Cinco días antes de la asunción de Donald Trump, el gobierno cubano encabezado por Miguel Díaz Canel anunció la liberación gradual de 553 presos, un número que coincide con las estimaciones que han realizado diferentes organismos sobre la cantidad de condenados por las protestas populares del 11 de julio de 2021. Las liberaciones comenzaron a producirse desde el miércoles 15.

El anuncio del gobierno cubano se produjo poco después de que Joe Biden quitara a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo internacional, lo que implica el levantamiento de una serie de sanciones económicas, aunque no por supuesto el levantamiento del criminal bloqueo que Estados Unidos mantiene desde décadas atrás. El acuerdo fue “mediado” por la intervención del Papa Francisco.

Los detenidos del 11J, cuyo único crimen fue el de manifestarse en protesta por las terribles consecuencias económicas y sociales producidas por la aplicación del programa restauracionista conocido como Tarea de Ordenamiento, agravadas además por las condiciones de la pandemia, sufrieron condenas tan injustas como ejemplificadoras que incluyeron penas de más de 20 años, destinadas a escarmentar a la población trabajadora y prevenir la organización de nuevas acciones de lucha. Tres presos han muerto en la cárcel en circunstancias dudosas, y uno más, Yosandri Mullet, se suicidó durante un traslado el pasado 23 de agosto.

A pesar de esto, el pueblo trabajador cubano ha protagonizado varios ciclos de acciones de lucha desde el 11J, y en el año 2024 se ha contabilizado un número de protestas mayor a los años anteriores. Desde fines de 2023, la isla sufre constantes crisis energéticas, y ha caído en colapsos energéticos totales durante varios días en por lo menos tres oportunidades.

Dudas sobre el cumplimiento del acuerdo

El pacto entre el saliente gobierno de Biden y la burocracia cubana depende de la ratificación por parte del gobierno de Trump de la medida. Díaz Canel anunció una liberación gradual de los presos, que estará evidentemente supeditada a tal ratificación. El nombramiento de Marco Rubio, directo representante del gusanaje de Miami, nada menos que en el cargo de secretario de Estado plantea un interrogante serio al respecto. La liberación este jueves del reconocido opositor de derecha José Daniel Ferrer ha sido interpretada justamente como una señal a Rubio y Trump.

De cualquier modo, la jugada de Biden y Díaz Canel pone a Trump en un aprieto. Tanto la derecha en el exilio como las organizaciones cubanas ligadas al imperialismo han denunciado la decisión de Biden como una traición. Sin embargo, fuentes de la isla sostienen que el anuncio de la liberación de los presos, cuyo cumplimiento está atado evidentemente a la ratificación de la exclusión de Cuba del listado de naciones “proterroristas”, ha sido recibido con esperanza en las familias y entre el pueblo trabajador en general.

Evidentemente, la burocracia restauracionista cubana intenta usar a los presos del 11J como moneda de cambio de sus negociaciones con el imperialismo yanqui. Pretende poner en un brete a Trump y hacerle pagar un costo en ambos casos, con la derecha gusana si ratifica la decisión de Biden, o debilitando la posición de la derecha dentro de Cuba frente al pueblo trabajador que espera la liberación de los presos.

¡Libertad sin condiciones a los presos del 11J!

La derecha gusana, condenando como “traidora” la medida del gobierno de Biden de la que puede depender el cumplimiento de la promesa del gobierno cubano, demuestra claramente que la libertad de los presos del 11J no es para ella un objetivo sincero, sino que depende de que las circunstancias en que se produzca la liberación le convengan o no políticamente.

Pero la hipocresía de la derecha no va a la zaga de la de la burocracia cubana. En abril de 2024, encabezada por nuestra compañera entonces diputada Romina Del Plá, una delegación de parlamentarios y dirigentes del FIT- Unidad se reunieron con el embajador cubano en Argentina, Pedro Prada, para reclamar la libertad de los presos del 11J. En esa oportunidad, Prada caracterizó a los presos de 11J como terroristas y contrarrevolucionarios. ¿El gobierno cubano ha decidido entonces liberar a más de 550 terroristas contrarrevolucionarios?

Evidentemente, esa caracterización no era más que una cobertura justificadora del intento de escarmentar al pueblo trabajador cubano, un pueblo cuya tradición revolucionaria es sin embargo más fuerte que la voluntad de la burocracia de liquidarla, y que no ha dejado de luchar a pesar de la represión y los castigos ejemplares a los manifestantes del 11J. El gobierno cubano debe liberar a los presos del 11J sin ninguna condición. De este toma y daca en curso alrededor de los presos políticos del 11J, el pueblo trabajador cubano debe extraer la lección de que sólo la construcción de organizaciones de lucha independientes puede abrir el camino hacia el poder de la clase trabajadora.

Por un reagrupamiento de internacionalistas contra la guerra imperialista

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