Ningún demócrata puede menos que sostener totalmente el reclamo de libertad de los presos políticos que formulan los guerrilleros del MRTA que ocupan la embajada japonesa en Lima.

Los presos políticos peruanos son las víctimas de un régimen terrorista. Fueron ‘condenados’ por jueces militares que actuaban encapuchados, en procesos secretos sumarísimos, sustanciados en base a ‘leyes de excepción’, a acusaciones formuladas por la inteligencia militar, con confesiones obtenidas bajo torturas y sin acceso a ninguna defensa por parte de los acusados. En esta parodia de ‘justicia’, los acusados ya están condenados antes de ser juzgados.

Las condiciones a que están sometidos en las llamadas ‘cárceles-tumba’ son espantosamente inhumanas. Las celdas son cubículos de concreto de 5 metros cuadrados, en los cuales los detenidos no tienen luz artificial, no pueden leer y no tienen acceso a la radio o a la TV. Muchas de estas celdas, las destinadas a presos ‘peligrosos’, están construidas bajo tierra. Después de pasar el primer año de detención en completo aislamiento —es decir, sin ver a ninguna persona durante ese lapso—, se les permite un paseo diario de media hora, sin contacto con ningún otro preso. Las restantes horas del día permanecen encerrados en sus celdas, sin contacto ni siquiera con los carceleros (los alimentos les son entregados mediante un sistema que les impide verlos). Las únicas visitas permitidas (después de cumplido el primer año de aislamiento total) son las de los familiares: una vez por mes y sin que se autorice el menor contacto físico. No están permitidas las visitas de sus abogados. La provisión de agua diaria, para todas las necesidades, es de apenas cuatro litros.

Tres días antes de la toma de la embajada, los presos del MRTA habían iniciado una huelga de hambre para protestar contra estas bárbaras condiciones de detención. Varios de sus familiares han denunciado la posibilidad de que sean ejecutados como consecuencia de la toma de la embajada.

Estas son las condiciones a que están sometidos los presos políticos en un régimen que ha liquidado las libertades democráticas y que ha cometido un sinfín de masacres contra los campesinos. Poco antes de la ocupación de la embajada, el régimen de Fujimori fue sacudido por las denuncias de uno de sus propios generales —Rodolfo Robles— acerca de las masacres perpetradas por las fuerzas represivas durante la ‘guerra sucia’. La conmoción creada por estas denuncias —que venían a confirmar centenares de denuncias de organismos de defensa de los derechos humanos de Perú y del extranjero— no le impidieron a Fujimori indultar a los integrantes del llamado ‘comando Colina’, un grupo paramilitar responsable reconocido de matanzas comprobadas.

Las condiciones a que están sometidos los presos políticos peruanos no están dictadas por razones de ‘seguridad’ o ‘militares’, desde el momento en que el propio gobierno ha afirmado reiteradamente que los grupos guerrilleros están ‘en vías de extinción’. Se trata de una venganza de la burguesía peruana y el imperialismo, que pretenden quebrar física, síquica y moralmente a los militantes que —cualquiera fuera su orientación política— se levantaron contra la explotación y la opresión de las masas populares de Perú. Es por este motivo que —con completa independencia de nuestras críticas a las posiciones políticas del MRTA— respaldamos su reclamo de inmediata libertad a los presos políticos peruanos.