Aunque el martes pasado, un paro de 24 horas de los transportistas fue acompañado de una manifestación de 80.000 personas en La Paz, la huelga general va perdiendo fuerza como consecuencia de los acuerdos espurios que ha ido estableciendo la burocracia del sindicato de los petroleros con el gobierno. La huelga general había sido decretada para enfrentar el intento de privatizar YPFB, la empresa de ferrocarriles y la previsión social, y para reclamar un aumento salarial superior al 25 por ciento. El centro estratégico de la huelga eran, precisamente, los petroleros, ya que de ellos dependía el funcionamiento del país y la viabilidad de la privatización. La burguesía boliviana apoya la entrega de la empresa de petróleo a los norteamericanos, para obtener el financiamiento que permita la construcción del gasoducto a Brasil.

El acuerdo al que en principio habría llegado la burocracia de la Federación Petrolera con el gobierno, excluiría de la privatización a algunas refinerías, plantas de almacenaje y la comercialización interna. Mientras el acuerdo se encontraba en discusión, la Federación se había comprometido a asegurar el abastecimiento de carburante, lo que significó un duro golpe a la huelga general, y a no incrementar el número de los piquetes en huelga de hambre.

También la dirección de la Central Obrera se encuentra en negociaciones con el gobierno. Según lo denunció el sindicato de los maestros, la burocracia de la COB ya habría aceptado el marco general de la privatización de YPFB, con el pretexto de la necesidad de financiar la construcción del gasoducto a Brasil. Mientras tanto, algunos ayunadores han ingresado en estado de pre-coma, en una terrible señal de la impasse política en la que se encuentran las masas del Altiplano.