El gobierno catalán terminó reculando a la hora de consagrar la independencia. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, declaró la independencia pero, a renglón seguido, la dejó en suspenso en vistas a “emprender -según sus palabras- un diálogo para llegar a una solución acordada” con el Ejecutivo español. El pedido de una negociación ni siquiera plantea como condición previa el retiro de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que sigue acantonada en Cataluña. Esto despertó la decepción e indignación de una parte importante de los manifestantes que se congregaron frente al Parlamento.

 

El nacionalismo catalán arrugó frente a las amenazas del Estado español, la monarquía y la cúpula del Poder Judicial, que declaró ilegal el referéndum. Pero más que la represión y el accionar judicial, la Generalitat sucumbió ante lo que constituyó un “golpe de mercado”. Asistimos a un éxodo de las principales empresas que anunciaron que trasladaban su sede social fuera de Cataluña. Esta maniobra contó con la complicidad del gobierno español de Mariano Rajoy, quien modificó a tal efecto la normativa vigente.

 

La huida abarcó a las principales empresas, al punto tal que Cataluña se hubiera quedado sin ninguna empresa del Ibex 35, que reúne a las corporaciones líderes, después de que los consejos directivos de Colonial, Abertis y Cellnex decidieran trasladar sus sedes sociales, y Grifols abriera la puerta a hacerlo. Esto vino precedido por el éxodo de los bancos, que fueron los primeros en salir con los botines de punta. La cascada siguió en el sector financiero y asegurador con los cambios de domicilio de GVC Gaesco, MGS Seguros y Segur Caixa Adeslas. Y se extendió al sector industrial. 

 

La gran burguesía catalana envió un ultimátum al jefe de Estado catalán, advirtiéndole que la situación iba a empeorar si el gobierno no daba marcha atrás. Así se lo transmitió el presidente del Círculo de Economía, una de las principales cámaras patronales, quien le pidió que se retractara antes de la apertura de los mercados en el curso de esta semana.

 

Recule anunciado

 

Este recule ya podía anticiparse, si tenemos presentes las declaraciones de la coordinadora general del PDeCAT (Partido Demócrata de Cataluña), Marta Pascal, dirigente de la formación política que lidera Puigdemont, la misma noche del domingo en que tuvo lugar el referéndum, sugiriendo que la declaración de hoy sería “retórica”. El propio presidente de la Generalitat ya había instado a una mediación internacional. Las tendencias a un compromiso ya estaban presentes en gran parte del nacionalismo catalán. Otras formaciones políticas y figuras que integran la coalición de gobierno instaron a una salida negociada como Esquerra Republicana (ERC), y Artur Mas, ex presidente de la Generalitat.

 

Límites insalvables

 

Los episodios de Cataluña han puesto de relieve los límites del nacionalismo catalán, el cual recula cuando se venía de haberle infligido una gran derrota política al gobierno de Rajoy, con el referéndum y la multitudinaria movilización que se produjo en defensa del derecho a votar y pocos días después, con la huelga general.

El desafío que estaba planteado era darle continuidad y profundizar la movilización popular. La conspiración empresaria ponía en el orden del día la necesidad de intervenir los bancos para evitar la fuga de capitales, ocupar los lugares de trabajo, empezando por aquellos establecimientos y propiedades de la burguesía que defiende a la monarquía y al Estado español y salir al cruce e impedir el sabotaje y la extorsión económica. Esta línea de acción choca con la política de conciliación de clases en el campo nacional por parte de la burguesía catalana que apunta a regimentar y preservar bajo su tutela política al movimiento popular. No se nos puede escapar que la Generalitat que promovió el referéndum es un gobierno patronal y ajustador, que viene promoviendo severos recortes sociales y la precarización laboral en el Estado. Una incursión contra la propiedad capitalista no está en los cálculos de la burguesía nacionalista, pues sería un arma de doble filo que podría terminar volviéndose contra ella. Esto es lo que explica el empeño puesto en darle a la huelga del 3 un carácter policlasista, de “protesta cívica”, disolviendo las fronteras de clase.

 

Este desenlace ha dejado pedaleando en el aire al nacionalismo más radicalizado, empezando por los anticapitalistas de la CUP, cuya estrategia fue alentar un frente común con el gobierno catalán, al punto tal de otorgarle sus votos para que acceda al poder y aprobar el presupuesto propuesto por la Generalitat.

El gobierno de Rajoy planteó que, pese a la suspensión, la declaración de independencia sería inaceptable e insinuó que avanzaría en la aplicación del artículo 155, suspendiendo la autonomía de Cataluña y promoviendo su intervención. Sin embargo, más allá de mostrar los dientes, una salida de fuerza estaría reservada como un recurso último. No olvidemos que la represión al referéndum terminó volviéndose un búmeran contra el propio gobierno central, transformándose en un golpe político a su gestión.

 

La línea prevaleciente en el gran capital español e internacional es alentar un compromiso. Esto es lo que explica la exhortación de una parte de la dirigencia europea a buscar un “diálogo” y un entendimiento. Existe un temor fundado por parte de la burguesía española y mundial de que una fractura del Estado ibérico pueda disparar una crisis y corrida financiera de gran alcance, que ponga en peligro el rescate que se vienen realizando para evitar ese riesgo.

 

Pero una negociación, mediación mediante, en estas condiciones, será un capítulo más de la crisis antes que una solución. Las bases económicas y políticas para un arreglo son muy frágiles y minadas por la bancarrota capitalista mundial. El nacionalismo ha reclamado una mayor porción de los ingresos públicos y plantea una recaudación propia de impuestos, su propia política de subsidios, el manejo de los contratos de las obras públicas, la gestión de los servicios y mayor margen de relaciones internacionales; es decir, un cambio institucional que potencialmente derivaría, como se discute ahora, en un Estado autónomo. Esto choca con las necesidades del Estado español, que ha ido estos años al rescate de los bancos y de los grandes conglomerados empresarios en crisis, y para eso aplica un ajuste brutal contra los trabajadores y los Estados autónomos. El temor a una demolición político-financiera del Estado central es lo que explica este empantanamiento que se viene agravando en el tiempo.

 

La izquierda

 

Un párrafo especial lo merecen los partidos de izquierda. Sus principales exponentes, el PSOE y Podemos, han hecho causa común con el Estado español contra el derecho a la autodeterminación. Veteranos dirigentes del PSOE, como Felipe González o Alfonso Guerra, se han pronunciado por la aplicación del artículo155, o sea una intervención, si no hubiera más remedio. Además, el Partido Socialista de Cataluña (PSC) junto al PSOE, han llamado a movilizarse en la manifestación organizada por la derecha desde el búnker de Societat Civil Catalana, el PP y Ciudadanos, quienes realizaron la primera concentración en Barcelona en oposición a la autodeterminación catalana.

 

Podemos ha tratado de no quedar pegado a la derecha y ha organizado su propia manifestación, que fue convocada bajo la consigna “Parlem”(Hablemos).

 

En esta línea, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, planteó que “los resultados del 1° de octubre no pueden ser un aval para proclamar la independencia”, lo que significa no reconocer los resultados del referéndum que es lo que precisamente exige el gobierno de Rajoy (Infobae, 10/10). “Lo que ahora necesitamos -afirmó- son gestos de distensión de ambas partes. No necesitamos una escalada (de violencia) que no beneficia a nadie. Es la hora de tender puentes, no de dinamitarlos” (ídem).

 

Las negociaciones que seguramente se abran tienen un resultado incierto pero lo que sí es claro es que cualquier compromiso al que se arribe va a ir acompañado de una vuelta de tuerca en una política de austeridad y de ataque a la población laboriosa, en el que ambos gobiernos (el nacional y el catalán) coinciden y ya vienen ejecutando con despidos masivos, la implementación de una reforma laboral, jubilaciones y salarios mínimos de indigencia y rebajas salariales. La Generalitat intentará valerse de este cuadro para reforzar aún más una regimentación del movimiento popular y agitar la amenaza de una intervención para acallar cualquier reclamo y movilización independiente, exhibiéndolos como un factor de “desestabilización” que podría hacer naufragar las negociaciones y, por lo tanto, funcional a la derecha.

 

Independencia política

 

Esta situación pone al rojo vivo la cuestión de la independencia política de los trabajadores. La estrategia debe ser la denuncia de la tendencia al compromiso y a desnaturalizar el derecho a la autodeterminación y convertir esa reivindicación en una palanca para desarrollar una lucha de clases al interior de Cataluña y de España entera.

 

No se puede obviar que si el atropello a Cataluña prospera, será un golpe no sólo al pueblo catalán sino al conjunto de los trabajadores de España. Reforzará la capacidad de acción política y represiva del gobierno de Rajoy para profundizar el ajuste y doblegar los derechos y la resistencia de los trabajadores de todo el país.

 

La independencia política de los trabajadores significa romper las ataduras y el sometimiento de las centrales obreras con el Estado español y la monarquía. Así como las direcciones sindicales de la UGT y Comisiones Obreras se ubicaron de la vereda de enfrente con respecto a los derechos del pueblo catalán, de la misma manera, se vienen colocando respecto a las demandas obreras, dejando pasar el ataque que viene llevando adelante el gobierno central contra las conquistas de los trabajadores. La clase obrera catalana y española deben unirse en un solo bloque e infligir una derrota al gobierno represivo y ajustador, y enemigo principal de los derechos de los trabajadores y de la autonomía.

 

Defendemos el derecho a la autodeterminación nacional con un programa para poner fin a la monarquía española impuesta por el franquismo, por la República, y por la unidad del proletariado de todo el Estado español en la lucha contra el capital, los ajustes antiobreros y el conjunto del Estado capitalista. En oposición a la fragmentación de la clase obrera de las diferentes nacionalidades, planteamos la unidad de clase en todo el territorio español para luchar por una República Socialista Federativa.