Al menos 52 personas han muerto en Bangladesh luego de que se incendiara Hashem, una fábrica de bebidas y alimentos ubicada en Rupganj, ciudad industrial que se halla a 25 kilómetros de Dhaka, la capital del país asiático. Según la información divulgada por la agencia Reuters, el fuego se originó en la planta baja del edificio, el cual almacenaba productos químicos y materiales inflamables. Al intentar escapar de la fábrica, los trabajadores se encontraron con los accesos de las escaleras cerrados; lo mismo ocurrió con el escape principal; se trata de una práctica ilegal, que las patronales realizan de manera frecuente bajo la mirada cómplice del Estado.

Hasta el momento no se ha esclarecido el total de víctimas, aunque se informó que al menos 30 personas resultaron heridas, algunas de ellas como consecuencia de haber saltado por las ventanas para escapar del fuego, que se prolongó durante más de 24 horas; la otra parte del personal que ha intentado salvarse por esta vía ha fallecido. La mayoría de las víctimas mortales han sido mujeres y niños, este último factor ha puesto de relieve la situación que padecen millones de menores en Bangladesh. Los bomberos que protagonizaron el operativo pudieron rescatar a una veintena de personas, mientras que, por otro lado, según el director general del Servicio de Bomberos y Defensa Civil de Bangladesh (FSCD, por sus siglas en inglés), algunos de los cuerpos recuperados estaban tan quemados que su identificación solo será posible mediante pruebas de ADN (The New York Times, 9/7).

Mientras se realizaban los operativos de rescate, en las proximidades de la fábrica, cientos de familiares de trabajadores se enfrentaron a las fuerzas de seguridad lanzando piedras, lo que fue respondido por las segundas con gases lacrimógenos.

El ministro del Interior bangladesí, Asaduzzman Khan, ha dicho que entre las personas detenidas se encuentran Abul Hashem (director general de Sajeeb Group, que es propietario de la fábrica) y sus cuatro hijos (La Nación, 11/7). A la vez, han quedado bajo disposición policial el director de operaciones de Sajeeb Group, el subdirector general de Hashem Foods, y su ingeniero civil y oficial administrativo.

El Sindicato de Bangladesh Sangha (BTUS) ha emitido un comunicado en el que reclama una indemnización para los afectados; la asociación de trabajadores Bangladesh Legal Aid and Services Trust (BLAST) también exigió compensaciones económicas para los trabajadores heridos, así como para las familias de aquellos que han fallecido, y exhortó al gobierno a que haga cumplir los protocolos de seguridad en los lugares de trabajo. El gobierno viene de anunciar indemnizaciones para las familias afectadas, aunque son cifras irrisorias.

Las burocracias sindicales reaccionan como si se tratase de episodios fortuitos y no del resultado de una política deliberada de la clase capitalista que consiste en llevar la explotación de la fuerza de trabajo a niveles extremos, y, asimismo, pretenden conseguir mejoras para la clase obrera sin organizar ningún tipo de acción de lucha; una entelequia. Bangladesh, así como también sus países vecinos (Tailandia, India, Vietnam, etcétera), han sido convertidos por sus gobiernos en nichos donde el capital internacional (con mucha presencia en el sector textil) obtiene ganancias espectaculares sobre la base de salarios bajísimos y condiciones laborales penosas.

Es por esto que en Bangladesh los incendios son muy frecuentes. En 2012, alrededor de 117 trabajadores murieron como producto de uno en la planta de confección Tazreen, donde las ventanas de la fábrica estaban cubiertas por rejas de hierro y las salidas se hallaban cerradas. En abril de 2013, el taller de confección Rana Plaza (su dueño era un dirigente político de la gobernante Liga Awami) se derrumbó y produjo la muerte de 1.138 obreros, lo que desató piquetes y movilizaciones que conmocionaron las calles de Dhaka. Por otra parte, en febrero de 2019, más de 60 personas fallecieron cuando en la capital, un edificio que almacenaba ilegalmente productos químicos ardió en llamas. Según las estadísticas del FSCD, en 2020 han ocurrido 383 incendios industriales, 273 de estos en fábricas de ropa, y entre 2012 y 2019, los siniestros en la industria de la confección terminaron con la vida de más de 1.300 trabajadores e hirieron a otros 3.800.

Las autoridades gubernamentales han montado un operativo distraccionista, no solo a través del otorgamiento de míseras indemnizaciones, sino también con la formación de un comité de investigación, cuyo objetivo es “dilucidar” lo que hubo detrás de este último crimen. Este tipo de investigaciones, lejos de revestir un carácter independiente, vienen siendo un escenario en el que las empresas y los gobiernos quedan absueltos de toda responsabilidad. El gobierno de la Liga Awami y el opositor Partido Nacionalista de Bangladesh, los cuales se vienen alternando en el poder desde la década de 1990, han asegurado al capital las condiciones necesarias para desarrollar una explotación brutal de la clase obrera, que ha devenido en estas verdaderas masacres, en tanto que el modus operandi de las patronales no ha cambiado un ápice.

Es necesario que los trabajadores bangladesíes irrumpan en el escenario político con una intervención independiente.