir las manifestaciones). El norteamericano fue incluso más lejos, cuando señaló que “si la OMC no resuelve este capítulo (los subsidios a las exportaciones y a la producción agrícola), difícilmente se pueda continuar con el Alca o con el ‘cuatro más uno’… (porque) será muy difícil lograr reducir los subsidios en nuestro Congreso si no los bajan Japón y Europa” (Clarín, 5/9). La manera en que los norteamericanos han bajado la prioridad del Alca se explica porque, sin un acuerdo comercial global con los europeos y los japoneses, el acuerdo con los países latinoamericanos podría darle a sus rivales mundiales, con fuertes inversiones en América Latina, una ‘base’ para ‘entrar’ en el mercado norteamericano. Además, las divisas que se consigan con una exportación agrícola expandida a Europa y Japón, compensarían las importaciones latinoamericanas desde Estados Unidos.

A menos de tres meses de comenzar las negociaciones, las posibilidades de que en Qatar se alcance un acuerdo entre las grandes potencias son bajas. “El nuevo sistema comercial *lo que significa la OMC* está enfrentando la mayor crisis de su corta vida”, reconoce Peter Sutherland, ex director general de la OMC (Financial Times, 4/9). “En menos de tres meses, los ministros de Comercio de 140 países deberán intentar resolver en Qatar lo que no pudieron resolver en Seattle hace dos años”. Pero desde Seattle, el cuadro de la economía mundial se ha agravado notablemente con la entrada de Estados Unidos, Europa y Japón en la primera recesión conjunta de los últimos 25 años y con la agudización de los desequilibrios financieros internacionales como consecuencia de la caída de la Bolsa de Wall Street, de las cesaciones de pagos de importantes grupos industriales y financieros y de las devaluaciones monetarias. Por eso, advierte el ex director general de la OMC, no sólo “está en riesgo” la conferencia de Qatar sino la propia OMC, que “no podría sostenerse indefinidamente frente a un segundo fracaso (…) que sería fatal para su credibilidad” (ídem).

Antes de nacer, el Alca ya está amenazado por la crisis mundial.