Ni siquiera el gobierno norteamericano desconoce que las avionetas derribadas por un caza cubano, sobrevolaban el espacio aéreo de Cuba.  El diario de los grandes capitalistas, The Wall Street Journal, informó que “No cabe duda que Hermanos del Rescate, grupo de exiliados propietario de los aviones derribados, había provocado a Castro. Dos veces este año, el grupo sobrevoló la capital cubana y lanzó volantes anticastristas. Y por lo menos uno de los aviones del grupo de tres que fue atacado penetró en el espacio aéreo cubano, dicen funcionarios gubernamentales” (27/2).

Esta incontrovertible admisión de responsabilidades da crédito a las afirmaciones de Ricardo Alarcón, presidente de la Asamblea Nacional de Cuba, de que “las dos avionetas estadounidenses que fueron derribadas por un Mig-29 estaban sobre su espacio territorial y que Estados Unidos sabía de esto” (Página 12, 27/2).

La ayuda humanitaria a los balseros que alegan como pretexto los merodeadores del espacio cubano, también delata  su finalidad provocadora, debido a que existe un acuerdo de emigración legal hacia los Estados Unidos, que fue firmado hace un año, para poner fin a la salida clandestina de quienes quieren abandonar la isla.

La cuestión política que plantea el incidente es, sin embargo, por qué el gobierno de Cuba no recurrió a medidas “no letales” contra las avionetas, sabiendo que su derribamiento entrañaría represalias norteamericanas. Por otro lado, por qué el gobierno de Clinton decidió cancelar medidas económicas que había tomado para impulsar la penetración capitalista en Cuba, cuando sabe perfectamente que los cubanos actuaron conforme a derecho.

Todo parece indicar que Fidel Castro tomó la decisión más drástica de las que disponía en función de contrarrestrar una presión creciente de Estados Unidos y de la Unión Europea para proceder a una ‘democratización’ política. El gobierno cubano sigue en este asunto la línea del chino, que consiste en alentar la restauración capitalista sin permitir la menor alteración en su monopolio del poder o el menor cambio en su régimen político. Pocas horas antes de este incidente, las fuerzas de seguridad de Cuba desmantelaron una reunión prevista por un frente de organizaciones disidentes, Concilio Cubano, arrestando a numerosas personas que tenían la intención de participar. Una portavoz del ministerio de relaciones exteriores de Cuba acusó a los Estados Unidos de “apoyar y financiar al movimiento disidente”. Financial Times (24/2), que da la noticia, agrega que “la Unión Europea ha urgido al presidente Fidel Castro a considerar la reforma política del sistema comunista cubano como parte de las conversaciones previstas para un futuro acuerdo de cooperación entre Europa y Cuba”. La Unión Europea ha juzgado irrelevante que el derribamiento haya ocurrido en aguas cubanas, pues lo condena “independientemente de las circunstancias” (La Nación, 27/2).

La medida del acercamiento entre Estados Unidos y Cuba en los últimos tiempos, como consecuencia de la presión que ejercen los grandes capitales internacionales y norteamericanos, lo ofrece la cifra de 800 millones de dólares anuales en que han sido evaluadas las transferencias que recibe la isla por diferentes conceptos. Estos importes, sin embargo, están muy lejos de compensar los perjuicios que el bloqueo yanqui le causa a la economía cubana.

Lo ocurrido el fin de semana pasado ha sacado a luz una dura negociación internacional en torno a Cuba y servirá como ocasión para replanteos que en ningún caso cuestionarán la decisión estratégica de reconvertir a Cuba en una arena de acumulación del capitalismo mundial. Es  natural que el gobierno de Cuba considere a la incursión de las avionetas como una provocación, cuando una reciente ley cubana autoriza a los exiliados a participar de los procesos de privatización y a viajar libremente a la isla, además de otorgarles garantías impecables en lo relativo a la propiedad privada. Un importante sector del imperialismo norteamericano comparte con Castro la tesis de que la penetración capitalista no debe ir acompañada de la llamada ‘democratización’ política; el año pasado el Pentágono emitió un documento en el que señala que la permanencia del régimen actual es la única garantía de una ‘transición pacífica’ en Cuba.