“La economía está en peligro”: palabras más, palabras menos, éstos son tos términos coincidentes con que la prensa internacional se viene refiriendo en los últimos meses a la situación chi­na. El “milagro chino” ha sido puesto en jaque por el crecimiento descontrolado del déficit fiscal (un 50% superior al del año pasado), de la infla­ción (la más alta desde Tien An Men), el aumento del déficit comercial y el creci­miento sin límites de la especulación inmobiliaria.

El crecimiento del déficit fiscal no es, sin embargo, un problema meramente “económico”. El gobierno central ha perdido a manos de las burocracias lo­cales y de las empresas —entrelazadas con tos inversores externos— la capaci­dad de ejecutar el presupuesto. “Las treinta provincias chinas, ignoran el plan de estabilización del PCCH, mientras las industrias del Estado lo resisten abiertamente” (El Cronista, 21/3). La debilidad del poder nacional frente a las provincias ha transformado al país, según El Cronista (21/3), en una “federación de facto”.

Como consecuencia del crecimiento del déficit, se pronostica una contracción del crédito “con sus inevitables con­secuencias desastrosas para los nuevos engordados empresarios del partido”, un aumento todavía mayor de la inflación y una “crisis del sistema de subsidios” (El Cronista, 14/3).Esto obligará a las empresas estatales a “desprenderse de 30 millones de tra­bajadores para alcanzar un mínimo de productividad que las justifique económicamente” (El Cronista, 21/3).

La combinación de inflación y des­empleo urbano es explosiva para el régi­men burocrático. “La insatisfacción de los trabajadores de las industrias del Estado es una realidad cotidiana, hondamente enraizada en las ciuda­des” (El Cronista, 21/3). Es que como consecuencia de la inflación en aumen­to, “un creciente número de empre­sas estatales se ha visto forzada a despedir trabajadores o pagar sala­rios reducidos a causa de su rees­tructuración. Algunas empresas in­cluso se han visto obligadas a pagar sus salarios en bienes en lugar de dinero. En los últimos dos años, los diarios chinos han estado repletos de reportes de trabajadores desconten­tos que atacaban a sus jefes” (Was­hington Post, 11/3).

En lo que parece ser el surgimiento de un nuevo activismo obrero, ha nacido una “Asociación para la protección de los derechos laborales” que reivindica abiertamente el derecho de huelga. El Cronista (21/3) informa que “en China hay un nuevo grupo de disidentes que carece de lazos con el movimien­to estudiantil aplastado en 1989 pero con raíces entre los trabajadores in­dustriales, cada vez más críticos y movilizados por la perspectiva del desempleo, la competencia de una gigantesca migración de 150 millo­nes de campesinos y una inflación de dos dígitos que deteriora sus salarios reales”.

En este cuadro convulsivo, el mayor peligro que enfrenta la burocracia es “la posibilidad de que surja en China un movimiento obrero independiente del PCCH —una Solidaridad china— en el momento en que se agudizan los conflictos con las 144.000 empresas estatales” (ídem). La “respuesta" que da el régimen a este “peligro” es el fortalecimiento de tos aparatos represi­vos: en el presupuesto de este año, que se caracteriza por sus intentos de “austeridad”, las Fuerzas Armadas han logrado obtener un sustancial au­mento de las partidas presupuestarias para su “modernización”.

En cada uno de sus últimos docu­mentos oficiales y presentaciones públi­cas, tos burócratas de Pekín exigen a sus subordinados “disciplina”, “con­trol de los precios”, “freno a la espe­culación”: “Esto no es ideología. Es desesperación” —afirma el In­ternational Herald Tribune—porque “el hecho llano es que la estabilidad de China está amenazada”.