Cuba: El completo impasse de la política castrista

El mes pasado lúe destituido el funcionamiento cuba­no de mayor jerarquía luego de Fidel y Raúl Castro. Resulta completamente imposible conocer con certe­za cuáles fueron las causas de este desplazamiento.

Al igual que en la ex-URSS y tal como ha ocurrido en el reciente Congreso del PC chino, los cambios en la cúpula del Estado se manejan con absoluto secreto, a través de pretextos y mensajes crípticos. El largo editorial del diario oficial “Granma” (18/10) sobre el tema no informa nada y resulta completamente in­comprensible. Habla de “la defección en su trabajo” y de “errores de carácter personal” y sugiere, pero también desmiente, que Aldana estuviera implicado en delitos de corrupción. El Comité Central —que es el único habilitado para destituir a un miembro de la dirección— no se reunió para adoptar esta medida.

Frente a semejante desinformación, la especula­ción periodística más comente relaciona la caída de Aldana con el “Sony-gate”, un resonante caso de tráfico ilegal de divisas que ha conducido a prisión al gerente cubano de la filial de esta empresa electróni­ca. Aldana habría estado al tanto de la estafa y estaría relacionado con el delincuente. De ser cierta esta conexión, la caída del N' 3 del PC cubano formaría parte del vendaval de episodios y denuncias de co­rrupción que se vienen desarrollando en la isla en los últimos tiempos.

La radicación de inversiones extranjeras —prime­ro en complejos turísticos y más recientemente en diversas ramas de la economía— trae aparejado el “tráfico de influencias”, la extensión del mercado negro de divisas y una creciente diferenciación social entre la minoría de privilegiados que tienen acceso a estas operaciones y el resto de la población. Este fenómeno tiende a reforzarse con el vertiginoso incre­mento del número de compañías extranjeras en pro­ceso de instalación en Cuba. Desde 1990, más de sesenta grandes empresas imperialistas —incluyen­do a las principales multinacionales del mundo— firmaron convenios de radicación, y existen tratativas con otras cien. De acuerdo a un testimonio recogido por la revista “Brecha” (22/5), este proceso está consolidando grupos acomodados que “gracias a la burocracia, al robo y el mercado negro, (logran) un ingreso nominal que no tiene nada que ver con su Ingreso real. La propiedad del Estado no beneficia a la sociedad en su conjunto sino sólo a aquellos que administran estos bienes”.

La “impasse” política

La prensa le asignó especial importancia política a la destitución de Aldana. Aunque algunos medios (Página 12, Ansa, la República) situaron a Aldana en la línea “anti-aperturista”, la mayoría de los medios (especialmente Newsweek y Cambio 16) interpreta­ron que su caída representa un golpe contra el grupo de los “reformadores”. Estos “cubanólogos” aso­cian a Aldana con la línea expuesta por Lisandro Otero, vicepresidente de la Unión de Escritores y hombre del riñón del partido, que desató una gran conmoción al reclamar un giro político y económico total (“La revolución agotó las posibilidades de sus estructuras y se halla en el umbral de un cambio necesario”, incluida la renuncia de Fidel Castro, proclamó públicamente). El mismo trasfondo de crisis y deliberacionismo en las altas esferas se refleja en el desplazamiento de otros funcionarios (Manuel Piñeiro, jefe del departamento internacional, e Isidro Malmierca, veterano diplomático), así como en el aumento de pedidos de exilio. Fuera del partido han aparecido también grupos de oposición semi-legales integrados por familiares dé altos funciona­rios.

Aldana cayó en el momento en que debía definirse la actitud que se adoptará oficialmente frente a las próximas elecciones de diputados a la Asamblea Nacional. Aunque rige el sistema de partido único y la prohibición de todo tipo de oposición organizada, no está decidido el veto o la aceptación de los candidatos que se presentarían en representación de grupos disidentes. Aldana era partidario de la legalización, y produjo gran revuelo al afirmar que “cualquier ciuda­dano podrá presentarse” (La República, 2/7).

La definición frente a este problema es un aspecto del impasse político general que reina desde la conclusión —en 1991—-del IV° Congreso del PC. El Congreso reafirmó la vigencia del régimen de partido único señalando que constituye un órgano de “toda la nación martiana”, como si la totalidad de la pobla­ción pudiera estar representada en una creación vertical del Estado, que no surgió de la lucha de clases y que simplemente actúa como un canal de selección de funcionarios. Negando, además, el derecho de or­ganización independiente de las masas, el Congreso aprobó fabricar un parlamentarismo sin partidos, que resulta impracticable, y que ha entrado en crisis antes de su debut en la discusión sobre la legalización de candidatos de la oposición.

Navegando sin rumbo y en medio de una total in­definición política, la única resolución que adoptó el Congreso fue la ampliación de los poderes de Fidel cuyas atribuciones y competencias fueron especié cularmente reforzadas. Esta política de concentración de poder se refleja en la prensa y en los reitera dos llamados del “Granma” a “cerrar filas en tomo al Comandante en Jefe”. Este reforzamiento de] poder de arbitraje de Fidel—a cuyas espaldas traman y complotan todos los sectores— es un síntoma contundente del inmovilismo político que domina al régimen castrista.

El derecho de organización independiente

El trasfondo del empantanamiento político es la sucesión de conflictos que crea el proceso de apertu­ra económica al capital extranjero que ratificó el IV' Congreso. Por un lado se adaptó el programa del partido al nuevo rumbo, restringiendo la denomina­ción de “socialista” sólo a los principales medios de producción y poniendo fin al monopolio del comercio exterior. Con estas decisiones se dio por concluida la política dé “rectificación” que había adoptado en 1986 el III° Congreso, y que en contraposición formal a la “perestroika” rechazaba cualquier transición hacia una “economía de mercado”. La “rectifica­ción” fue sepultada de hecho con la misma falta de discusión con que fue adoptada en su momento, y sin que nadie reconociera su abandono.

Ahora Fidel defiende la asociación con el capital extranjero como un “camino cubano hacia el socia­lismo”, presentando para colmo al “modelo chino” como un ejemplo a seguir, como si los masacradores de Tien An Men no fueran burócratas empeñados en una restauración capitalista, basada en el totalitaris­mo y la superexplotación de la fuera de trabajo.

Las tensiones que desata el “crecimiento signi­ficativo de la participación extranjera en la econo­mía cubana” (Gazeta Mercantil, 29/7) refractan a su vez las crecientes rivalidades entre grupos monopólicos por el copamiento del negocio de la inversión en la isla y el control de sus exportaciones. 0 fuerte choque entre grupos y gobiernos imperialistas que se abrió con la aprobación de la “ley Torricelli” es una manifestación de este fenómeno (Ver P.O. N8 369). Particularmente el “lobby” cubano de Miami y sus socios yanquis se oponen a cualquier asociación económica que implique el reconocimiento del régi­men castrista y han comenzado incluso a realizar acciones de sabotaje en hoteles españoles en Cuba.

En estas circunstancias las masas cubanas nece­sitan más que nunca el derecho a organizarse sindical y políticamente en forma independiente para defen­derse de los nuevos capitalistas radicados en la lista y de los eternos burócratas que se han adueñado del Estado y preservar las conquistas de la revolución. Pero es justamente este derecho el más negado por el régimen, que se muestra permeable a distintos tipo de privatizaciones, pero no a atenuar el rígido monopolio de la prensa y los medios de comunicación. Además subsiste la vigencia del “delito de opinión como lo prueba la reciente condena de prisión a opositores acusados de “distribuir volantes”.

La defensa de las conquistas revolucionarias depende de la acción propia y autónoma de los trabajadores, que el régimen se niega a reconocer “Con las nuevas empresas mixtas vienen también los capitalistas que exigen al menos el 49% de» plusvalía. ¿Por qué no nos permiten defendemos de los capitalistas?” se pregunta un entrevistado por la revista “Brecha “(22/5). Plantear la pregunta es contestaría.