El pasado 20 de Marzo, el presidente Tabaré Vázquez emitió un decreto ‘anti piquete’, que da vía libre a la policía para reprimir –sin orden judicial alguna– cualquier movilización, corte de calle o de ruta que obstaculice el tránsito, e incluso de apelar al Ejército.

 

El decreto supera por mucho ‘el protocolo anti-piquetes’ de Mauricio Macri –en forma y fondo. Uno de sus antecesores, el colorado Julio María Sanguinetti había emitido, en 1999, un decreto prácticamente idéntico. No opina lo mismo la burocracia del PIT-CNT, para la cual la mención del decreto al artículo 57 de la Constitución ratifica el derecho de huelga, y ampara a los trabajadores organizados. Dos días más tarde, la policía detenía a dos sindicalistas del transporte de carga que se encontraban realizando una asamblea en una ruta. El derecho de huelga sigue preservado pero en la intimidad.

 

El Partido Comunista defendió el decreto porque serviría para terminar con los piquetes de los empresarios del transporte de carga, que se encuentran en conflicto con los exportadores por el precio de los fletes. El PC toma partido por los monopolios de exportación, en respaldo del gobierno que laudó contra la patronal de camiones. Sin embargo, los cortes de las patronales del transporte no han sido dispersados.

 

Las posiciones que han tomado el partido comunista y el PIT-CNT indican que oficiaran de ejecutores del decreto dentro del movimiento obrero. Precisamente, la dirección del PIT-CNT y algunas cámaras empresariales han acordado un protocolo para los casos de ocupaciones de los lugares de trabajo. La prohibición de los piquetes afecta hasta los espacios cubiertos.

 

El decreto de Vázquez llega en un contexto de impasse de la economía. En los próximos meses el FA debe aprobar el presupuesto estatal y un nuevo recorte del gasto social para afrontar los abultados pagos de intereses de deuda externa. Con el decreto, el gobierno se adelanta a la reacción popular hacia su política. En una América Latina convulsionada por autogolpes, golpes y contragolpes, como sucede en Venezuela, Paraguay o Brasil, el gobierno frenteamplista se quiere curar en salud. El gobierno de la izquierda nacional, popular y socialista impulsa, como es conocido, la aplicación de “la carta democrática a Venezuela”. Sin embargo, el decreto de militarización contra los trabajadores, ¿no lo convierte a Vázquez en violador de la democracia?

 

La represión desatada contra el sindicato del trasporte llevó a 11 sindicatos de la lista 41, principalmente (que agrupa a sindicatos estatales), y a la 5 de Marzo (una ruptura de Articulación) a presentar un recurso de revocación del decreto, denunciando que recorta las libertades colectivas e individuales, de expresión y movilización sindical. Los sindicatos de la educación y los gremios estudiantiles han convocado al movimiento obrero a movilizarse el próximo jueves 6, contra el decreto antipiquetes.

 

El Partido de los Trabajadores se encuentra en una intensa campaña para quebrar el decreto represivo del gobierno progresista, popular y nacional.