Ya son cinco los informadores críticos asesinados en el país centroamericano tras la toma de posesión de Porfirio Lobo

La organización internacional para la defensa de la libertad de expresión ARTICLE 19 denunció este lunes su preocupación por el asesinato de dos periodistas, ocurrido en Honduras el pasado viernes 26 de marzo. La muerte violenta de periodistas en este país centroamericano ha causado la repulsa mundial.

Los periodistas José Bayardo Mairena y Manuel Jesús Juárez fueron asaltados y acribillados a balazos cuando viajaban en un vehículo por la carretera que une Juticalpa con Catacamas, en el Departamento de Olancho, a unos 200 kilómetros al este de Tegucigalpa, según datos oficiales.

También se informó que en la escena del crimen las autoridades encontraron casquillos de bala de diferentes calibres y confirmaron que los dos cadáveres tenían al menos 13 impactos de bala cada uno.

José Bayardo Mairena era un conocido locutor de radio y televisión, con más de veinte años de trayectoria. Opositor al Golpe de Estado que se produjo en julio de 2009, Bayardo Mairena fue uno de los primeros periodistas “en romper el monopolio informativo” impuesto tras la proclamación de Roberto Micheletti como presidente de facto en Honduras, según el comunicado de ARTICLE 19.

Mairena era popular gracias al noticiero “Esto es Olancho”, que se transmitía en el canal 4RZ, Televisión Excelsior.

Manuel Jesús Juárez se desempeñaba como era asistente de Mairena desde hace varios años.

Estos dos periodistas asesinados se unen a otros tres comunicadores ultimados, todos ellos críticos con el nuevo gobierno de Porfirio Lobo y antes también críticos al Golpe de Estado del año pasado en contra del presidente constitucional, Manuel Zelaya.

Según el comunicado de ARTICLE 19, todos estos asesinatos se han producido en “parecidas circunstancias y con métodos similares”. Su directora, Agnes Callamard, opinó que esta sucesión de actos “apunta a un patrón sistemático de represión, el cual tiene como objetivo infundir temor a aquellos que sean críticos con el gobierno u otros actores poderosos”.

ARTICLE 19 también denunció que en Honduras persiste un contexto de amenaza y violencia contra la prensa y de acoso constante a los activistas de derechos humanos y líderes sociales.

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Las mismas estructuras

El director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA), Benjamín Cuéllar -que también es miembro del Observatorio Internacional sobre la Situación de los Derechos Humanos en Honduras (OISDHHN), creada a raíz del golpe de Estado- denunció que se siguen manteniendo las mismas estructuras que perpetraron la asonada contra Manuel Zelaya.

De hecho -denunció Cuéllar- se han dado puestos en la actual administración del Estado a los que directamente fueron responsables del golpe, por ejemplo al general Romeo Vásquez, quien materializó la conspiración que depuso a Zelaya.

“Estas estructuras, en las que se incluye al narcotráfico y al crimen organizado” son para el director del IDHUCA las responsables de que la situación de represión no sólo se mantenga, sino que se agrave.

Cuéllar es crítico del reconocimiento diplomático de una parte de la comunidad internacional y del apoyo que los gobernantes de Guatemala y El Salvador han dado a Porfirio Lobo.

“Hay que darle importancia a la legitimidad que le están dando otros gobiernos, empezando por el de Estados Unidos. Eso pone en una situación de vulnerabilidad a los periodistas hondureños”, comentó Cuéllar.

Por ello, Cuéllar afirmó que los gobernantes de Guatemala y El Salvador deberían hacer más presión sobre el gobierno de Lobo para que se detenga la represión.

“Es más difícil trabajar [como observador de derechos humanos] cuando otros gobiernos aparentemente democráticos le dan la bendición [a Porfirio Lobo]. Es liberarle de presión; una presión que debería ser mayor, dados los acontecimientos que estamos viendo”, consideró Cuéllar.

El gobierno de Porfirio Lobo aprobó una Ley de Amnistía el pasado mes de enero, poco después de tomar posesión,que entró en vigor a finales de febrero.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación por la aprobación de dicho decreto. Según el organismo interamericano, se trata de un texto ambiguo y confuso que no deja claro ni siquiera los delitos políticos o las violaciones a los derechos humanos a los que se refiere.

La CIDH ha instado a las autoridades hondureñas a revisar el decreto, tomando en cuenta las obligaciones del Estado a la luz de los tratados internacionales, en especial la obligación de investigar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos.